Sindicato de Tanzania combate la violencia de género en las fábricas textiles y de confección

Durante la visita, los trabajadores comunicaron al sindicato que los supervisores estaban acosando sexualmente a las empleadas jóvenes, lo que generaba condiciones estresantes que afectaban el desempeño. Para poner fin a la situación, TUICO organizó una conferencia de cinco días, del 22 al 26 de julio, en Sunflag, Arusha, para generar conciencia entre los trabajadores sobre cómo poner fin al acoso y la violencia de género en las fábricas.

La conferencia contó con la participación de 101 personas, 53 de ellas mujeres. El programa de capacitación hizo hincapié en que los derechos de los trabajadores están protegidos por las leyes y normas nacionales e internacionales en materia laboral. Estos derechos incluyen el de la protección de la maternidad, que ha sido uno de los más violados ya que a muchas trabajadoras se les niega la licencia por maternidad.

En los debates se hizo énfasis en la importancia del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una de las herramientas para combatir estas problemáticas. Durante el taller y los trabajos en grupo, los participantes definieron las distintas formas de acoso, que incluyen el lenguaje inapropiado, la discriminación de género, las amenazas y las bromas inapropiadas. Por otro lado, el C190 y la Recomendación 206 ampliaron lo que se considera por “el mundo del trabajo” para incluir a los hoteles donde se llevan a cabo reuniones, los vestuarios en los lugares de trabajo, los lugares de capacitación, los mercados y los traslados hacia el trabajo.

El TUICO está haciendo campaña a favor de la ratificación del C190 por parte de Tanzania. En África Subsahariana, el convenio ha sido ratificado por Namibia, Mauricio y Somalia.

El TUICO afirma que ha establecido mecanismos para denunciar la violencia de género que incluyen alentar a los trabajadores afectados a informar a sus colegas, denunciar en la oficina del sindicato en el lugar de trabajo, iniciar investigaciones a través de la oficina de género, denunciar a la policía y llevar el asunto a los tribunales o a mediación.

“Hablar con los trabajadores sobre el acoso sexual y la violencia de género es poderoso. Esperamos que se generen grandes cambios en esta fábrica para que se resuelvan los reclamos de los trabajadores. El sindicato centró su atención en esta fábrica después de recibir denuncias de abusos. Nos reunimos con trabajadores, capataces, supervisores y jefes de unidades y departamentos de Sunflag”,

expresó María Bange, jefa del departamento de la mujer, discapacidad, salud y seguridad laboral y medioambiente del TUICO.

Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, declaró:

“Sensibilizar a los trabajadores para reclamar el cumplimiento de sus derechos y exigir lugares de trabajo libres de violencia de género es fundamental especialmente en las fábricas de confección, donde el acoso sexual es moneda corriente. IndustriALL apoyará al TUICO para extender las campañas de capacitación y concientización a otros sectores manufactureros”.

La conferencia se llevó a cabo con el apoyo de la oficina regional de IndustriALL para África Subsahariana y el proyecto NITO. NITO es una organización sindical noruega para ingenieros y técnicos que apoya a los afiliados de IndustriALL de Tanzania a través de un proyecto de sindicalización que fomenta las iniciativas en materia de género, juventud y fortalecimiento sindical.

General Motors India despide ilegalmente a 1086 trabajadores

Los trabajadores de General Motors India que se negaron a aceptar la oferta del PSV impuesto por la empresa son representados por el Sindicato de Empleados de General Motors India, que forma parte de Shramik Ekta Mahasangh (SEM), afiliado a IndustriALL Global Union. 

Anteriormente, la empresa había definido el 4 de julio como fecha límite para aceptar el PSV, y aproximadamente el 30 por ciento del personal accedió a este plan. Los miembros del sindicato informaron que, en su mayor parte, los que aceptaron la oferta del PSV fueron los trabajadores que se habían transferido a la planta de Pune luego del cierre de la planta Halol de GM en Gujarat, en 2017. El 12 de julio, la empresa despidió a 1086 trabajadores que no aceptaron el PSV y les pagaron de manera ilícita una pequeña indemnización, directamente en sus cuentas bancarias, que calificaron de total y definitiva. Esta medida fue ilegal, ya que no se solicitó ningún permiso previo al gobierno estatal como lo exige la ley india.

El 15 de julio, el sindicato impugnó la decisión de la empresa ante el Tribunal Laboral de Maharashtra y solicitó que se emitiera una orden de suspensión para la reducción de personal y la venta de la fábrica. Al día siguiente, el tribunal celebró una audiencia urgente y la dirección se comprometió a no continuar con el proceso de venta hasta el 3 de agosto, momento en el que presentará una respuesta formal. La dirección de GM ha detenido la producción en la planta de Pune desde diciembre de 2020.

Dilip Pawar, presidente del SEM, expresó:

“Los trabajadores de GM en la India se enfrentan a una situación muy difícil debido a la reducción ilegal de personal realizada con la intención de obligar a los trabajadores a aceptar una indemnización más baja. Hemos estado exigiendo a la dirección de General Motors que proporcione una indemnización adecuada por el despido o que mantenga los puestos de trabajo con el posible comprador de esta planta. Estos trabajadores pasaron la mayor parte de su vida laboral en esta empresa y exigen una resolución digna. Los trabajadores de GM India buscarán todos los medios legales para obtener justicia”.

Apoorva Kaiwar, la secretaria regional de IndustriALL para el sur de Asia, declaró:

“El conflicto laboral en curso en la planta de General Motors en Talegaon es muy preocupante. Se deberían haber discutido estos problemas con el sindicato antes de tomar cualquier medida de este tipo. Estas decisiones unilaterales van en contra de los principios establecidos en materia de relaciones laborales y la dirección debe encontrar una solución aceptable para ambas partes en consulta con los sindicatos”.

Creciente precariedad y crisis de relaciones laborales en la industria automotriz india

Durante la reunión se evaluó la transformación tecnológica en la industria automotriz y el impacto de la pandemia de COVID-19 en los derechos laborales. El sector automotor indio sufrió un golpe por partida doble, ya que el pobre crecimiento económico ya estaba afectando las ventas de la industria antes del fuerte aumento de los casos de COVID-19, cuando la segunda ola azotó al país en abril y mayo de 2021. Si bien los gobiernos provinciales respetaron el confinamiento general, muchos fabricantes pudieron continuar sus actividades y los proveedores de primer nivel siguieron operando sus fábricas.

Seguir trabajando regularmente en las plantas de automóviles puso en peligro la vida de los trabajadores, y muchos se contagiaron. Los trabajadores organizaron manifestaciones en varias plantas automotrices para pedir cierres y mejorar las medidas de seguridad contra la COVID-19 en el área de producción. Muchas empresas utilizaron la pandemia como excusa para negar los aumentos salariales acordados en el convenio colectivo. A su vez, algunas empresas redujeron los salarios de los empleados, alegando haber sufrido pérdidas económicas.

Una gran cantidad de trabajadores subcontratados, aprendices y personas en formación fueron relevados del trabajo y no se les pagó su salario durante los días en que las empresas cerraron debido a la pandemia. Muchos perdieron sus empleos y tuvieron que volver a sus ciudades de origen. Cuando las empresas reanudaron sus actividades después del cierre, despidieron a los empleados subcontratados que habían trabajado en la empresa durante mucho tiempo y subcontrataron a personas nuevas, más jóvenes y con peores salarios. En las industrias automotrices, se aprovecha la Misión Nacional de Mejora de la Empleabilidad (NEEM) pretexto para utilizar a los estudiantes como mano de obra barata. En todo el país, las empresas de este sector casi han dejado de contratar empleados permanentes. 

Georg Leutert, director del sector automotor de IndustriALL, expresó:

“La transformación tecnológica de la industria automotriz hacia la construcción de vehículos conectados, autónomos y que funcionan con baterías libres de emisiones está ocurriendo rápidamente a nivel mundial. Las tendencias sugieren que los empleos de los trabajadores del sector se verán amenazados en un futuro cercano. La pandemia parece haber acelerado este proceso, lo que ha tenido repercusiones en materia de derechos laborales. Es importante que los sindicatos se preparen para esta transición, consoliden la solidaridad internacional y fortalezcan el poder sindical para defender los derechos de los trabajadores”.

Apoorva Kaiwar, la secretaria regional de IndustriALL para el sur de Asia, declaró:

“Durante la pandemia, la salud y la seguridad se han convertido en un área clave de preocupación para los sindicatos de la industria automotriz en la India. Se deben seguir los procedimientos operativos estándar apropiados con respecto a la COVID para proteger a los trabajadores. La desaceleración económica ya ha afectado profundamente a la industria. El gobierno y los empleadores deben asegurarse de que los impactos negativos de la economía y la pandemia no se utilicen como excusa para pisotear los derechos de los trabajadores. Los sindicatos deben trabajar juntos y desarrollar estrategias colectivas”.

La reunión contó con la participación de representantes sindicales afiliados a IndustriALL de Bosch, TATA Motors, Ashok Leyland, Tenneco, SEG y otros proveedores automotores de primer nivel. 

Imagen: Fábrica de Tata Nano. CC El Auto Perfecto

La huelga de los mineros de Myanmar perjudica los ingresos militares

La lucha de los mineros ha afectado las exportaciones de cobre de Myanmar. En febrero, las exportaciones de este mineral a China cayeron un 55 por ciento respecto al año anterior. Mientras que, en marzo, aumentaron un 37,6 por ciento. Se cree que la empresa minera multinacional de propiedad china Wanbao Mining Copper decidió vender su stock.

Los mineros en huelga, que están afiliados a IndustriALL Global Union a través de la Federación de Trabajadores Mineros de Myanmar (MWFM), trabajan en Wanbao Mining Copper, Myanmar Yang Tse Copper, Sinohydro Power China y Pay Pauk Aukshin.

Tanto Wanbao Mining Copper como Myanmar Yang Tse tienen un acuerdo de participación en los ingresos con Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), de propiedad militar. El Departamento de Estado de EE. UU. ha incluido recientemente a las dos empresas en su lista de sancionados.

Las dos empresas forman parte de la enorme red de conglomerados china North Industries Group Corporation (NORINCO), fabricante estatal de equipos militares para el Ejército Popular de Liberación.

Maung Maung, presidente de la Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM) expresó:

“La huelga ha suspendido efectivamente parte de los ingresos del régimen militar. Insto a la comunidad internacional a apoyar la lucha de estos 4800 valientes mineros. Su resistencia depende en gran medida de una solidaridad internacional unánime”.

Valter Sanches, secretario general de IndustriALL, declaró:

“Esta huelga de larga duración demuestra que los mineros, representados por MWFM, no permitirán que el gobierno militar ilegítimo utilice los ingresos de las exportaciones de minerales para reprimir al pueblo que lleva a cabo el movimiento de desobediencia civil. Elogiamos la valentía de los compañeros y compañeras de MWFM y continuaremos movilizando la solidaridad internacional hasta que el pueblo birmano restaure la democracia en el país”.

El general militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, dio un golpe de Estado el 1 de febrero, que desató una fuerte ola de desobediencia civil en el país del sudeste asiático. Los militares reprimieron sin piedad el movimiento, y mataron a 931 personas, entre ellas Chan Myae Kyaw, miembro de MWFM.

IndustriALL ha pedido a marcas y empresas multinacionales que garanticen el respeto de los derechos humanos y laborales en sus cadenas de suministro en Myanmar, y ha movilizado a sus miembros para que contribuyan a un fondo de huelga mundial, así como colaborado con otras federaciones sindicales para impugnar la legitimidad del régimen militar ante la Organización Internacional del Trabajo.

El movimiento sindical de Myanmar reclama sanciones económicas integrales y un boicot del país para privar al régimen de recursos.

El pueblo colombiano presenta proyectos de ley para enfrentar la crisis social

A un mes de la última gran manifestación, el pueblo de Colombia volvió a las calles para protestar contra el Gobierno de Iván Duque. La fecha elegida fue el 20 de julio, día la independencia del país. El Comité nacional del paro, compuesto por organizaciones sociales y sindicales (muchas afiliadas a IndustriALL Global Union), aseguró que el gobierno no quiso discutir sus propuestas para enfrentar la crisis social.

Por dicho motivo, el Comité convocó a nuevas protestas y decidió presentar 10 proyectos de ley ante el Congreso de la República para su discusión y aprobación. En su conjunto, constituyen un programa social de emergencia que incluye diversas propuestas. Entre otras: una renta básica, apoyo para la generación de empleo, acciones para luchar contra la violencia basada en el género, garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y la reforma a la Policía Nacional.

Para financiar este programa social, buscan alcanzar un acuerdo alrededor de una reforma tributaria progresiva. Con este programa aspiran a cumplir lo que millones de colombianos reclaman en las calles: un cambio radical en el enfoque y el alcance de las políticas sociales, que garantice la salud, ingresos, empleo, educación y derechos.

“Con estos 10 proyectos de ley queremos concentrar el debate en medidas muy específicas, necesarias e inmediatas que permitan aliviar la difícil situación que están padeciendo millones de colombianos y colombianas.

Esperamos que los congresistas de todos los partidos políticos se dispongan a darle prioridad a estos temas, que permitan un amplio e incluyente debate, que no le hagan trampa al trámite, y sobre todo que escuchen, que vean y se conecten con un país que reclama cambios”

dijo el Comité en un comunicado oficial.

Recientemente, el Comité también agradeció públicamente el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con 41 recomendaciones para que las instituciones del Estado brinden garantías para ejercer el derecho a la protesta pacífica en Colombia.

Además, el informe condenó el alto número de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el marco del Paro Nacional, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, y reconoció que las acciones y reclamos del Comité son legítimos. Finalmente, llamó a un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas de la población, con el máximo respeto a los derechos humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Nos solidarizamos con la lucha del pueblo colombiano por la vida, la memoria y la dignidad de los caídos, por un país más justo, inclusivo, menos desigual y violento. Sin movilización social no habrán cambios.

Esperamos que el gobierno cambie su actitud represiva y apueste por el diálogo, que tome medidas para que la riqueza del país sea distribuida y atienda las demandas de su pueblo.”

Los sindicatos de Myanmar piden sanciones económicas generales

Entrevista con Khaing Zar

“No hay derechos sindicales sin libertad política”, explicó la dirigente sindical Khaing Zar, presidenta de la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM), afiliada a IndustriALL Global Union, y miembro del comité ejecutivo de la CTUM.

“Nuestros sindicatos no pueden funcionar. Muchos de nuestros dirigentes han sido arrestados o se encuentran escondidos desde que se emitieron órdenes de arresto contra ellos. Se cancelaron los convenios colectivos y los empleadores están compartiendo los nombres, las fotografías y los datos personales de los sindicalistas con el ejército. Las empresas están aprovechando la situación para deshacerse de los empleados permanentes y contratar trabajadores informales por menos del salario mínimo, en fábricas inseguras y sin protecciones contra la COVID”.

“Las marcas internacionales que invierten en Myanmar no han tomado las medidas suficientes para proteger a los trabajadores. La vida de los trabajadores no mejorará hasta que eliminemos este régimen. Para lograrlo, debemos cortar todo su acceso a los recursos. Si no tienen dinero, no podrán comprar armas para disparar a la gente, y perderán el control”.

Inicialmente, la CTUM había reclamado el boicot en un mensaje del Primero de Mayo dirigido al movimiento sindical internacional, en el que pidió apoyo para “matar de hambre y expulsar al régimen”.

Las federaciones sindicales internacionales cuestionaron la legitimidad del régimen militar en la Conferencia Internacional del Trabajo, y en junio la OIT adoptó una resolución pidiendo el retorno a la democracia. Los afiliados de IndustriALL participaron en una serie de acciones de solidaridad y el comité ejecutivo aprobó una resolución solidaria en abril.

Myanmar adoptó una nueva constitución en 2009 y tuvo un gobierno civil desde 2012 hasta el golpe militar del 1 de febrero de 2021. Bajo el gobierno civil, a pesar de serias dificultades, los sindicatos lograron avances significativos. La CTUM negoció a través de estructuras de diálogo social tripartito y obtuvo mejoras importantes en materia del salario mínimo y la jornada laboral.

En noviembre de 2019, la IWFM e IndustriALL negociaron Directrices sobre la libertad de asociación. Estas fueron respaldadas por las marcas pertenecientes a la ACT  y cubren a 200 fábricas y 130.000 trabajadores. Las directrices han sido extremadamente útiles, tanto para la organización de la IWFM como para lograr que los empleadores respeten el derecho a la manifestación pacífica.

Los militares dieron un golpe de Estado el 1 de febrero, en el que alegaron fraude electoral y arrestaron al presidente, a los funcionarios del partido y a otras figuras públicas. Esto provocó una resistencia masiva, con un movimiento de desobediencia civil que efectivamente cerró el país. Los militares respondieron con una opresión brutal. Más de 900 personas han muerto, más de 10.000 han sido arrestadas y muchas más están escondidas. Aproximadamente 250.000 personas se han tenido que desplazar internamente. A medida que avanzó la pandemia, el ejército fue monopolizando el suministro de oxígeno, lo que provocó una crisis de salud.

Para derrocar al régimen, el movimiento sindical de Myanmar considera fundamental una combinación de resistencia interna y de solidaridad y presión externas. La comunidad internacional debe aislar al régimen, poner fin a las relaciones diplomáticas y comerciales, y reconocer al Gobierno de Unidad Nacional como el representante legítimo del pueblo de Myanmar.

El secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches, expresó:

“El espíritu y las acciones del pueblo de Myanmar, que arriesgan sus vidas a diario para derrocar la dictadura militar, son inspiradores. Para ganar esta lucha, los reclamos de los sindicatos de Myanmar deben tomarse en serio y aplicarse a nivel internacional”.

“La dictadura militar debe desterrarse de los organismos de la ONU y de la comunidad internacional, como sucedió en la última CIT, y el Gobierno de Unidad Nacional debe ser reconocido. Todos los gobiernos internacionales que respetan la democracia y los derechos humanos y sindicales básicos tienen que implementar estas medidas en la próxima Asamblea General de la ONU.

“También es crucial cortar el flujo de ingresos de la dictadura a través de sanciones generales”.

“Seguiremos promoviendo las acciones de solidaridad, junto con nuestros afiliados y las federaciones sindicales, hasta que el pueblo de Myanmar restaure la democracia y el respeto por los derechos humanos en el país”.

IndustriALL celebra con éxito un evento de prueba para el Congreso en línea

Inicialmente, el Congreso estaba programado para celebrarse en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2020, pero se pospuso debido a la pandemia de COVID-19. El evento de prueba se llevó a cabo en un estudio de Palexpo, en el aeropuerto de Ginebra, con participación remota.

El secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches, expresó:

“La pandemia ha impulsado a los sindicatos hacia el futuro, ya que los ha obligado a adoptar sistemas en línea para celebrar reuniones y realizar sus actividades. Este ha sido un gran cambio cultural para nuestro movimiento. Si bien ha sido difícil, un aspecto positivo es que hemos aumentado mucho la participación. Nuestras reuniones son más transparentes, más accesibles y más representativas”.

Hemos ayudado a nuestros afiliados a ampliar su capacidad digital, y hemos estado trabajando para desarrollar una serie de sistemas innovadores para garantizar que los participantes de nuestro Congreso tengan la mejor experiencia posible. Estamos usando tecnología que permitirá a los delegados sindicales votar en nuestros procesos de toma de decisiones y sentirse parte de nuestro gran movimiento desde cualquier lugar del mundo.

Este será un Congreso dinámico, que moldeará el futuro de esta poderosa organización en un momento en el que la voz sindical es más necesaria que nunca. Estamos ansiosos por recibirlos”.

Las siguientes publicaciones en las redes sociales brindan un adelanto:

¿Es este el futuro de las reuniones sindicales?

Reuniones de Zoom con traducción simultánea y votación en línea. #UnitedForAJustFuture #IndustriALL2021 pic.twitter.com/NWeEJTzPdU

—IndustriALL (@IndustriALL_GU) 22 de julio de 2021

Estamos probando las interacciones y los sistemas de votación, trayendo oradores a la reunión para debatir resoluciones y usando las reacciones en el sistema en línea para medir las opiniones de los participantes.  #UnitedForAJustFuture pic.twitter.com/TWbLBXAfbG

—IndustriALL (@IndustriALL_GU) 22 de julio de 2021

Los sindicatos de Kenia apoyan las propuestas de creación de un fondo de seguro de desempleo

El fondo propuesto, que entrará en vigor en 2022, también beneficiará a los trabajadores que perdieron sus empleos debido a la pandemia de COVID-19. Según la Oficina de Estadísticas de Kenia, se perdieron más de 1,7 millones de puestos de trabajo desde el comienzo de la pandemia el año pasado.

El fondo, que dependerá del departamento de protección social del Ministerio de Trabajo y Protección Social, pagará a los trabajadores parte de su salario hasta por seis meses en caso de reducción de personal. En Kenia también se están implementando planes de transferencias monetarias para aliviar la pobreza.

Según los informes, el fondo será similar al Plan de Alivio Temporal para Empleadores/Empleados (TERS) COVID-19 de Sudáfrica, que hasta ahora ha pagado más de $ 4 mil millones a trabajadores cuyos empleos se vieron afectados por la pandemia de coronavirus. El TERS forma parte del Fondo del Seguro de Desempleo (UIF) al que contribuyen los trabajadores y los empleadores. Cuando pierden sus empleos, los trabajadores pueden reclamar prestaciones de este fondo. Además del UIF, Sudáfrica proporciona pensiones universales de vejez y discapacidad, así como subvenciones para la infancia.

Las políticas de protección social benefician a los trabajadores, quienes en la mayoría de los casos mantienen no solo a sus propias familias sino también a sus parientes. La protección social, que incluye la seguridad de ingresos, se ha incluido dentro de las estrategias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Rose Omamo, secretaria general del Sindicato Amalgamado de Trabajadores Metalúrgicos de Kenia, expresó:

“Los sindicatos han luchado durante mucho tiempo por la seguridad de ingresos y por prestaciones por desempleo para los trabajadores despedidos. Apoyamos la creación del fondo del seguro de desempleo y continuaremos dialogando con el gobierno en las negociaciones previas a su lanzamiento. Hemos realizado reclamos con respecto a estos planes a través de la negociación colectiva y en las plataformas de diálogo social en las que participamos como sindicalistas”.

“La seguridad de ingresos es importante en el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha provocado pérdidas masivas de puestos de trabajo. Millones de personas han perdido sus empleos en Kenia y otros países africanos. Con una seguridad de ingresos limitada, debida a los bajos salarios y una atención médica básica inadecuada, la mayoría de los trabajadores se ven forzados a vivir en la pobreza, ya que no pueden ganarse la vida. En este sentido, las propuestas de introducir un fondo de desempleo proporcionarán una seguridad de ingresos muy necesaria para los empleados despedidos”, afirmó Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana.

Los afiliados a IndustriALL en Kenia son el Sindicato Amalgamado de Trabajadores Metalúrgicos de Kenia, el Sindicato de Trabajadores de la Ingeniería de Kenia, el Sindicato de Trabajadores del Vidrio de Kenia, el Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Kenia, el Sindicato de Trabajadores del Calzado y el Cuero de Kenia, el Sindicato de Trabajadores de Peluquerías y Salones de Belleza de Kenia, y el Sindicato de Trabajadores de Sastrería y Textiles.

Los mineros de uranio ucranianos luchan por sus puestos de trabajo

La Planta de Procesamiento y Minería del Este, SkhidGZK, de propiedad estatal, que ha estado en crisis desde hace tiempo, recientemente detuvo sus operaciones, lo que puso en grave riesgo los empleos de 8000 trabajadores. Este cese también es una amenaza para la seguridad de las minas, con consecuencias ambientales potencialmente devastadoras.

El 7 de julio, Atomprofspilka, el Sindicato de Trabajadores de la Industria y Energía Nuclear de Ucrania, formó un piquete frente al Ministerio de Energía en Kiev para exigir soluciones inmediatas que garanticen el funcionamiento, mantenimiento y desarrollo sostenibles de la planta, así como la preservación de los puestos de trabajo de sus 8000 empleados. 

El Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania (NPGU) movilizó a sus miembros en una manifestación en la región de Kirovograd, donde los trabajadores de las minas de uranio y sus familiares bloquearon la carretera del 12 al 16 de julio. A su vez, otros mineros se negaron a ingresar a las minas de uranio, exigiendo el funcionamiento sostenible de la empresa y la liquidación de los atrasos salariales, que han alcanzado los 89 millones de UAH (US$ 3,26 millones).

Los reclamos de los sindicatos son los siguientes:

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, en una carta al primer ministro de Ucrania, pidió al gobierno:

“… que actúe de inmediato para garantizar el desarrollo y la implementación de una política industrial sostenible, incluida la política energética, con un diálogo social genuino con los sindicatos como la única forma de resolver problemas mientras se reforma el sector energético, y que garantice, en particular, el funcionamiento y desarrollo sostenible de la SE SkhidGZK y el pago oportuno de salarios para sus trabajadores”.

UNCTAD y CEPAL celebran seminario sobre política industrial para el desarrollo de América Latina

El objetivo fue explorar si las políticas industriales son centrales para alcanzar un alto e inclusivo nivel de desarrollo socioeconómico en América Latina, con una nueva estructura de producción hacia actividades y sectores de mayor productividad, con empleos progresivamente mejor remunerados.

Partieron de la premisa de que, durante las últimas dos décadas, hubo un aumento sustancial de los precios internacionales de los productos básicos, donde la mayoría de los países del Sur lograron tasas de crecimiento elevadas, reducciones de la pobreza extrema y una expansión de la clase media.

Sin embargo, ante la ausencia de un auténtico proceso de transformación estructural, y a pesar de sus abundantes reservas de recursos naturales, fue difícil generar un desarrollo de la región latinoamericana con un crecimiento inclusivo y empleo decente.

Por eso, el seminario promovió una discusión orientada a la definición de una estrategia renovada para la región, destinada a incentivar el crecimiento sostenible mediante la creación de un valor económico y social, por encima de lo que se deriva de sus ventajas comparativas naturales, demográficas y geográficas.

El representante permanente de Argentina ante las Naciones Unidas en Ginebra, Federico Villegas, mencionó que los países en desarrollo se vieron perjudicados y endeudados por la crisis del COVID-19 porque no tienen una base suficiente de políticas. Por eso, considera que la política industrial es necesaria. Aseguró que los países también requieren de un sistema multilateral reformado que los apoye y les permita implementar políticas industriales, para recuperarse de la crisis y lograr un desarrollo sostenible.

Al igual que Villegas, el economista y profesor en la Universidad de la República del Uruguay, Luis Bertola, dijo que los países de la región deberían fortalecer el Mercosur y otras alianzas que promueven consensos regionales indispensables para lograr que las políticas industriales puedan prosperar.

En tanto, el secretario ejecutivo adjunto de CEPAL, Mario Cimoli, sostuvo que América Latina impulsa un desarrollo industrial con mucha emisión de carbón y poca inversión en sostenibilidad ambiental. Señaló que los gobiernos de la región enfrentan una situación compleja y que no están pensando en hacer un cambio estructural hacia una economía circular.

Por su parte, la profesora de economía aplicada en la Universidad Luiss de Roma, María Savona hizo una reflexión sobre cómo repensar la política industrial en América Latina, a partir de políticas industriales de recursos naturales alternativas, que no signifiquen la desindustrialización prematura para los países.

Para ello, dijo que era necesario pensar en cómo vincular las cadenas de valor globales de forma innovadora. Mencionó que se podría pensar una política industrial enfocada en desarrollar servicios con mayor tecnología, en base a industrias basadas en los recursos naturales.

Finalmente, el director de CEPAL, José Gabriel Porcile, expuso que la idea es promover una estrategia compleja de política industrial que debería reposar en dos ideas: por un lado, una política fiscal que sea progresista y de inversión pública, con mecanismos que estimulen la inversión latinoamericana. Por otro, promover alianzas hegemónicas y economía política para recomponer un proyecto de transformación estructural y productivo.

Las reflexiones finales estuvieron a cargo del director de la división de globalización y estrategias de desarrollo de la UNCTAD, Richard Kozul Wright, quien mencionó el Manual de Política Industrial de Oxford y la importancia de aprender de los éxitos y fracasos en los distintos países. Sostuvo que la política industrial es un elemento esencial para una política de desarrollo sostenible.

El Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union adoptó en 2018 un Plan de acción global hacia un comercio internacional y una política industrial justos. Además, en 2019 los representantes sindicales de IndustriALL en América Latina adoptaron un Plan de acción regional para llevar los lineamientos globales a la práctica.

En ambos documentos aseguran que, utilizada de manera apropiada, la política industrial es uno de los principales generadores de sociedades prósperas e inclusivas, con un desarrollo económico, social y ecológico digno. Además, manifiestan que debería eliminarse el secretismo en las negociaciones de política industrial y comercial, y deberían celebrarse según un proceso democrático el cual incluya consultas con los sindicatos en su función de representantes de los trabajadores.

Grabación del seminario: