Mohammad Israr, de 17 años, reza con el corazón encogido cada vez que entra en la mortífera mina de carbón de gran riqueza mineral situada en la provincia sudoccidental de Beluchistán, donde perdió la vida su padre. “Mi padre trabajó en minas de carbón durante más de dos décadas. Tras su muerte, hace más de un año, me vi obligado a dejar mis estudios y a abandonar mi casa para venir a trabajar aquí como minero”, cuenta a Equal Times.
Con sus conocimientos básicos de escritura árabe y un breve bagaje de estudios religiosos, Israr ha escrito con tiza blanca varios versos sagrados en la entrada negra y manchada de la mina, como augurio de buena suerte y protección. “Confiamos plenamente en Alá. Es lo único que puede protegernos aquí”, señala Israr, oriundo de la antigua fortaleza talibán del valle de Swat en Khyber Pakhtunkhwa, al norte de Pakistán, a más de 1.600 kilómetros de distancia.
Israr trabaja más de 10 horas diarias como ayudante en el interior de la mina y, ocasionalmente, cargando carbón. El trabajo le reporta unos 10 dólares (8,2 euros) diarios, pero es agotador y peligroso. Adaptarse a las temperaturas extremas de Beluchistán, donde en invierno descienden por debajo de 0°C y en los meses más calurosos suelen superar los 40°C, así como al trabajo mortalmente peligroso de la minería a pequeña escala, ha sido física y mentalmente muy duro para este adolescente.
Pero Israr no tiene otra opción. “Tengo que devolver los préstamos que pedimos para hacer frente a los gastos cuando murió mi padre, y tengo que ocuparme de mis nueve hermanos y de mi madre. Y no hay más trabajo que este”, nos explica.
Según el estudio estadístico de energía mundial de BP, BP Statistical Review of World Energy 2020, Pakistán cuenta con algunas de las mayores reservas de carbón del mundo (3.064 millones de toneladas), y el carbón se utiliza para alimentar todo tipo de instalaciones, desde hornos de ladrillos hasta fábricas de cemento y centrales eléctricas. Pero la explotación del carbón en Pakistán es una actividad sumamente peligrosa.
Aunque resulta difícil obtener datos fiables, dado que la mayoría de los trabajadores pertenecen al sector de la economía informal y los registros de asistencia al trabajo en las minas no son nada rigurosos, cada año pierden la vida más de un centenar de mineros, y, concretamente en 2020, se calcula que murieron 208 mineros.
Otros miles resultan heridos y son incontables los que desarrollan enfermedades y dolencias graves como consecuencia de su trabajo.
Las minas suelen ser explotadas por pequeños y medianos consorcios mineros, o bien por particulares, muchos de los cuales operan a corto plazo con el único objetivo de maximizar beneficios. Con tantas empresas informales, las cifras varían, pero se cree que en Beluchistán hay más de 3.000 minas de carbón registradas que dan trabajo a más de 40.000 mineros. Los mineros de Pakistán, en su mayoría subcontratados, realizan trabajos manuales o semimecanizados en minas de propiedad privada. Estas reciben escasa inversión tecnológica debido a que los costes son asumidos por los propietarios de las minas, los cuales no quieren que sus márgenes de beneficio se vean afectados. El Gobierno ofrece poco o ningún apoyo legal, económico, tecnológico o social a los propietarios de las minas.
La jornada laboral es larga, de hasta 14 horas diarias, y aunque en Pakistán es ilegal que los trabajadores menores de 18 años realicen trabajos peligrosos, el trabajo infantil en la industria minera es habitual, y no es raro encontrar niños de apenas 14 años trabajando bajo tierra. Las medidas de salud y seguridad para los mineros son exiguas, la formación que reciben es escasa o nula, las vacaciones no son remuneradas, el seguro médico es inexistente y los salarios son muy bajos.
La precariedad a la que se enfrentan los trabajadores de las minas de Pakistán se ve agravada por el hecho de que muchos de ellos son migrantes, ya sea de las empobrecidas regiones de Swat y Shangla, en Khyber Pakhtunkhwa –que en el pasado se vieron afectadas por la insurgencia talibán y sufren a presente un subdesarrollo crónico– o del vecino Afganistán. Los que conforman este último grupo trabajan y viven en su mayoría en Pakistán sin disponer de documentos válidos, lo cual les deja a merced de empresarios mineros deshonestos, algunos de los cuales suelen pagar mal a los trabajadores migrantes o no les pagan nada.
Amin Ullah, que ya ha cumplido los 50 años, tenía solo 15 cuando dejó su pueblo del distrito de Shangla para trasladarse a Beluchistán a trabajar como minero. “He esquivado la muerte muchas veces, pero muchos de mis compañeros de trabajo, algunos de los cuales eran familiares o amigos, no sobrevivieron en las minas”, comenta apesadumbrado.
El escaso salario de aproximadamente 250 dólares (206 euros) al mes significa que trabajadores como Amin no pueden permitirse el lujo de tomarse un permiso para ir a visitar a su familia. “La última vez que estuve en mi casa de Shangla fue en 2014. Me he perdido muchos Eids [el festival sagrado musulmán] y otras muchas cosas. Se me parte el corazón”.
Es hora de abordar la crisis de seguridad
A pesar de la espeluznante cifra de muertos en 2020, 2021 podría ser aún peor en lo que respecta a la seguridad en las minas. El año empezó en la ignominia con una serie de accidentes, en particular la muerte de al menos 15 mineros del carbón en dos sucesos separados que se produjeron con menos de una semana de diferencia, cuando el gas metano atrapado explotó en feroces incendios en el interior de varias minas de Beluchistán occidental. En febrero murieron cuatro mineros del carbón tras el derrumbe de una mina en el distrito de Duki, en Beluchistán. Y el 25 de diciembre de 2020, seis mineros del carbón quedaron atrapados en otra mina del mismo distrito.
Debido a los primitivos métodos de extracción que se emplean en la mayoría de las minas de carbón, los trabajadores corren el riesgo de morir o sufrir graves lesiones por explosiones de gas, derrumbes de las paredes de la mina, inundaciones y accidentes relacionados con el equipamiento. También son frecuentes las enfermedades de origen laboral, como la del pulmón negro (una enfermedad incurable que se puede prevenir, causada por la inhalación de polvo de las minas de carbón), la pérdida de audición, los trastornos de médula espinal provocados por la continua vibración de la maquinaria, trastornos de la vista y tuberculosis.
El suministro de equipamiento de rescate, de equipamiento para la detección de gas metano y de una ventilación adecuada es escaso o inadecuado. Lo mismo ocurre con los servicios de extinción de incendios, hospitales, ambulancias y farmacias, puesto que no son accesibles desde las minas. También hay una gran carencia de mecanismos eficaces de supervisión de la salud y la seguridad: según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos-Pakistán no hay más que un inspector jefe de minas para todo Beluchistán, y solo realiza 10 visitas al mes. Un artículo de 2018 para Dawn, uno de los principales periódicos de Pakistán, afirma además que “a pesar de los 45 incidentes documentados, que han provocado más de 318 muertes en los últimos ocho años, el inspector jefe de minas de Beluchistán no ha procesado a un solo propietario/gerente de minas por negligencia criminal”.
Pero ni el Gobierno ni los propietarios de las minas se han comprometido a tomar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo de los mineros de Pakistán. El veterano activista de derechos laborales, Karamat Ali, afirma que los mineros de Pakistán soportan unas “condiciones inhumanas”. “Exigimos encarecidamente que el Gobierno de Pakistán ratifique el Convenio 176 (C176) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad en las minas, que esperamos establezca el marco adecuado para abordar la crisis de seguridad”, explica a Equal Times.
El C176, también conocido como el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, fue adoptado en la 82ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT de 1995. Reconoce que en la minería existen peligros inherentes al lugar de trabajo, y tiene por objeto crear una norma que pueda ser utilizada por cualquier país que lo ratifique para promover la salud y la seguridad de los mineros.
Sin embargo, de momento Pakistán ha optado por no ratificar el C176. “Lamentablemente, todos los partidos políticos, y el actual Gobierno en particular, son anti mano de obra y elitistas”, señala Ali. “No solo se oponen a los convenios favorables a los trabajadores, sino que siguen mostrándose reacios a aplicar los que ya han sido ratificados, como el C98 de la OIT [nota del editor: el Convenio de 1949 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, uno de los ocho convenios fundamentales de la OIT]”, puntualiza Ali, que lleva más de cinco décadas formando parte de los movimientos sindicales y por la paz en Pakistán, y es miembro fundador de diversas redes locales y regionales, como el South Asia Labour Forum. “La tasa de formación de sindicatos en Pakistán está por debajo del 2%”, añade.
IndustriAll, la federación sindical mundial con sede en Ginebra, que representa a más de 50 millones de trabajadores en 140 países, ha estado trabajando con sindicatos locales para hacer campaña a favor de la ratificación y la aplicación del C176 de la OIT en Pakistán. Tanveer Nazir, coordinador de proyectos de IndustriALL, explica a este medio que la falta de inversión y la escasa regulación del sector son la causa de lo que el secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, describe como “la vergonzosa matanza” del sector. “Pese a los avances tecnológicos en todo el mundo, los operadores y propietarios de las minas de carbón no quieren abandonar sus peligrosos y arcaicos métodos de extracción”, explica Nazir.
“El Gobierno no ha regulado ni registrado las minas de carbón ni a los mineros. Tampoco ha aplicado medidas de seguridad estrictas para los mineros, y menos aún ha invertido en equipos de seguridad para socorristas e inspectores. Por desgracia, numerosas minas de carbón son explotadas de manera informal por pequeñas o grandes mafias que utilizan su influencia para mantener alejados a los inspectores de seguridad del Gobierno y para evitar pagar, en caso de lesión o muerte, las obligatorias indemnizaciones a las familias de los trabajadores”.
Uno de los principales obstáculos para la ratificación del C176 ha sido la estructura federal del país y la debilidad del Estado. Algunos observadores afirman que el Gobierno central no se opone a ratificar el convenio, pero los propietarios de las minas locales ejercen fuertes presiones sobre los Gobiernos locales para que no lo hagan. Sin embargo, para que el convenio sea efectivo, ha de ser aplicado rigurosamente por los Gobiernos provinciales una vez ratificado por el Gobierno federal.
Enfrentarse a los accidentes laborales (y al terrorismo)
La mayor parte de la minería del carbón en Pakistán tiene lugar en Beluchistán, donde el Estado y los líderes tribales se disputan la soberanía. El portavoz del Gobierno de Beluchistán, Liaqat Shahwani, indicó a Equal Times que la Ley de minas de 1923 de Pakistán cubre la mayoría de los asuntos relacionados con la minería. No obstante, reconoció que asuntos como el derecho de los trabajadores a denunciar accidentes, el derecho a elegir representantes en materia de salud y seguridad, y la formación de los trabajadores son aspectos que no se contemplan en dicha ley.
“Beluchistán necesita el apoyo de la comunidad internacional en lo que respecta a la seguridad de los mineros y los programas de formación. También necesita que los inversores garanticen la fabricación y la disponibilidad en toda la industria de equipos de salud y seguridad, como detectores de gas, autorrescatadores y respiradores”, que, por lo general, son importados del extranjero y mantenidos con ayuda de expertos extranjeros.
Pero los sindicatos consideran que hay que hacer mucho más. Nazir, de IndustriALL, afirma que la Ley de minas de 1923 no basta para proteger a los mineros porque, tras la 18ª Enmienda Constitucional de 2010, que recortó los poderes del presidente y del
Paralelamente a la incesante racha de accidentes mortales en las minas de carbón, los terroristas partidarios del Estado Islámico y los separatistas de la etnia baluchi también suponen una funesta amenaza para los trabajadores de las minas procedentes de las zonas del norte de Pakistán, así como las comunidades chiitas de la sierra central del vecino Afganistán.
máxima autoridad para promulgar y aplicar cualquier legislación. “En Pakistán el proceso legislativo es también muy complicado debido a la inestabilidad política”, asegura Nazir.
El 9 de abril se descubrieron los restos mortales de 16 mineros del carbón en una fosa común de Khyber Pakhtunkhwa, casi una década después de su desaparición. La zona donde se encontraron había sido en su día un reducto de los talibanes paquistaníes, pero los residente afirman que, en el momento de la desaparición de los mineros, tanto los militantes como las fuerzas de seguridad paquistaníes estuvieron perpetrando secuestros y asesinatos, estos últimos en el marco de sus operaciones antiterroristas.
Semanas antes del hallazgo de los cadáveres, varios hombres armados vinculados a un grupo local de terroristas partidarios del Estado Islámico asesinaron brutalmente a 11 trabajadores de la etnia hazara, un grupo minoritario chiita perseguido desde hace tiempo en Pakistán y Afganistán, en el distrito de Mach de Beluchistán. El grupo se atribuyó la responsabilidad de vendar los ojos y posteriormente ahorcar a los trabajadores en su recinto comunal, cerca de las minas en las que trabajaban.
Mohammad Ali, compañero de Israr, señala que la masacre de los trabajadores de la mina de Hazara en Mach ha agravado el trauma que sufren los mineros del carbón de Beluchistán. “La espada de la muerte pende en todo momento sobre nuestras cabezas dentro de la mina de carbón, ya que puede derrumbarse sobre nosotros en cualquier momento, pero la matanza de los trabajadores en los locales donde duermen por la noche demuestra que no estamos seguros en ningún sitio”, nos dice este joven de 20 años.
Los miembros de la comunidad hazara creen que el incidente de Mach es idéntico a los asesinatos colectivos de sus miembros en otras partes de Pakistán y Afganistán debido a sus creencias religiosas. Organizaron durante varios días una sentada de protesta junto a los ataúdes de los trabajadores de la mina para exigir desesperadamente más seguridad.
Esto llevó al primer ministro Imran Khan a prometer a la debilitada comunidad hazara que garantizaría su seguridad, al tiempo que calificaba la masacre de intento de instigar la violencia sectaria en el país. “Comparto vuestro dolor y no es la primera vez que me dirijo a vosotros para acompañaros en vuestro sufrimiento. […] Nunca traicionaré la confianza de mi pueblo”, tuiteó.
Muchos trabajadores mineros de la etnia hazara proceden de la región de Hazarajat, en el centro de Afganistán. En una conversación con Equal Times, varios de ellos explicaron que huyeron de Afganistán para escapar de la guerra y la persecución y que, debido a la falta de documentación adecuada, su única opción de trabajo era la minería ilegal. “Nos hacen trabajar más horas y en condiciones abusivas, pero ¿qué podemos hacer? No podemos alzar la voz ni reclamar justicia”, señala un trabajador afgano de una mina de carbón.
Este artículo ha sido publicado en Equal Times
