Christine Olivier

Christine Olivier fue elegida secretaria general adjunta de IndustriALL Global Union en su 3.er Congreso, celebrado del 14 al 15 de septiembre de 2021. 

Christine Olivier es oriunda de Atlantis, una ciudad en la provincia del Cabo Occidental de Sudáfrica. Comenzó a trabajar en una fábrica de productos electrónicos en 1987, donde permaneció hasta su cierre en 2015. A finales de la década de 1990, Christine fue elegida representante sindical en la planta, luego llegó a ser presidenta de su sección sindical y, en 2003, vicepresidenta del NUMSA en el Cabo Occidental. Cuando fue elegida presidenta del NUMSA en el Cabo Occidental en 2005, Christine se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en el sindicato.

Durante su carrera sindical, Christine también se ha desempeñado como funcionaria a cargo de la Oficina Provincial del Cabo Occidental del COSATU y tesorera y presidenta nacional de Género del NUMSA. Entre 2008-2013, Christine fue la segunda vicepresidenta del NUMSA y, entre 2013 y 2016, la primera vicepresidenta. 

Durante muchos años, las relaciones internacionales han sido fundamentales para el trabajo de Christine, que ha sido integrante del Comité Ejecutivo de IndustriALL, así como copresidenta del Comité de Mujeres de IndustriALL y del Comité del Sector Automotor de esta organización. 

Desde 2017, Christine ha trabajado como asesora internacional del NUMSA. 

Declaración sobre Transición Justa adoptada en la COP26

La Declaración fue firmada por países del Norte Global con el peso económico para hacerla realidad, incluido EE. UU., Canadá, el Reino Unido, la Comisión Europea y varios países europeos individuales. Los países ricos se comprometieron a financiar los esfuerzos de mitigación del cambio climático y descarbonización en los países más pobres, y estos fondos ahora estarán sujetos al principio de Transición Justa.

También aplicarán los principios de la Declaración en sus planes nacionales sobre Transición Justa.

El texto de la declaración se preparó en estrecha colaboración entre el responsable de Transición Justa del gobierno del Reino Unido, la CSI, IndustriALL Global Union e IndustriAll Europe.

La Declaración se basa en el Acuerdo de París, las Directrices para una Transición Justa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de Silesia aprobada en la COP24 en Katowice, Polonia.

En el documento se reconoce que los efectos del cambio climático y de la descarbonización de la economía recaerán de manera desproporcionada sobre los que viven en la pobreza o tienen un trabajo inseguro, los que trabajan en industrias intensivas en carbono y que se encuentran en países que dependen de los combustibles fósiles. Además, se admite que esta situación amenaza con exacerbar la desigualdad por razón de género, raza, edad y de otro tipo. Su objetivo es garantizar que nadie se quede atrás en la transición del mundo hacia una economía sin efectos nocivos para el clima.

Los principios de la Declaración son los siguientes:

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:

“Todas las partes están hablando sobre la Transición Justa en esta COP. Esta es por sí sola una gran victoria para nosotros y demuestra que nuestras intervenciones se han abierto paso. Pero siempre ha habido una lucha con respecto a las definiciones, para asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo. También han escaseado los detalles sobre cómo se llevará a cabo la Transición Justa en la práctica.

Esta Declaración sienta un precedente muy importante. Los sindicatos de todos los países deben difundirla ampliamente y asegurarse de que sus gobiernos, empresas y otras partes interesadas comprendan su contenido, así como también ejercer presión activamente para garantizar que se cumplan estos principios y las Directrices de la OIT”.

Judith Kirton-Darling, subsecretaria general de IndustriAll Europe, declaró:

“No estamos hablando simplemente de otra declaración. Estamos hablando de lograr compromisos claros por parte de los gobiernos para que entablen un diálogo social eficaz con los trabajadores, así como también que acepten hacerse responsables y rendir cuentas por la implementación de los principios de la Transición Justa dentro del proceso de presentación de informes del Acuerdo de París. Los sindicatos tienen grandes expectativas hacia estos gobiernos y solicitan participar plenamente en el proceso”.

La Declaración surgió luego de intensas presiones ejercidas por el movimiento sindical durante muchos años. La semana pasada, IndustriALL Global e industriAll Europe publicaron una declaración conjunta en la que instaron a los gobiernos a ir más allá de las palabras e implementar una Transición Justa a través de medidas concretas sobre el respeto por el diálogo social y la participación de los trabajadores.

Participantes en una reunión de Transición Justa de la COP26 en la oficina de Unite the Union

En la COP26 de esta semana, los sindicatos celebraron una serie de eventos paralelos para promover iniciativas sobre Transición Justa. En el Día de la Energía, el 4 de noviembre, las partes anunciaron una asociación para la descarbonización del sector energético sudafricano, con un valor de 8500 millones de dólares, que los sindicatos recibieron con cautela. Los sindicatos seguirán de cerca los avances en Sudáfrica, ya que proporcionan un buen caso de prueba para un proceso internacional de Transición Justa a gran escala.

IndustriALL Global e industriAll Europe esperan seguir debatiendo sobre la Transición Justa en su evento paralelo conjunto en el Pabellón de la UE, que se celebrará el miércoles 10 de noviembre con sindicatos, empleadores, políticos y la Comisión Europea.

Huelga de sindicatos afiliados a FETRIMAP-CGTP en Perú

El STOMPSA está en una negociación colectiva hace ya casi 4 meses con la empresa Mexichem, ahora subsidiaria de Orbia Advance Corporation S.A.B. de la marca PAVCO – Wavin, empresa trasnacional  con presencia en 40 países, ganancias millonarias y líder en su rubro manufactura, con negocios centrados en química y petroquímica,

Según Dante Ayala, secretario general de STOMPSA:

“Estamos en una negociación prácticamente muerta, con gerencias extranjeras que vinieron a quitar los beneficios laborales. Lamentamos su accionar  que menosprecia al sindicato que existe hace 15 años y que nunca tuvo este tipo de rivalidades con gerencias peruanas con las cuales resolvía más rápido sus conflictos”

De acuerdo con el líder sindical, la gerencia discrimina a los compañeros en puestos de ascenso sindicalizados e intimida al sindicato en su derecho a huelga, mandando cartas notariales a las casas de los trabajadores sindicalizados.

Por otro lado, los trabajadores de CIA Minera Agregados Calcareos S.A (COMACSA), empresa dedicada a minerales no metálicos, también están en conflicto. La compañía es de capital peruano y uno de sus accionistas es dirigente del gremio empresarial llamado Sociedad Nacional de Industrias y, según los medios nacionales de comunicación, estaría vinculado a un sector empresarial que promueve la vacancia del Presidente de la República Pedro Castillo. 
La lucha de los compañeros se centra en el incremento salarial y el respeto a la organización sindical.

Ronald Miranda Estrada, secretario de defensa de SITRAMAC, sostuvo que el sindicato se encuentra en huelga indefinida porque la empresa se niega a atender los reclamos de los trabajadores y dijo:

“Desde el inicio de la negociación colectiva la empresa siempre quiso imponer un incremento salarial que está muy por debajo del costo de la canasta familiar, se niega a negociar nuestros petitorios a pesar de que algunos no son económicos, por ese motivo, por un trato digno y respeto a nuestros derechos, estamos hace 11 días en una huelga indefinida”

Por su parte, el Secretario General de FETRIMAP-CGTP, Gilmer Ibáñez Melendrez manifiesta que se vienen haciendo las coordinaciones con los alto funcionarios del Ministerio de Trabajo y la Autoridad Inspectiva (SUNAFIL) para que cumplan la ley. A su vez, asegura que ambas empresas contrataron trabajadores tercerizados para cubrir los puestos de los huelguistas.

Sindicatos preocupados por el acuerdo de financiación de la Transición Justa para Sudáfrica anunciado en la COP26

Sin embargo, afirman que el acuerdo de asociación multilateral para la transición energética justa anunciado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la COP26 el 2 de noviembre, carece de detalles sobre cómo se llevará a cabo dicha transición energética. La asociación, con un valor de 8500 millones de dólares, tiene como objetivo contribuir a los planes sudafricanos de cerrar las minas de carbón lo más pronto posible y pasar a fuentes de energía renovables.

Esta iniciativa, que proporcionará fondos para la transición energética del carbón intensivo en carbono a fuentes de energía renovables bajas en carbono, como la energía solar y la eólica, fue firmada entre los gobiernos de Sudáfrica y Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Se implementará durante un período de tres a cinco años. El acuerdo es el primero de este tipo y un posible modelo para otros países en desarrollo.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa describió la asociación, que consiste en financiamiento concesional, como un “momento decisivo” que aumentará la seguridad energética del país al “crear empleos y aprovechar nuevas oportunidades de inversión, con el apoyo de las economías desarrolladas”.
 
“El cambio climático es un desafío existencial al que nos enfrentamos todos y Sudáfrica está comprometida a contribuir con la reducción de las emisiones globales”, expresó, y añadió que se invertirá en la fabricación de vehículos eléctricos e hidrógeno verde.

Según el gobierno, el acuerdo beneficiará a los mineros del carbón y sus comunidades. Los sindicatos sostienen que más de 100.000 mineros del carbón perderán sus puestos de trabajo. Cuando se cierren las minas, otras 100.000 personas de las comunidades que se ganan la vida con la cadena de valor del carbón deberán recibir una compensación. Los estudios estiman que el costo de la transición justa para los mineros del carbón incluirá la compensación, el reentrenamiento, la reubicación y la rehabilitación de las comunidades, así como otros costos relacionados con el desarrollo económico regional.

También se espera que la asociación proporcione fondos a la empresa eléctrica Eskom para el desmantelamiento de las centrales eléctricas de carbón que se concentran en la provincia de Mpumalanga. Sudáfrica es el duodécimo país más contaminante del mundo y el primero de África.

Irvin Jim, el secretario general de NUMSA, declaró:

“Nos preocupa que este anuncio acelere la prisa por cerrar las centrales eléctricas de carbón antes de que se encuentre una solución viable para un suministro energético constante. Actualmente, la energía renovable no puede satisfacer las necesidades de la industria. Si va a haber una transición, el gobierno debe presentar un plan social para desarrollar las provincias y regiones que se verán afectadas, con caminos específicos para reemplazar los empleos y las industrias”.

 

“Si bien la financiación de la transición es clave, el proceso seguido es más importante para el sindicato. El sindicato necesita garantías de que los trabajadores y las comunidades de la clase trabajadora no se verán afectados negativamente. Actualmente, no está claro para qué se utilizará este dinero, en qué condiciones se accederá y si una parte significativa de este se utilizará para proteger a los trabajadores y las comunidades. Los sindicatos siguen preocupados por el acuerdo”,

expresó William Mabapa, secretario general interino del Sindicato Nacional de Mineros (NUM).

Las políticas de transición energética del país incluyen las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) que forman parte del Acuerdo de París. Además, el Plan Integrado de Recursos (2019-2030) describe cómo el carbón será reemplazado por fuentes de gas y energías renovables.

Diana Junquera Curiel, directora del sector energético de IndustriALL, expresó:

“Esta es una asociación importante porque la mitigación del cambio climático necesita de una cooperación mundial, especialmente entre los países desarrollados y en desarrollo. Además, el gobierno sudafricano debe interactuar más con los sindicatos y negociar con ellos para proteger los intereses de los trabajadores y las comunidades. Esto se puede hacer a través de un plan detallado de Transición Justa que estipule una compensación adecuada, capacitación y otros beneficios para los trabajadores y las comunidades”.

El cobre no es rentable para los trabajadores de BHP en Chile

El 26 de octubre, los sindicatos chilenos de BHP se reunieron en un taller en línea organizado por IndustriALL Global Union para analizar cuestiones de diligencia debida en materia de derechos humanos en las cadenas de suministro mundiales, así como de salud y seguridad laboral.

Según el director de minería de IndustriALL, Glen Mpufane, el cobre es el metal más importante para la economía mundial y es muy demandado para la transición energética.

“Como resultado, los accionistas de BHP disfrutan de una rentabilidad atractiva, pero ¿cuáles son los beneficios para los trabajadores, las comunidades y el país en general?”,

preguntó Mpufane.

Según los sindicatos de BHP, la única forma de buscar reparación por violaciones de derechos es a través de los tribunales. Esta visión no tiene en cuenta los mecanismos de diligencia debida en materia de derechos humanos existentes, como los Principios Rectores de la ONU y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que proporcionan un modelo para una conducta empresarial responsable.

“Estos mecanismos deberían utilizarse al máximo para hacer que BHP rinda cuentas. Hoy en día, los problemas ambientales, sociales y de gobernanza se consideran el mayor riesgo para la industria minera. BHP ya no puede evadir estos problemas. Debe mostrar respeto por los trabajadores, las comunidades y el país en su conjunto”,

declaró Mpufane.

El taller, que se organizó como parte de un proyecto de la FES, también abordó el tema de salud y seguridad y la campaña para la ratificación del C176 de la OIT sobre salud y seguridad en las minas.

En un contexto de constante rechazo hacia los reclamos de los trabajadores, IndustriALL está llevando a cabo una campaña mundial contra BHP para entablar un diálogo social con esta empresa acerca de su lamentable historial de maltrato hacia los trabajadores y sus comunidades, así como de la degradación ambiental causada en todas sus operaciones a nivel internacional.

IndustriALL exhorta a las empresas a retirar sus inversiones en Myanmar

Un delegado de Myanmar presenta la resolución mientras los participantes muestran su apoyo

Las intervenciones se realizaron en una serie de reuniones y comunicaciones con multinacionales de las industrias de energía, siderurgia y confección, así como a través de iniciativas de múltiples partes interesadas.

Las acciones emprendidas surgen como consecuencia de una resolución en apoyo de la democracia en Myanmar adoptada por unanimidad en el 3.er Congreso de IndustriALL, celebrado los días 14 y 15 de septiembre de 2021, con la participación de 434 sindicatos de 111 países. En dicha resolución se reclaman sanciones económicas integrales contra la junta militar. La decisión de imponer sanciones, que recibió el apoyo de sindicatos y activistas de todo el mundo, fue tomada por el movimiento sindical de Myanmar.

El argumento central de IndustriALL es que las violaciones de derechos humanos en el país imposibilitan el comercio ético, ya que las empresas no pueden garantizar la seguridad de sus trabajadores. En el mensaje enviado a las empresas expresa lo siguiente:

“…el 1.o de febrero de 2021, un golpe de Estado del ejército en Myanmar provocó la detención de los líderes elegidos democráticamente de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) Win Myint y Aung San Suu Kyi, y de muchos otros líderes políticos, horas antes de la ceremonia de juramentación del nuevo Parlamento y de la formación de un nuevo gabinete. Desde entonces, la junta militar ha llevado a cabo arrestos, asesinatos y otras formas de violencia contra políticos, activistas y trabajadores en Myanmar.

Los militares han matado al menos a 1088 personas, detenido a más de 8100 y emitido 1984 órdenes de arresto.

Cientos de miles de trabajadores ya perdieron sus empleos. Los sindicalistas y trabajadores que participan en las manifestaciones pacíficas están siendo acosados por los militares. Las personas puestas bajo custodia militar o policial son brutalmente torturadas, y a menudo terminan muertas. Muchos lugares de trabajo y zonas industriales, como Hlaing Thar Yar y Shwepyitha, han sufrido ataques violentos por parte del ejército.

Es imperioso actuar ahora para fortalecer y apoyar la democracia en Myanmar y así ayudar a poner fin a las flagrantes violaciones de los derechos humanos y sindicales.

Creemos firmemente que el apoyo y la estricta adhesión de las marcas a la aplicación de sanciones económicas integrales contribuirán en gran medida a restaurar el libre ejercicio de los derechos fundamentales del pueblo de Myanmar”.

Un experto en derechos humanos de la ONU advirtió recientemente a la Asamblea General que “Myanmar podría estar en vísperas de pérdidas de vidas y una catástrofe de derechos humanos aún mayor en medio de informes de que la junta militar está trasladando decenas de miles de tropas y armas pesadas al norte del país”.

Trabajadores alcanzan acuerdos en Electrolux Chile y México

En Chile, los trabajadores de los Sindicatos 1 y 2 de Compañía Tecno Industrial (CTI S.A.), actualmente en manos de la multinacional sueca ELECTROLUX, llevan a cabo una extensa lucha que reivindica el derecho a la negociación colectiva.

El 14 de junio del corriente año se celebró la  Audiencia de Sentencia ante el Juzgado de Primera Instancia Laboral de Santiago, donde la propuesta inicial de la empresa (que consistía sólo en mantener el piso de negociación y otorgar un bono por terminación de la negociación y una contribución sindical complementaria) fue rechazada por unanimidad, no sólo porque fue decepcionante que la administración esperara 7 meses para hacer una oferta tan insignificante, sino también porque no cumplió con los plazos de negociación originales.

A pesar de que actualmente la gerencia y el sindicato continúan enfrentados, los trabajadores alcanzaron acuerdos con la empresa porque se encontraban presionados por lo desgastante que ha sido el proceso y los costos económicos del procedimiento jurídico.
 
Por su parte en México, el pasado 26 de octubre, después de 18 meses y de muchas reuniones entre IndustriALL, el sindicato sueco Unionen en representación del comité de empresa, y la directiva de Electrolux en Suecia y en Estados Unidos, finalmente, se llegó a un acuerdo con los últimos seis trabajadores despedidos que no habían aceptado firmar su  renuncia voluntaria y que llevaron el caso a la corte –hasta ahora estos trabajadores no habían recibido ni un centavo de indemnización por sus despidos arbitrarios en abril de 2020 en Electrolux, Cd Juárez.

A pesar de este resultado positivo, la multinacional no les ofreció una compensación del 100% de indemnización por despido injustificado y “salarios caídos” a partir de la fecha de despido, pero, después de tanto aguantar aunque no obtuvieron lo que exigieron, los trabajadores firmaron el acuerdo porque  por fin se resuelve la situación en lugar de demorar y arrastrar el caso en la Corte un año más. Por ende confirmamos que este viernes 29 los seis trabajadores cobraron sus cheques de compensación. 

Finalmente, el secretario general adjunto, Kan Matsuzaki, dijo: 

“Nos alegramos de los acuerdos logrados en ambos casos, sin embargo, la compañía necesita mejorar la debida diligencia en los países donde muchas empresas siguen sin respetar los derechos fundamentales de los trabajadores. IndustriALL seguirá dialogando con los sindicatos suecos y Electrolux  y buscará mecanismos para mejorar el diálogo social y las condiciones de trabajo a través de nuestro Acuerdo Marco Global ”.

Unidos por una industria marítima sostenible

 

La reunión, celebrada el 29 de octubre, contó con la participación de unos 50 representantes sindicales de 18 países. El copresidente del sector, Kenichi Kanda, inauguró la reunión con el siguiente mensaje:

“Nuestro sector se ha visto seriamente afectado por la COVID-19. Ha habido escasez en la cadena de suministro y una caída en el transporte marítimo a causa de los confinamientos. Todavía tenemos exceso de tonelaje. Los desafíos ambientales se están volviendo más graves y también nos enfrentamos a problemas relacionados con la seguridad y la digitalización. No obstante, si nos sumamos a esta ola de cambio, podremos prosperar en lugares de trabajo seguros y verdes”.

Eileen Yeo Chor Gek, copresidenta del sector, expresó:

“Con la construcción de nuevos buques y la introducción de nueva tecnología, incluida la propulsión de combustible de hidrógeno, los drones de mantenimiento y los sistemas autónomos, nuestro sector se encuentra en una mejor posición que en esta época del año pasado. El transporte marítimo verde es el futuro: debemos preparar a nuestros miembros para esto con el fin de proteger los puestos de trabajo y mejorar la seguridad”.

El primer buque autónomo con cero emisiones del mundo, el Yara Birkland, se construyó en Noruega y tendrá su viaje inaugural a finales de este año. Ya existen transbordadores de pasajeros híbridos enchufables en funcionamiento.

Elspeth Hathaway, de IndustriAll Europe, señaló que los sindicatos europeos han sido, con cierto éxito, muy activos en el fomento de la Transición Justa. El recientemente establecido Pacto por las Capacidades para el sector de la tecnología marítima de la UE tiene como objetivo proporcionar formación a 200.000 trabajadores de toda la industria durante los próximos cinco años, y prevé contratar a 230.000 nuevos trabajadores durante el próximo decenio. Aunque el sector, en particular la industria de los cruceros, se vio muy afectado por la COVID, la Unión Europea tiene planes ambiciosos para el transporte marítimo verde. Si bien la Organización Marítima Internacional se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones en un 50 por ciento para 2050, la UE apunta a alcanzar las cero emisiones netas para ese año.

El secretario general adjunto Kan Matsuzaki ofreció un panorama general de las tendencias globales que enfrenta el sector y mencionó las preocupaciones sobre la fusión impugnada en curso entre Hyundai Heavy Industries y Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Según el Sindicato Coreano de Trabajadores Metalúrgicos, si la fusión tiene éxito, la nueva empresa dominará la industria mundial de la construcción naval y creará una consolidación masiva en torno a las malas prácticas laborales.

Matsuzaki se refirió a los avances logrados en cuanto a la ratificación del Convenio de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques. Actualmente, 17 países han ratificado el Convenio, por lo que se superó el umbral de los 15 necesarios. Sin embargo, debido a que una proporción tan grande del desguace de buques ocurre en Bangladesh y Pakistán, es importante que estos países lo ratifiquen.

Vidyadhar Rane, de la India, demostró la diferencia que marcaría el Convenio. Desde que India comenzó a cumplir con las normas de este instrumento, han mejorado las instalaciones y la seguridad. El proyecto conjunto para el desguace de buques de IndustriALL-FNV elaboró un manual de seguridad para los trabajadores y logró afiliar a miles de nuevos miembros.

Matsuzaki también destacó la importancia de la Transición Justa y mencionó, como ejemplo modelo, una cláusula con respecto a este tema para los convenios colectivos creada por la Unión Sindical Eléctrica de Australia. Además, presentó el plan de actividades del sector para 2022, que incluye presionar a los gobiernos de Bangladesh y Pakistán para que ratifiquen el Convenio de Hong Kong y mejorar la participación de las mujeres en el sector y sus sindicatos. El sector también se centrará en promover la Transición Justa y la recuperación verde.

Los participantes de la reunión avalaron las actividades del sector para los próximos doce meses. El trabajo se centrará en:

Foto: © Yara / Knut Brevik Andersen, Wilhelmsen Ship Service

Crisis del sector automotriz en Brasil

Para afrontar la situación, las empresas están suspendiendo los contratos de los trabajadores temporalmente.
En particular en Brasil, varias empresas se vieron en la necesidad de asumir estas medidas y los contratos se están suspendiendo por un período de hasta cinco meses,según su legislación.
 
A partir de noviembre, 1.500 trabajadores de Volkswagen que trabajan en la fábrica de São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de São Paulo quedarán con los contratos suspendidos.
Durante este período, la producción en la planta de Anchieta operará con un solo turno. La medida, fue negociada con el sindicato de metalúrgicos de ABC.

Según el líder sindical del Sindicato de Metalúrgicos ABC y coordinador general de la representación de los trabajadores de Volkswagen, José Roberto Nogueira da Silva, (Bigodinho) la iniciativa preservará estos puestos de trabajo y agregó: 

“Es fundamental contar con esta herramienta para atravesar períodos de crisis como el que estamos viviendo; Ahora mismo estamos utilizando los despidos para evitar despidos masivos, sin los cuales muchos trabajadores podrían perder sus puestos de trabajo ”

En la planta Ancheta alrededor de 4.500 metalúrgicos trabajan en la línea de montaje y alrededor de 2.500 operarán en el único turno que se mantendrá. Un grupo de 450 personas ha estado en despido durante algunos meses, la mayoría de ellos trabajadores en el grupo de riesgo covid-19.

Por su parte, GM suspende contratos para 1.200 empleados en la planta de São José dos Campos (SP) por el mismo motivo y sigue negociando las condiciones del despido con el sindicato.

Asimismo, Fiat adoptó la suspensión de contratos para 1.8 mil trabajadores en Betim (MG) por 90 días y Renault, por su parte, puso a 300 empleados en la planta de São José dos Pinhais (PR) en despido. 

Anteriormente, la planta Gravataí (RS) estuvo cerrada durante casi cinco meses y la planta São Caetano (SP) durante dos meses. 

La red sindical mundial de Saint-Gobain promueve el diálogo social

37 participantes de 17 países asistieron a la reunión anual en línea, celebrada los días 27 y 28 de octubre, para discutir sobre los reclamos y los objetivos de los trabajadores de Saint-Gobain.

El coronavirus representa un gran desafío para los trabajadores y sus familias en todo el mundo. El acceso a la vacunación en el sur global sigue siendo un problema y los sindicatos están trabajando intensamente para resolver la cuestión de la distribución justa de las vacunas.

Saint-Gobain ha retomado la totalidad de sus actividades, pero la crisis de la COVID-19 sigue afectando la organización del trabajo.

Dominique Bousquenaud, secretario general del afiliado francés de IndustriALL FCE-CFDT y coordinador de la red sindical de Saint-Gobain, observó que, si bien la situación económica general de la empresa es buena, la falta de materias primas provocó que algunas fábricas detuvieran su producción.

Saint-Gobain atravesó una gran transformación organizacional entre 2018-2020, llamada “Transformación y crecimiento” (Transform & Grow), para potenciar las sinergias y abandonar las actividades menos rentables para concentrarse en las más rentables y prometedoras. La empresa ha anunciado su nuevo plan estratégico, llamado “Crecimiento e impacto” (Grow & Impact), dirigido a acelerar el crecimiento y minimizar el impacto ambiental del grupo. El director de diálogo social de Saint-Gobain, Regis Blugeon, asistió a la reunión y dio a los delegados la oportunidad de expresar sus preocupaciones y discutir sobre el diálogo social a nivel mundial.

Los participantes observaron que el diálogo social a nivel local debe desarrollarse aún más, así como también destacaron la importancia del contexto mundial, especialmente cuando la legislación local no proporciona una buena protección a los trabajadores.

En Colombia, la empresa no reconoce al sindicato y rechaza todas sus propuestas acerca de la salud y la seguridad o el trabajo temporal. El diálogo es posible solo dentro del marco de la legislación existente y no brinda una protección suficiente a los trabajadores.

En Indonesia, disfrazado como programa de jubilación temprana, se incentivó a los trabajadores a jubilarse y luego se los volvió a contratar con salarios más bajos y peores condiciones por medio de estrategias de tercerización. Los trabajadores jóvenes no reciben suficiente formación y ponen en riesgo su salud. El empleador usa la Ley general a su favor, permitiendo así que se explote a los trabajadores.

En la India, los trabajadores se ven desmotivados por las condiciones precarias, que incluyen salarios bajos y una peor cobertura de salud.

En Alemania, la planta de vidrio de Mannheim, que cuenta con 150.000 empleados, se trasladó a Polonia, donde hasta el día de hoy no hay representación de los trabajadores. Muchas fábricas de Glassolutions se han vendido a otras empresas en los últimos 18 meses. La división Saint-Gobain Sekurit, que suministra vidrio a la industria automotriz, está atravesando dificultades a medida que se producen cada vez menos automóviles debido a la escasez de materias primas y semiconductores.

Los trabajadores en España y Bélgica están preocupados por el futuro de sus empleos debido a los equipos obsoletos y la falta de claridad sobre los planes de futuras inversiones.

Alexander Ivanou, director de industrias de materiales de IndustriALL, expresó:

“Esta reunión brindó la oportunidad de ver con claridad los diferentes problemas a los que se enfrentan los trabajadores de Saint-Gobain en todo el mundo y de expresar nuestra solidaridad. Los informes de los delegados demuestran la necesidad de un diálogo social a nivel mundial, una herramienta que ha demostrado ser útil en la resolución de problemas y conflictos. Una vez más invitamos a la empresa a entablar un diálogo social genuino”.