Trabajadores iraníes del sector petroquímico se declaran en huelga

Debido a que el gobierno no reconoce a los sindicatos independientes, que se ven limitados de forma sistemática, esta huelga salvaje está siendo coordinada por comités de huelga de trabajadores. Las demandas inmediatas de la huelga son mejores salarios, seguridad social adecuada y mejores condiciones de vida. Los comités de huelga emitieron un conjunto claro de demandas salariales para cada categoría de empleo y afirmaron que el trabajo se reanudará cuando los empleadores cumplan con lo solicitado.

Esta manifestación es reflejo de una ola de huelgas de un mes de duración que tuvo lugar en los yacimientos de gas y petróleo de South Pars en agosto del año pasado, en la que participaron 10.000 trabajadores. La huelga de 2020 obligó a los empleadores a mejorar los salarios y las condiciones de vida.

El Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos y Mecánicos de Irán (UMMI), afiliado a IndustriALL Global Union, informó que la ola de huelgas actual comenzó el 19 de junio, cuando los trabajadores cesaron sus actividades y abandonaron sus lugares de trabajo en varios sitios del sur de Irán.

Estos trabajadores son empleados por medio de empresas contratistas que proporcionan mano de obra para los proyectos de desarrollo en los yacimientos de gas y petróleo. Los contratistas actúan como amortiguadores entre los trabajadores y las empresas de este sector, y tratan de controlar las demandas de los trabajadores al emplearlos en contratos renovables a corto plazo. El ciclo de turnos es de 20 días de trabajo y 10 días de descanso. Durante el período activo de 20 días, los trabajadores se alojan en dormitorios comunes cerca del lugar de trabajo. La mayoría de ellos son técnicos y obreros calificados, tales como constructores de andamios, montadores, soldadores y electricistas.

Las condiciones de los dormitorios son malas y antihigiénicas, la comida de los comedores es mediocre y los salarios son bajos. Debido a que los trabajadores son contratados a través de intermediarios, no pueden negociar mejores condiciones directamente con las empresas de gas y petróleo. Los contratistas establecen los salarios y las condiciones.

Además, estas empresas también suelen pagar menos aportes a la seguridad social de las que corresponden al clasificar erróneamente a los trabajadores, lo que afecta sus pensiones y seguros por desempleo y enfermedad.

La huelga se ha extendido por todo el país. Actualmente, miles de trabajadores en 22 refinerías y proyectos en los centros de gas y petróleo, incluidos Jahan Pars, Gachsaran Petrochemicals, Tehran Refinery y Abadan Refinery, están en huelga, lo que ha obligado a varios proyectos a suspender sus operaciones.

Se espera que la huelga se extienda a medida que terminen los ciclos de turnos de 20 días de los trabajadores y estos reciban su paga. Los empleados directos de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) se unirán a la huelga y organizarán manifestaciones a nivel nacional el 30 de junio.

En un comunicado publicado en su sitio web, el UMMI se dirigió a los trabajadores del sector:

“Nuestras manos aprietan los tornillos y los tubos se sueldan con nuestro sudor. Ningún proyecto puede continuar sin nuestro trabajo de montaje, soldadura o andamiaje. Confíen en su poder y quédense en casa, ¡veamos si los andamios se construyen solos!”

Las sanciones de Estados Unidos han detenido la mayoría de las exportaciones de gas y petróleo de Irán. La moneda nacional se ha depreciado y la inflación alimentaria es extremadamente alta. Antes de iniciar la huelga, los trabajadores protestaron frente al parlamento en Teherán y en Ahvaz, la capital de la provincia productora de petróleo de Juzestán, para exigir que el ministro de Petróleo, Bijan Zanganeh, responda a sus demandas.

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:

“Una vez más, nuestros compañeros iraníes han demostrado un enorme coraje y determinación frente a la opresión. Están tomando medidas colectivas para defenderse, mejorar sus condiciones y exigir que su patria se construya teniendo en cuenta las necesidades de la mayoría. Los saludamos y nos solidarizamos con su lucha y sus justas demandas”.

El movimiento sindical global presenta un conjunto de herramientas en la campaña para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo

La agresión física, la intimidación, el acoso sexual, el abuso en línea, la precariedad laboral y las prácticas laborales abusivas son las formas de violencia más extendidas en el mundo del trabajo y afectan a millones de trabajadores/as en todo el mundo.

Numerosos informes sobre la COVID-19 muestran que los índices de violencia contra mujeres y niñas se han multiplicado en el último año, haciendo que las trabajadoras sean especialmente vulnerables. La falta de políticas efectivas y del apoyo de las empresas para responder y prevenir esta violencia ha provocado que muchas mujeres sufran trastornos de ansiedad y otros problemas de salud mental, empeorando su rendimiento en el trabajo y viendo afectados sus ingresos.

Este conjunto de herramientas ofrece a los sindicatos los instrumentos necesarios para desarrollar soluciones dentro de los lugares de trabajo que acaben con la violencia y el acoso, con especial atención a la violencia de género, y para garantizar que lidiar con esta violencia no vuelva a considerarse como “parte del trabajo”.

Por otro lado, la violencia doméstica, aunque se produzca fuera del lugar de trabajo, también puede tener importantes efectos psicológicos y físicos sobre las víctimas. Además, la interrelación de distintos tipos de discriminación crea una nueva capa de desigualdad que aumenta el riesgo de violencia y acoso.

El manual ayuda al personal y a los/as representantes sindicales, así como a los/as educadores/as y facilitadores/as de los/as trabajadores/as, a desarrollar programas de formación y supone una herramienta muy útil para los sindicatos que trabajan en campañas nacionales para la ratificación del Convenio en sus respectivos países. Gracias a la intensa presión ejercida por los sindicatos y las organizaciones feministas de todo el mundo, el Convenio 190 y la Recomendación 206 proporcionan una base para que los sindicatos y otras organizaciones aborden la violencia y el acoso en el mundo laboral.

La Convención y la Recomendación se extienden a todos los sectores, tanto público como privado, y a la economía informal, y son los primeros instrumentos internacionales de este tipo. Con su adopción, todo el mundo tiene ahora mismo el derecho a vivir en un mundo sin violencia y acoso.

"La adopción del Convenio 190 de la OIT es un triunfo significativo para el movimiento sindical y un hito en la lucha contra la violencia de género. Los sindicatos tienen un papel clave para garantizar que el Convenio no sea simplemente un papel sino que se convierta en un instrumento para cambiar la vida de millones de trabajadores. Usémoslo y hagamos campaña para su ratificación. Los sindicatos deben tomar medidas concretas inmediatamente para prevenir y abordar la violencia de género y no dejar estas acciones solo en manos del Convenio o las mujeres. La violencia de género es un problema sindical fundamental."

El manual se compone de una guía para coordinadores/as y un libro de actividades. Su objetivo es:

Aquí está el kit completo de herramientas de capacitación para capacitadores:

Facilitator guide
ENGESPFRA
Activity workbook
ENGESPFRA

La OIT adopta una resolución para exigir el retorno a la democracia en Myanmar

El 9 de junio, el Grupo de los Trabajadores de la OIT, formado por más de cien confederaciones de sindicatos a nivel mundial, presentó un proyecto de resolución sobre Myanmar de carácter urgente. La Comisión de Proposiciones de la OIT adoptó oficialmente la resolución el 19 de junio.

La resolución llama a Myanmar a restaurar el orden democrático y el gobierno civil, cesar todos los ataques o amenazas contra los trabajadores, empleadores, sus organizaciones y ciudadanos involucrados en protestas pacíficas del movimiento de desobediencia civil.

Además, insta al régimen militar a poner fin a las violaciones de los derechos humanos, respetar el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical, poner fin a la violencia y las detenciones y arrestos arbitrarios. Se recomendó a los Estados miembros que respalden el retorno a la democracia a través de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales y regionales.

La represión militar contra los activistas y trabajadores prodemocracia sigue vigente. Hasta la fecha, 871 personas han sido asesinadas y 5033 han sido detenidas, imputadas o condenadas. Uno de ellos es Chan Myae Kyaw, minero y miembro de la MWFM, afiliada a IndustriALL.

El régimen militar revocó los pasaportes de los miembros del comité ejecutivo de la Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM) y la mayoría de ellos se han visto obligados a esconderse. A pesar de la intensificación de la represión, el secretario general adjunto de la CTUM, Phyo Sandar, fue elegido miembro adjunto del Grupo de los Trabajadores del consejo de administración de la OIT.

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, expresó:

“Condenamos enérgicamente la represión del pueblo de Myanmar que defiende la democracia. El régimen militar debe dimitir, restaurar el gobierno electo y detener los ataques contra las personas y los sindicatos. Celebro la adopción de la resolución en la 109.ª CIT. Ahora es el momento de que los Estados miembros de la OIT ejerzan presión sobre Myanmar y dejen de reconocer el régimen ilegítimo”.

Desde el golpe de estado de febrero, IndustriALL se ha solidarizado con los sindicatos y los trabajadores de Myanmar presionando a las empresas multinacionales para que corten los lazos con empresas vinculadas al ejército y movilizando a sus afiliados para que hagan donaciones al fondo de huelga de Myanmar.

Durante el discurso plenario, la presidenta del Grupo de los Trabajadores, Catelene Passchier, solicitó al consejo de administración de la OIT que haga un seguimiento con respecto a la implementación de la resolución en la CIT del próximo año.

Trabajadores de BASF unidos más allá de las fronteras

 

BASF es la empresa de productos químicos más grande del mundo. Con sede en Alemania, sus operaciones en cada continente están a cargo de miembros de sindicatos afiliados a IndustriALL. El 16 de junio, se celebraron tres reuniones sindicales internacionales importantes de BASF, en las que se analizó la situación actual de la empresa y las relaciones sindicales, tanto a nivel mundial como en cada país de Asia y de América latina.

Los tres encuentros, celebrados en el marco de la alianza estratégica ininterrumpida entre IndustriALL y la Friedrich Ebert Stiftung, contaron con la participación de 70 dirigentes sindicales de 12 países, que se reunieron en calidad de integrantes de la Red Sindical de BASF en Asia, la Red Sindical de BASF en América Latina y la Reunión de Coordinadores Regionales. La participación del IG BCE y el dirigente del Comité de Empresa de BASF en Alemania fue significativa en las tres reuniones.

Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, informó sobre el trabajo político de IndustriALL dentro de la OIT, orientado a exigir que la recuperación de la pandemia se base en la protección social, el diálogo social y los derechos, sobre la campaña a favor del reconocimiento de la salud y la seguridad laboral como un derecho fundamental de los trabajadores, y la campaña para que el futuro del trabajo se construya sobre empleos de calidad.

En la reunión se destacó la importancia del diálogo con el empleador, ya que, entre las preocupaciones planteadas por los sindicatos, se mencionó el escaso diálogo mantenido con ellos durante los procesos de fusión y adquisición en ambas regiones y la falta de claridad en cuanto a la posición de la empresa sobre las vacunas contra la COVID-19 y la clasificación del fallecimiento por esta enfermedad como riesgo laboral.

En la India, donde la dirección de la fábrica respondió a la pandemia subcontratando más trabajadores precarios, también se plantearon preocupaciones. Esta situación genera malestar no solo a nivel de seguridad, sino también en lo que respecta a los derechos sindicales.

Tanto en Asia como en América Latina, la dirección les ha dicho a los sindicatos, en varias ocasiones, que las decisiones se toman en el país de orígen de la empresa, Alemania, y que los socios locales no tienen acceso a estos procesos. Un ejemplo polémico de esto es la participación en las ganancias y los pagos anuales de bonos, que son temas prioritarios para los empleados latinoamericanos.

Se realizaron debates en profundidad sobre cuestiones relativas a las nuevas tecnologías en el trabajo, los EPP, los salarios, las condiciones del teletrabajo, las medidas tomadas para combatir la COVID-19 y los efectos de la reestructuración en Argentina, Chile, Perú, India, Indonesia y otros países.

El coordinador de la Red Sindical de BASF en América Latina, Fábio Lins, expresó:

“Estábamos insatisfechos con la reestructuración de BASF en nuestra región, realizada sin la debida consulta con los trabajadores. Queremos que se garanticen empleos en Argentina para aquellos compañeros que tanto han aportado a la empresa. Si los despidos son totalmente inevitables, nuestros compañeros deben recibir una compensación adecuada”.

Raghuram, el coordinador de la Red Sindical de BASF en Asia, declaró:

“Nuestra red quiere dejar en claro a la dirección de la sede de la empresa que la Red Sindical de BASF en Asia debe ser reconocida. Los trabajadores de esta región han contribuido mucho aun en pandemia, durante la cual todos hemos trabajado arduamente. Si bien estamos distanciados socialmente, no hay distancias entre los corazones de los trabajadores de BASF”.

Sinischa Horvat, presidente del Comité de Empresa alemán de BASF, afirmó:

“Nuestra empresa es capaz de tener una red sindical mundial que funcione y sea reconocida, como las que existen en otras multinacionales alemanas. Trabajemos todos juntos hacia ese objetivo”.

El director del sector de productos químicos de IndustriALL, Tom Grinter, declaró:

“Este grupo de sindicalistas comprometidos está en un nivel altísimo en términos de profesionalismo, acciones sobre temas clave, comprensión de las megatendencias y herramientas sindicales internacionales. La empresa se beneficiará considerablemente cuando la dirección reconozca a las redes sindicales asiáticas y mundiales de BASF como interlocutores sociales oficiales”.

Foto: CC BASF. Instalación de almacenamiento de tanques de BASF en Ludwigshafen.

Trabajadores latinoamericanos de Glencore exigen transparencia sobre estrategia de descarbonización

La red sindical de trabajadores de Glencore en América Latina desarrolló un taller virtual el 16 de junio. El objetivo fue reflexionar sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos, como una herramienta de gobernanza institucional global eficaz para aplicarle a Glencore. Por ejemplo, en temas como una transición energética baja en carbono en sus cadenas de suministro.

Aseguraron que Glencore habla de la descarbonización y de querer ser líder en el uso responsable de la energía para satisfacer las necesidades energéticas. Consideraron necesario que la compañía propicie un diálogo honesto y transparente sobre su estrategia de descarbonización, y que asegure en todas sus operaciones una transición justa.

El director del sector de minería y DGOJP de IndustriALL, Glen Mpufane dijo:

“Hay que entender cuáles son las estrategias de Glencore para la post pandemia, cómo será su recuperación económica y su estrategia para una transición de bajo tenor en carbono. Debemos informarnos y adelantarnos, ver cómo podemos hacer responsable a Glencore para que rinda cuentas a medida que avanza hacia estos cambios.”

Por su parte, Elizabeth Umlas manifestó que la debida diligencia es una herramienta muy importante para cambiar el comportamiento de las multinacionales como Glencore y que respete los derechos humanos. Dijo que la debida diligencia debe durar la vida útil de la operación, incluyendo un cierre responsable del activo en cuestión.

Los dirigentes sindicales de Colombia señalaron que en su país Glencore no cuenta con una política de descarbonización, ni tiene intención de mejorar las condiciones de sus trabajadores. Robinson Morena de Sintracarbón Colombia señaló:

“Glencore tiene intención de entregar su licencia minera en Colombia. No busca hacer una transición justa ni ponerse al día con las obligaciones ambientales. En su operación Prodecto despidió a más de 5000 trabajadores, tanto directos como tercerizados. Es una situación muy complicada”.

En el encuentro también participaron dirigentes de la CNV International de Holanda, quienes explicaron que actualmente trabajan en Colombia sobre el tema de minería de carbón. Mencionaron que están tratando de presionar a los compradores de carbón en Holanda para que pidan a Glencore que asegure una transición justa en Colombia.

Finalmente, los participantes del taller concluyeron que deben efectuar una alianza regional. Además, van a tratar de continuar el diálogo a nivel global con Glencore y ayudarlos a formular marcos de política que puedan aplicarse a todas las operaciones.

La secretaria regional adjunta de IndustriALL, Laura Carter, dijo:

“Hay que fortalecer el poder sindical y seguir con el trabajo de las redes. En algunos países pueden existir diferencias, pero el objetivo es la unidad y el fortalecimiento del movimiento sindical. Tiene que ser en base a planes de trabajo compartidos.”

El acuerdo Mercosur-UE contribuye a mayor desigualdad, desindustrialización y economías vulnerables

El documento elaborado por el Centro de Política Global del Desarrollo de la Universidad de Boston explica que, debido a los cambios críticos tanto en la UE como en el MERCOSUR, el acuerdo entre ambos bloques puede confinar a muchos países a condiciones de subordinación tecnológica e industrial, con consecuencias en términos de desigualdad, crecimiento y desarrollo.

Explica que el acuerdo puede conducir a la expansión de los sectores estancados, de baja productividad y bajos salarios, a expensas de sectores más dinámicos. Esto reforzaría los factores que impulsan la desigualdad y el estancamiento económico. Aunque puede ocurrir tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, es más probable que ocurran en los países en desarrollo.

Por ejemplo, prevé que tanto Argentina como Brasil exporten más carne vacuna, productos lácteos y otros productos primarios menos sofisticados. Señala que es probable que el acuerdo los aleje del crecimiento y el desarrollo sostenible, y aproxime sus economías en desarrollo a la desindustrialización.

Los autores del documento explican que las características tecnológicas y estructurales de los países que integran el acuerdo desempeñan un papel importante al determinar quién gana y pierde a largo plazo. Los países que no avanzaron en la manufactura de alta productividad y sectores conexos suelen salir perdiendo.

En el documento concluyen que una mayor liberalización del comercio a partir del acuerdo puede ser un paso hacia economías menos productivas, más desiguales y vulnerables. Dará lugar a problemas de empleo precario, pérdida de puestos de trabajo (especialmente en el sector informal) y desigualdad salarial. Lo importante sería implementar políticas industriales y macroeconómicas adecuadas para la inversión y el apoyo a la demanda interna.  

Por su parte, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) emitieron este año una declaración conjunta donde nuevamente rechazaron el acuerdo por considerar que no otorga ningún papel a los sindicatos para monitorear y garantizar el respeto de los compromisos con las normas laborales internacionales.

Además, aseguran que no considera las sensibilidades y asimetrías de las dos partes. En particular, señalan que el acuerdo amenaza con socavar las industrias nacionales en los países del Mercosur y al sector agrícola en la UE, y que no contribuye a un desarrollo sostenible ni equilibrado de todos los países. Por eso, piden la reapertura de las negociaciones para construir modelos de desarrollo sustentables, más equilibrados económicamente, con mayor cohesión y justicia social.

Finalmente, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Como trabajadores nos preocupa la grave crisis económica y política instalada desde 2015 en nuestra región, la cual se profundizó con la pandemia y los cambios estructurales. Al igual que hace más de dos décadas,  rechazamos la firma del acuerdo porque los gobiernos del Mercosur carecen de políticas y propuestas concretas para el desarrollo industrial.

Junto a nuestras afiliadas buscamos un diálogo con empresarios para defender la industria regional y promover la industrialización. Rechazamos las salidas individuales, la ruptura y firma de acuerdos sin la participación de los trabajadores y empresarios de nuestra región.”

Glencore se prepara para reabrir la mina Mutanda y los sindicatos ponen foco en la responsabilidad

Durante el cierre, 500 trabajadores de Mutanda fueron transferidos a Kamoto Copper Company (KCC), una empresa conjunta entre Glencore, propietaria del 75 por ciento, y la empresa estatal Gecamines, propietaria del 25 por ciento. En su pico de actividad, la mina Mutanda tuvo más de 3000 empleados.

Glencore, que es propietaria de Mutanda, una mina a cielo abierto de cobre y cobalto, cerró la mina en 2019 debido a los incrementos de los costos, los bajos precios del cobalto y el aumento de los impuestos. Sin embargo, desde principios de 2021, los precios del cobalto han aumentado más del 40 por ciento. Los precios actuales en la Bolsa de Metales de Londres son de US$ 42.500 por tonelada de cobalto y US$ 9508 por tonelada de cobre.

La noticia de la apertura de Mutanda coincidió con el seminario sobre la cadena de suministro de baterías y género en la RDC celebrado los días 10-11 de junio, en el que se discutió sobre diligencia debida, salud, seguridad e igualdad de género en las cadenas de suministro de cobre y cobalto. Las cadenas de suministro incluyen la minería, el procesamiento inicial para la exportación, los envíos, el procesamiento para obtener el producto en forma de polvo, la fabricación de baterías y otros usos industriales, y baterías para vehículos eléctricos y teléfonos inteligentes, entre otros productos.

En el seminario se discutió sobre las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para las empresas multinacionales como algunos de los pocos instrumentos internacionales que los sindicatos pueden usar para luchar por la diligencia debida y la adherencia a las normas internacionales del trabajo y a las condiciones de trabajo decentes por parte de las corporaciones multinacionales.

Además, las líneas directrices, firmadas por los gobiernos, presentan recomendaciones importantes sobre el empleo, las relaciones laborales, los derechos humanos, la transparencia, el medioambiente y la lucha contra la corrupción. La diligencia debida también permite la trazabilidad del cobalto de principio a fin para evitar que se explote a niños en la minería de este recurso o que esta se lleve a cabo en medio de conflictos.

Glen Mpufane, director de minería de IndustriALL, declaró:

“La diligencia debida obliga a las multinacionales a respetar los derechos humanos y sindicales. Los acuerdos entre empresas y sindicatos —los convenios colectivos, los acuerdos marco globales, los protocolos y los memorandos de entendimiento— son un medio para llevar a cabo la diligencia debida”.

En el seminario, también se discutió que los sindicatos deben exigir a las empresas como Glencore que cumplan con las líneas directrices de la OCDE. Dado que Glencore afirma que implementa la guía de riesgos de la OCDE, y es parte de la Fair Cobalt Alliance (Alianza por la justicia en el cobalto), los sindicatos que representan a los trabajadores en Mutanda y KCC quieren que Glencore ejerza la diligencia debida en sus operaciones y que respete los convenios colectivos que ha firmado con los sindicatos.
 
Los afiliados de la RDC presentes en las operaciones de Glencore que asistieron al seminario son la Organization des Travailleurs Unis du Congo (OTUC), la Secretariat des Syndicats de IndustriALL (CSC), la Secretariat des Syndicats de IndustriALL de la CDT (CDT), la Secretariat IndustriALL Global (UNTC) y Travailleurs Unis des Mines, Metallurgies, Energie, Chimie et Industries Connexes (TUMEC). También participaron delegados de la oficina de la Friedrich Ebert Stiftung en Kinshasa, RDC.

La diligencia debida en las cadenas de suministro se convierte en ley en Alemania

Esta norma es parte de una ola de nuevas leyes sobre diligencia debida. En Noruega, a pesar de la oposición de los populistas de derecha, se espera que se apruebe una legislación similar, denominada la Ley de Transparencia.

La ley alemana aprobada el 11 de junio, la Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, exige que las empresas de más de 3000 empleados en Alemania (y al menos 1000 empleados, a partir de 2024) cumplan con las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente en sus operaciones. Esta exigencia también abarca las acciones de los proveedores directos y, en menor medida, de los indirectos.

Todavía queda pendiente la aprobación por parte de la segunda cámara del Parlamento, el Bundesrat, que se decidirá el 25 de junio, pero no se prevén obstáculos. La ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

Hacia finales del proceso legislativo, se incluyeron otros dos aspectos positivos en la ley:

Para los sindicatos, incluso si la ley no cumple con sus exigencias en todos los aspectos, esta se trata de un triunfo importante. Si una empresa no logra que sus filiales o proveedores cumplan con lo que corresponde, el caso podrá llevarse a juicio en un tribunal alemán.

Wolfgang Lemb, miembro del comité ejecutivo de IG Metall, expresó:

“La ley sobre la diligencia debida corporativa en las cadenas de suministro marca un cambio de paradigma muy esperado: de la voluntariedad empresarial a regulaciones legalmente vinculantes. Es un primer paso importante en el camino hacia el fortalecimiento de los derechos de millones de trabajadores que participan activamente en las cadenas de suministro mundiales de las empresas alemanas”.

Michael Vassiliadis, presidente de IG BCE, declaró:

“Después de muchos años, la industria no ha implementado prácticamente ningún proceso voluntario para salvaguardar los derechos de los trabajadores en las cadenas de suministro. Por lo tanto, apoyo plenamente la ley de diligencia debida. De aquí en más, ninguna multinacional podrá hacer la vista gorda cuando se trate de violaciones de los derechos humanos y normas ambientales. Además, los comités de empresa tendrán derecho a abordar la diligencia debida en el comité económico de la empresa. Este derecho, junto con la posibilidad de que nuestro sindicato pueda respaldar a las víctimas de otros países en los tribunales alemanes, nos brinda una herramienta sólida para fortalecer los derechos humanos a nivel mundial”.

Inicialmente, y solo en el sector manufacturero, más de 140 empresas con más de 1,5 millones de empleados en Alemania estarán sujetas a la ley.

En Noruega, la Ley de Transparencia tiene como objetivo promover el respeto de las empresas por los derechos humanos básicos y las condiciones de trabajo dignas a lo largo de las cadenas de suministro en la producción de bienes y servicios, así como también asegurar el acceso del público en general a la información sobre la manera en la que las empresas se hacen cargo de las consecuencias negativas de sus actividades.

Las empresas deberán llevar a cabo la diligencia debida a lo largo de toda su cadena de suministro, publicar los resultados y proporcionar más información según lo solicite el público en general.

8830 empresas noruegas —aquellas con más de 50 empleados y una facturación superior a NOK 70 millones (US$ 8,2 millones)— estarán sujetas a la nueva legislación. La norma se basa en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales.

A su vez, esta ley cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, incluido el de centroderecha, las principales ONG y la Confederación Noruega de Sindicatos (LO).

IndustriALL Global Union contribuyó al desarrollo de la ley al comparecer ante el panel que redactó el texto, al que le brindó ejemplos de la vida cotidiana en el sector manufacturero a nivel mundial y asesoramiento en materia de contenido.

Imágenes: Iniciativa Lieferkettengesetz

La preocupación sobre la violencia en Colombia: cuestión planteada en la CIT

A finales de abril, una amplia alianza de trabajadores colombianos y organizaciones de la sociedad civil del país empezaron a manifestarse pacíficamente contra un proyecto de ley de reforma tributaria, reformas regresivas de la legislación laboral y las pensiones, recibiendo como respuesta una brutal represión.

El sistema de supervisión y el Comité de Expertos de la OIT han destacado repetidamente que los sindicatos «deberían poder recurrir a protestas y huelgas, en especial, cuando tienen por objetivo criticar las políticas económicas y sociales de un gobierno». En Colombia, el Estado está respondiendo con unos niveles extraordinarios de violencia y está recurriendo a la policía antidisturbios contra su propia población, ensañándose especialmente con la juventud.

Las recientes amenazas de muerte recibidas por los líderes sindicales nuevamente se han difundido en las redes sociales. No se trata de incidentes aislados, sino que forman parte de una escalada de violencia contra líderes sindicales y sociales, que tiene su origen en la administración Duque-Uribe.

En su informe de 2021, el Comité de Expertos hace referencia a las denuncias específicas de CUT y CTC: (i) tres años tras la conclusión del Acuerdo de Paz, entre 2016 y mayo de 2020, se registraron 998 casos de violaciones de los Derechos Humanos a la vida y la seguridad de los líderes sindicales (incluidos 119 asesinatos); (ii) entre agosto de 2019 y mayo de 2020, se han registrado otros 141 actos documentados de violencia antisindical, incluidos 18 asesinatos y 101 amenazas de muerte, con una tendencia al alza en los asesinatos durante los cuatro últimos años; (iii) un 44 % de los actos de violencia antisindical son atribuibles a grupos paramilitares, mientras que un 52 % tiene origen desconocido.

El secretario general de IndustriALL Valter Sanches se dirigió a CAS en nombre de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, Educación Internacional y Servicios Públicos Internacionales, expresando una gran preocupación por la violencia extrema y el homicidio continuo de líderes y miembros sindicales, así como la inexistencia de unos esquemas de protección adecuados que el Gobierno colombiano supuestamente debería ofrecer a los líderes y miembros en riesgo.

En La Guajira, 226 trabajadores fijos fueron despedidos por la empresa minera Cerrejon, sin medidas equitativas de transición. La empresa aduce medidas de sostenibilidad, pero el despido masivo se interpreta como una represalia brutal a una exitosa huelga de 90 días que se llevó a cabo. No se consultan los sindicatos en cuanto que interlocutores sociales, lo que tiene como consecuencia que los casos de Covid incrementen rápidamente en los puestos de trabajo.
Los líderes sindicales de Unión Sindical Obrera están bloqueados y no se les permite el acceso a sus puestos de trabajo en Ecopetrol, lo que constituye una infracción del convenio colectivo actual. La empresa utiliza la pandemia del coronavirus como excusa para permitir que accedan únicamente los trabajadores convocados. Los trabajadores denuncian que sin líderes sindicales –que también son trabajadores– en el lugar de trabajo se violan sus derechos.

Valter Sanches ha declarado lo siguiente:

«A la luz de la actual escalada de violencia estatal y la brutal represión de las protestas civiles legítimas contra las reformas estructurales, las federaciones sindicales globales se alinean con las recomendaciones del Comité de Expertos de que el Gobierno de Colombia debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que todos los actos de violencia antisindical que se están produciendo, incluidos los homicidios, sean investigados y que los impulsores y responsables sean condenados».

SME de México celebra la legitimación democrática del convenio colectivo con Coral Group

El SME (afiliado a IndustriALL) celebró la legitimación democrática del convenio colectivo de trabajo (CCT) con la compañía de servicios de electricidad Coral Group el 9 de junio. Un total de 81 trabajadores votaron a favor de revisar el CCT que regirá las labores que realizarán los agremiados al SME en las instalaciones de la Central Ciclo Combinado Jorge Luque durante el periodo 2021-2023.

El secretario general del SME, Martin Esparza Flores dijo:

“Efectuamos un ejercicio democrático, como lo contempla la ley federal del trabajo en su última modificación, que tiene que ver con la legitimación de los contratos de trabajo y de los propios convenios.

Contamos con verificadores del Centro federal de conciliación y registro laboral para realizarle una consulta a los trabajadores. De un total de 82 votos emitidos, hubo 81 votos a favor de la revisión del contrato colectivo de trabajo.”

México promulgó la reforma a la ley Federal del trabajo en 2019. El objetivo fue cambiar el modelo de relaciones laborales y que los trabajadores gocen de mejor acceso a la justicia laboral, a ejercer la libertad de asociación y a conformar sindicatos democráticos. Para ello, estableció que son los trabajadores quienes pueden decidir a qué sindicato pertenecer y quiénes serán los dirigentes que los representarán, mediante voto personal, libre, secreto y directo.

Además, pautó que los trabajadores deberán aprobar el contenido de sus contratos colectivos en un plazo no mayor a 4 años, a través del voto personal, libre, directo y secreto. La finalidad es que los trabajadores conozcan el contenido de los mismos, y que a través de su aprobación, la autoridad garantice la libre negociación colectiva. De este modo, ayudará a eliminar los denominados “contratos de protección patronal”.

Hasta el momento, 1966 sindicatos con registro federal adecuaron sus estatutos, de un total de 2,090 sindicatos activos, equivalente a 94.06 % de avance, según cifras oficiales del gobierno. Además, 887 contratos colectivos de trabajo se legitimaron a lo largo del país y 244090 trabajadores fueron consultados en procesos de democracia sindical en México.

Aparte del SME, otros sindicatos afiliados a IndustriALL en México, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de Mexico (SNTGTM), el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM, “Los Mineros”), y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Automotriz, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITIMM) han podido actualizar los estatutos acordes a los lineamientos a la reforma laboral actual y legitimar sus convenios colectivos mediante voto personal, libre, secreto y directo.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani dijo:

“Felicitamos a las afiliadas de IndustriALL en México por llevar adelante procesos de consulta e involucrar a los trabajadores en el fortalecimiento de sindicatos nacionales fuertes, democráticos y de masas.

La participación de los trabajadores en la toma de decisiones sobre los contratos de trabajo fortalece nuestro poder sindical y compromete a los trabajadores tanto con la defensa de su sindicato como del contrato. A su vez, combatimos la intervención de las empresas y de los sectores del estado que promueven los contratos de protección patronal”.