La unidad de los trabajadores de la planta de ArcelorMittal en Zenica, Bosnia y Herzegovina, conduce a la victoria
La SMFBIH, afiliada a IndustriALL Global Union, y su Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos en la planta de ArcelorMittal en Zenica, firmaron un nuevo convenio colectivo después de siete meses de duras negociaciones.
IndustriALL Global Union e industriAll European Trade Union habían expresado su solidaridad con los trabajadores a través de una carta conjunta dirigida a la dirección de la empresa en Zenica, en la que pidieron negociaciones genuinas y apoyaron los reclamos de los sindicatos y el derecho de huelga.
Gracias a este convenio colectivo, vigente hasta mayo de 2023, los trabajadores ganarán en promedio un 17 por ciento más, con aumentos en la remuneración del turno de la noche, bonos vacacionales y el pago del transporte para quienes vivan a 3 km de la planta, así como también recibirán un aguinaldo.
Zuhdija Kapetanovic, presidente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de la planta de ArcelorMittal en Zenica, expresó:
“Hemos dejado atrás lo que ha sido un período muy difícil de negociación y organización de la huelga. Tenemos una legislación que dificulta mucho que los sindicatos hagan huelga. El más mínimo error de procedimiento puede conducir a una orden judicial y despidos de trabajadores, así como dar lugar a reclamaciones del empleador por una indemnización de millones de dólares por daños y perjuicios. La empresa lo sabe muy bien y trató de dificultárnoslo en todos los sentidos. Pero no tuvo éxito. Al mismo tiempo, hemos trabajado activamente para preservar la unidad de los trabajadores. Juntos hemos vencido el miedo y todas las presiones ejercidas sobre nosotros. Hemos tenido éxito en nuestros reclamos y el nuevo convenio colectivo garantizará la paz social en ArcelorMittal en Zenica hasta mayo de 2023. ¡Los trabajadores simplemente están contentos de poder seguir trabajando!”
El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró:
“Estos trabajadores nunca dejaron de trabajar, ni siquiera durante el confinamiento. Arriesgaron sus vidas para cumplir con sus obligaciones laborales, incluso cuando ocho trabajadores que habían contraído el coronavirus murieron trágicamente. A pesar de la ‘crisis’, 2020 fue mejor que 2019 para ArcelorMittal en Zenica y los trabajadores merecen recibir una parte justa de las ganancias que han generado”.
Luc Triangle, secretario general de industriAll Europe, afirmó:
“Los trabajadores de ArcelorMittal en Zenica realizan su trabajo en las condiciones más peligrosas y son responsables de una producción que vale varios cientos de millones de BAM. Muchos se ven obligados a tener un trabajo adicional en su tiempo libre, o incluso dos, solo para poder garantizar el sustento de sus familias”.
Los trabajadores del sindicato estaban decididos a mantenerse firmes en su reclamo de un salario digno y no se dieron por vencidos ante las amenazas. IndustriAll Global Union e industriAll Europe felicitan a su afiliada SMFBIH por sus exitosas negociaciones colectivas, que demuestran una vez más que los trabajadores unidos y organizados pueden lograr mucho más.
Sindicato apela con más fuerza a un diálogo urgente a favor de la democracia multipartidista en Esuatini
El congreso contó con la participación de 60 delegados de las 20 secciones del sindicato en el sector textil y de la confección y otras industrias manufactureras.
El evento se celebró bajo el lema “Reafirmar el control de los trabajadores en la defensa de los derechos fundamentales”. En este congreso nacional, se debatió sobre la manera en la que el ATUSWA “puede maximizar su contribución a la democratización del país para lograr un gobierno que escuche la difícil situación de los trabajadores”.
Según el sindicato, a juzgar por los acontecimientos recientes, se siguen violando los derechos humanos y laborales, incluida la libertad sindical.
Wander Mkhonza, secretario general del ATUSWA, expresó:
“El 21 de octubre, mientras se encontraban en una reunión en Matsapha, y como preparación a la huelga textil prohibida por el Tribunal Laboral, la policía arrojó, sin previo aviso, gases lacrimógenos a los trabajadores y dirigentes sindicales. Esto sucedió a pesar de que se había informado a la policía sobre la reunión”.
Además, el sindicato afirma que más de 100 personas, incluidos algunos miembros del sindicato, fueron asesinadas a tiros por la policía y el ejército, al tiempo que varias resultaron heridas en manifestaciones recientes a favor de la democracia. Entre los heridos y muertos se encuentran estudiantes de secundaria. Las escuelas, colegios y universidades todavía están cerradas y solo unas pocas permanecen abiertas para exámenes.
“Necesitamos un diálogo urgente ahora y no dentro de tres meses. Este es el momento de tomar medidas contundentes. No podemos permitirnos perder el tiempo cuando los agentes de seguridad del Estado continúan haciendo un uso excesivo de la fuerza”,
declaró Mkhonza.
A pesar de la violencia, el sindicato continúa alentando a los trabajadores a participar en la campaña a favor de la democracia. Es que los trabajadores, según el sindicato, al ser miembros de las comunidades, deben participar en las luchas comunitarias.
“Durante mucho tiempo, el pueblo de Esuatini ha debido enfrentarse a la fuerza bruta y la persecución por parte de las fuerzas de seguridad y la justicia por manifestarse. Queremos reformas democráticas y no esta monarquía absoluta encabezada por un rey que está más preocupado por costear los lujos de la familia real que por los ciudadanos que viven en la pobreza. Queremos un diálogo constructivo y seguiremos protestando hasta que se cumplan nuestras demandas”,
dijo un trabajador.
Los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil han presentado peticiones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en las que exhortaron al gobierno a respetar los derechos humanos.
En una carta dirigida al primer ministro de Esuatini, Cleopas Dlamini, Atle Høie, secretario general de IndustriALL, escribió:
“En el Congreso de IndustriALL Global Union, celebrado el 14 y 15 de septiembre, 3000 delegados de 434 organizaciones en 111 países, que participaron de forma remota, aprobaron por unanimidad una resolución que expresa una profunda preocupación por la continua violencia en Esuatini y pide reformas democráticas en el país”.
El presidente del organismo sobre política, defensa y seguridad de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional y presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se reunió con el rey Mswati III como parte de los esfuerzos diplomáticos “para poner fin a la violencia y el conflicto y mantener la paz y la calma en el reino a medida que se comienza a trabajar en el proceso de diálogo nacional”.
En Esuatini, la única monarquía absoluta de África, las protestas estallaron cuando las comunidades, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil salieron a las calles para exigir reformas democráticas, incluida una revisión de la constitución de 2005, una derogación de la proclamación de 1973 que prohibió los partidos políticos y otras leyes represivas.
El rey Mswati III, que tiene poderes ejecutivos, judiciales y legislativos, designa a los ministros principales y al primer ministro. El estilo de vida extravagante del rey y la familia real, con automóviles de lujo y jets privados, en medio de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, ha enfurecido a los sindicatos, las comunidades y la sociedad civil. El monarca, que figura entre los más ricos del mundo, tiene un patrimonio neto estimado de 200 millones de dólares. Su familia de 15 esposas y 23 hijos se beneficia de una asignación presupuestaria nacional para la casa real de más de 65 millones de dólares por año.
Según el Programa Mundial de Alimentos, Esuatini tiene una tasa de pobreza del 58,9 %, y la prevalencia del VIH del 26 % en el país se encuentra entre las más altas del mundo. Se estima que el desempleo supera el 40 %.
Sindicatos en la COP26: lo que hicimos, lo que logramos y en lo que debemos centrarnos a continuación
Los sindicatos han estado asistiendo a las COP desde 2008, y su capacidad de organizarse e influir en los resultados ha aumentado cada año. La delegación sindical llegó a Glasgow bien preparada. Los sindicatos ejercieron presión sobre los negociadores, organizaron y coordinaron una respuesta colectiva y crearon coaliciones y redes. A su vez, participaron en una serie de eventos y reuniones tanto dentro como fuera de la Zona Azul, la sede oficial de la COP26.
Para ingresar a la Zona Azul, los delegados necesitaban obtener un pase oficial y someterse a una prueba de COVID diaria y a una larga espera en seguridad, normalmente de una hora cada mañana. Los miembros de la delegación sindical coordinaron su trabajo a través de una reunión matutina diaria y un grupo de WhatsApp, donde intercambiaban documentos e información logística.
Los delegados hacen cola para ingresar a la Zona Azul
Fuera de la Zona Azul, la Coalición COP26, conformada por organizaciones de la sociedad civil, incluidos sindicatos, realizó una contracumbre que incluyó unos 200 eventos. Los sindicatos también organizaron una serie de eventos paralelos separados. Puede ver el orden del día de IndustriALL para la conferencia aquí.
Debido a la gran cantidad de eventos, los delegados eligieron ciertas áreas clave en las que centrarse. Para IndustriALL, una de las prioridades principales era lograr compromisos sólidos en materia de Transición Justa. Un día típico en la COP incluía reuniones dentro de la Zona Azul y en toda la ciudad.
El 3 de noviembre, por ejemplo, IndustriALL participó en dos reuniones en la Zona Azul: un grupo de trabajo de la OIT sobre Transición Justa y trabajo digno y un evento paralelo de la CSI sobre el mismo tema.
El 4 de noviembre fue el Día de la Energía en la Zona Azul y se anunció un plan para descarbonizar el sector energético sudafricano. Sharan Burrow, de la CSI, calificó el plan como “un modelo que debemos emular”.
En el #EnergyDay de la #COP26 (Día de la Energía de la COP26), se anunció la Asociación Internacional de Transición de Energía Justa para financiar la descarbonización de Sudáfrica. @SharanBurrow de la CSI (@ituc) llamó el acuerdo un modelo de Transición Justa #JustTransition: pic.twitter.com/wpaoDlUWmE
Por la tarde, IndustriALL e industriAll organizaron una reunión híbrida en las oficinas de Unite the Union, un afiliado del Reino Unido, para desarrollar las mejores prácticas en materia de Transición Justa. Asistieron unas 150 personas, tanto de forma remota como presencial, y se intercambiaron varios ejemplos de diferentes países.
Delegados en la oficina de Unite
El viernes 5 de noviembre, la huelga estudiantil por el clima Fridays for Future marchó por la ciudad y se congregó en George Square, junto con una delegación sindical que incluía a trabajadores de recolección de residuos del sindicato GMB, afiliado a IndustriALL.
Al día siguiente, 100.000 manifestantes desafiaron el frío glacial y la lluvia torrencial para marchar por la ciudad con motivo del Día Mundial de Acción por la Justicia Climática, uniéndose a los manifestantes en ciudades de todo el mundo. La manifestación, que incluyó un gran contingente sindical y de trabajadores, marchó desde Kelvingrove Park hasta Glasgow Green.
Esa noche, la CSI, IndustriALL, la confederación noruega LO y el Congreso de Sindicatos de Escocia (STUC) celebraron una reunión para debatir acerca de la Transición Justa en el sector energético, en particular el del petróleo y el gas, en la que IndustriALL propuso la idea de negociar acuerdos mundiales sobre Transición Justa.
El 7 de noviembre, la delegación sindical celebró una reunión de estrategia en la Universidad de Strathclyde, que duró todo el día. Durante la jornada se recibieron aportes de dirigentes de alto nivel de federaciones sindicales internacionales y las centrales sindicales nacionales STUC y TUC.
Corinna Zierold, de industriAll Europe, y Diana Junquera Curiel, de IndustriALL Global Union
En los períodos entre las reuniones, la prioridad de los delegados era dar seguimiento a las negociaciones, actualizar documentos y redactar informes, por lo que encontrar un espacio de trabajo con conexión a Internet y electricidad para cargar dispositivos era esencial. Debido a que la Zona Azul era extremadamente concurrida y ruidosa, esto a menudo significaba trabajar en cualquier lugar de la ciudad que ofreciera un espacio adecuado.
El 10 de noviembre, IndustriALL e industriAll celebraron un evento paralelo conjunto en el Pabellón Europeo de la Zona Azul para debatir acerca de lo que se debe hacer para que la Transición Justa se convierta en realidad. Este evento fue de suma importancia, por la dificultad de conseguir un espacio y porque los organizadores confirmaron que se trataba del único evento sindical organizado en su pabellón.
Las experiencias de Transición Justa #JustTransition son muy diferentes según el país: Colin Potter de @unitetheunion está “extremadamente frustrado” con el gobierno británico, al tiempo que Karl-Petter Thorwaldsson de @SSAB_AB afirma que los trabajadores en Suecia se mantienen positivos y ven que se están creando empleos. #COP26pic.twitter.com/OOBd0vbDBR
Aparte de las reuniones oficiales, los delegados también se reunieron con ministros del gobierno y ejercieron presión sobre ellos, así como también se reunieron con representantes de la sociedad civil. Se formaron nuevas amistades y relaciones profesionales y se intercambiaron ideas.
Cuando las conversaciones se extendieron más de lo debido, los sindicatos se mantuvieron conectados a la última sesión plenaria hasta las 11:45 pm del sábado 13 de noviembre. Richard Hardy, del sindicato Prospect, pronunció un discurso de clausura en nombre del movimiento sindical mundial, en el que expresó su decepción por la falta de ambición mostrada por los líderes mundiales.
A pesar de las carencias del Pacto Climático de Glasgow, los sindicatos consideraron que sus intervenciones habían tenido éxito y que las demandas sindicales principales estaban cobrando cada vez más impulso.
Con respecto al camino a seguir, la directora de energía de IndustriALL y delegada de la COP, Diana Junquera Curiel, expresó:
“Tenemos una gran tarea por delante: debemos asegurarnos de que los países cumplan sus promesas en materia de Transición Justa y de que el dinero invertido en la transición beneficie a nuestros miembros. Para lograr el mejor resultado, nuestra respuesta debe ser coordinada y mundial.
Esto significa que tenemos que dialogar con nuestros afiliados para explicarles los posibles impactos que tendrán los compromisos de la COP sobre ellos, así como para ayudarlos a prepararse para influir en el resultado tanto como puedan.
Para nosotros, el fondo de descarbonización de Eskom en Sudáfrica es un caso de prueba crucial. Si se puede lograr con éxito, con un acuerdo sindical y una Transición Justa para todos los trabajadores afectados, se creará un modelo importante que podremos utilizar en todas partes.
Nos encontramos en un punto de inflexión crucial en la historia mundial. No es demasiado tarde para prevenir un cambio climático peligroso, pero estamos muy cerca. Si construimos una coalición fuerte, podremos obligar a nuestros gobiernos a tener la ambición de invertir en el futuro, en lugar de limitarse a esperar a que los mercados desarrollen una solución técnica.
Podemos construir un mundo mejor para todos”.
“Los fondos para la Transición Justa #JustTransition son para la gente, no para las empresas”, expresó @dianajunquerac de IndustriALL. “Ninguna empresa que no consulte a sus trabajadores ni a sus sindicatos debería recibir estos fondos”. #COP26pic.twitter.com/4D8RNMx8dA
La COP26 concluye con el tibio Pacto Climático de Glasgow
A pesar de las restricciones vinculadas a la pandemia, una cantidad impresionante de sindicatos, coordinados por la Confederación Sindical Internacional (CSI), estuvieron representados en la COP. En una declaración publicada el 15 de noviembre, la CSI destacó que los planes de empleo con una Transición Justa son esenciales para implementar el acuerdo.
Bert de Wel, de la CSI, se dirige al plenario. Foto: Kiara Worth / CMNUCC
Las demandas más importantes de los sindicatos se referían a la integración de la Transición Justa en la parte operativa del Acuerdo de París —el llamado Libro de reglas de París— así como el compromiso con los derechos humanos y la necesidad de implementar compromisos en materia de financiamiento de la lucha contra el cambio climático, así como también de las pérdidas y daños para compensar a los países vulnerables que enfrentan desastres climáticos.
Antes de la conferencia, el Panel Internacional del Cambio Climático constató que el calentamiento global ya había alcanzado 1,1 °C por encima de los niveles preindustriales y que estaba en camino de alcanzar los 2,7 °C. Los países tampoco cumplirán con las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) para 2030: en lugar de alcanzar la meta necesaria de una reducción de emisiones del 45 por ciento, se espera que estas aumenten en un 13 por ciento para ese año. Se solicitó a los países que presenten sus CDN actualizadas en 2022.
Los países desarrollados no cumplieron con sus compromisos de proporcionar 100 mil millones de dólares anuales para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. En cambio, se comprometieron a definir un nuevo objetivo económico para 2024 y duplicar el financiamiento de la lucha contra el cambio climático para 2025.
Las organizaciones de la sociedad civil salen de la COP26 el 12 de noviembre con un cordón rojo para simbolizar las líneas rojas que se cruzaron. Foto: Kiara Worth / CMNUCC
En la sesión plenaria de clausura del sábado por la noche, China e India diluyeron sus compromisos respecto de la “eliminación progresiva” de los subsidios al carbón y los combustibles fósiles al sustituir este término por una “reducción progresiva”. Esta modificación se incluyó en el texto final del acuerdo, al tiempo que se desalentó a otros países de introducir nuevas modificaciones para poder cerrar las negociaciones. Fundamentalmente, a México se le impidió introducir términos sobre derechos humanos.
Los países vulnerables al cambio climático se sintieron pisoteados por este cambio en los términos, al tiempo que su lucha por un mecanismo financiero que los ayudara a hacer frente a las pérdidas y daños fue bloqueada, en particular por Estados Unidos y la UE.
Richard Hardy de Prospect
En representación del movimiento obrero mundial, Richard Hardy, del sindicato Prospect, se dirigió a la sesión plenaria final:
“Como la voz de los trabajadores, estamos realmente desconcertados. ¿A quién han estado escuchando en el período previo a esta COP? ¿Cómo ha quedado tan cortos los resultados con respecto a la ambición, las finanzas, la responsabilidad y la inclusión?”
Hardy concluyó:
“¡Los derechos laborales son derechos humanos! Los sindicatos deben tener voz y voto en los procesos de diálogo social destinados a generar empleos, planes de transición justa e inversiones.
Así es como lograremos la ambición climática que se necesita. Esperábamos una mayor ambición aquí en Glasgow y, a medida que avanzamos, el movimiento sindical mundial exige que fijemos un objetivo mucho, mucho más alto”.
industriAll Europe e IndustriALL Global Union presionaron por una Transición Justa
“Lamentamos la falta de ambición y compromiso con la Transición Justa. Los sindicatos exigieron muy activamente una ambición climática vinculada a las garantías de empleos de calidad y a mecanismos sólidos de diálogo social. Esto solo se logrará si los compromisos de Transición Justa se integran sistemáticamente en las partes operativas del Acuerdo de París”.
El secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, Kemal Özkan, expresó:
“La transición a las cero emisiones netas no es una transición de los ricos, los gobiernos, las empresas multinacionales y las instituciones financieras. Es una transición de todas las personas y de todos los países. Sin embargo, en las últimas etapas de las negociaciones, esto no pareció importarles a las potencias que toman las decisiones finales.
Conseguimos un acuerdo multilateral, pero vimos mucha hipocresía y manipulación en la sala plenaria. Nos decepcionó especialmente ver cómo la UE bloqueaba los pedidos de los países en desarrollo de un mecanismo financiero que los ayudara a enfrentar las pérdidas y daños causados por los desastres climáticos”.
Los sindicatos seguirán luchando por la ambición climática vinculada a la Transición Justa, conforme a directrices de la OIT, en la COP27, que se celebrará el próximo año en Sharm el Sheij.
Las minas de carbón de la India se cobran cuatro vidas más
El 9 de noviembre, cuatro trabajadores murieron cuando un techo se derrumbó en una mina subterránea en la empresa pública Singareni Collieries Company Limited (SCCL), en el distrito indio de Mancherial.
Uno de los trabajadores se había jubilado en julio, pero tuvo que volver a trabajar después de que el gobierno estatal aumentara la edad de jubilación de 60 a 61 años.
La dirección de SCCL ha acordado pagar todas sus prestaciones a las familias afectadas, así como ofrecer un empleo permanente a un miembro apto de cada una de ellas.
Riaz Ahmed, secretario general del Sindicato de Mineros y Trabajadores de Ingeniería de Singareni (HMS) y miembro del Comité Bipartito Conjunto para la Industria del Carbón (JBCCI), expresó:
“Este accidente expone fallas de seguridad evidentes. De enero a diciembre de 2020, alrededor de doce trabajadores murieron en nueve accidentes y, en lo que va de 2021, otros diez perdieron la vida en cuatro accidentes solo en las operaciones de SCCL. Los sindicatos están en diálogo con la dirección de SCCL y exigen que se refuerce el sistema de inspección y que se contrate personal apto y suficiente para las minas de la empresa”.
El 7 de noviembre, se desató un incendio en un camión en la mina a cielo abierto Sasti de Western Coalfields Limited, en la zona de Ballarpur. El conductor notó el incendio e inmediatamente saltó del camión.
El 6 de noviembre, otro accidente, que dejó a un trabajador subcontratado gravemente herido, ocurrió en la mina Mahadeopuri de Western Coalfields Limited, en la zona de Pench.
Según los sindicatos, en 2021 se han producido un total de 32 accidentes mineros en los que fallecieron 61 trabajadores y siete resultaron gravemente heridos. Entre mayo y diciembre de 2020, ocurrieron alrededor de 18 accidentes mineros, en los que murieron 18 trabajadores y 27 sufrieron lesiones graves.
S Q Zama, secretario general de la Federación Nacional de Mineros de la India (INMF-INTUC), declaró:
“El hecho de que el gobierno haya subastado minas de carbón y permitido el 100 por ciento de inversión extranjera, junto con los cambios en las leyes laborales, hace que los sindicatos teman que esto conduzca a una mayor cantidad de trabajadores precarios, cuya actividad laboral se desarrolle en condiciones pobres e inseguras. El gobierno de la India debe ratificar inmediatamente el Convenio 176 de la OIT y adoptar procedimientos de seguridad rigurosos, normas estrictas de salud y seguridad, y una protección del empleo con la formación adecuada”.
El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:
“La creciente tendencia de accidentes en las minas de carbón de la India debe detenerse de inmediato. Los legisladores están ignorando la voz de los trabajadores y sus preocupaciones. Es hora de que el gobierno de la India reconozca a la salud y la seguridad laboral como un derecho fundamental. El gobierno debe establecer de inmediato diálogos constructivos con todas las partes interesadas en la industria minera, incluidos los sindicatos y los representantes en el lugar de trabajo, para proteger la vida de los trabajadores y garantizar la transparencia y la responsabilidad”.
Antamina y comunidad de Aquia en Perú aprueban mesa de diálogo
La compañía minera, propiedad la australiana BHP, la suiza Glencore, la canadiense Teck Resources y la japonesa Mitsubishi Cor, suspendió sus operaciones el pasado 31 de octubre debido a las manifestaciones de los lugareños quienes la acusaron de no cumplir con sus compromisos de apoyar a las comunidades locales y exigían una compensación por el uso de sus tierras para transportar el mineral producido por Antamina.
Los pobladores reclamaron que la minera se retire de su territorio por una supuesta usurpación ilegal de tierras suyas e incumplimiento de su responsabilidad social en la zona. Tras asegurar que la empresa cometió "abusos" contra los pueblos aledaños durante más de 20 años, exigieron la instalación de una mesa de diálogo en la que participe el Presidente de Perú, Pedro Castillo.
No obstante, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló que el Ejecutivo debía tomar acciones para retomar el control de la situación en Áncash y afirmó que la protesta no tenía sustento legal: “Antamina legalmente adquirió esos terrenos hace 20 años. La empresa no ha tenido ningún problema con la comunidad y todo esto comienza con la elección de un nuevo liderazgo radicalizado, que pretende chantajear a la empresa con un bloqueo con nefastas consecuencias para el país y para la región Áncash”.
Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), exhortó al diálogo entre empresas mineras y comunidades para solucionar sus conflictos y la inmediata intervención y acción de las autoridades.
Finalmente, el pasado 8 de noviembre, la comunidad Aquia y la minera Antamina aprobaron los lineamientos para instalar una Mesa Técnica de Diálogo dónde se establezcan acuerdos entre las partes.
El acta de reunión se firmó con la presencia de representantes de la comunidad campesina y la compañía minera, la Prefectura Regional, la Defensoría del Pueblo, el Alcalde del distrito de Aquia y funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La próxima reunión se realizará el 30 de noviembre.
El secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, dijo:
“Nos solidarizamos con el pueblo y los trabajadores de la Antamina, igual que nuestra Federación Minera estamos acompañando los hechos, exhortamos que la empresa escuche las demandas del pueblo y que atienda con el diálogo propuestas concretas a las reivindicaciones de la comunidad de Aquia”.
Reunión sobre salud y seguridad laboral en África subsahariana pone el foco en la renuencia a vacunarse contra la COVID-19
Sin embargo, los sindicatos sostienen que esta renuencia puede revertirse mediante campañas de concientización y al proporcionar información educativa para contrarrestar la información falsa, principalmente proveniente de las redes sociales. Según los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades de la Unión Africana, solo el 5,8 % de la población del continente está vacunada.
El 10 de noviembre, los sindicatos se reunieron en línea para discutir las estrategias de salud y seguridad en el marco de la pandemia de COVID-19. Durante los debates se trataron las tensiones generadas por la renuencia a vacunarse, que podría aplacarse si el gobierno involucrara a los sindicatos en sus planes nacionales de vacunación.
En la reunión en línea, a la que asistieron participantes de 10 países que representan a los trabajadores en los sectores químico, metalúrgico, minero, textil y de confección, entre otros, se debatió la manera en la que los sindicatos participan en las campañas de vacunación y el respeto de los derechos de los trabajadores.
Según los sindicatos, la vacunación obligatoria propuesta por algunos gobiernos es una violación del derecho de los trabajadores a elegir. En cambio, prefieren una participación que persuada a las personas a vacunarse. Estableciendo similitudes con los primeros días de la pandemia del VIH y el SIDA, en los que había un estigma asociado con las pruebas, los sindicatos afirmaron que se pueden aprender lecciones de las estrategias que se utilizaron en ese entonces.
Durante la reunión, se informó acerca de algunas iniciativas sindicales destinadas a mejorar la salud y la seguridad. Rudi De Koker, del Sindicato Sudafricano de Trabajadores de la Industria Textil y de la Confección (SACTWU), dijo que el sindicato, con el apoyo de los empleadores, continuó brindando servicios de atención primaria de salud asequibles a los miembros a través de sus clínicas. El Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica ha reconocido a las clínicas como parte de los sitios de vacunación contra la COVID-19 y como proyectos piloto para el seguro nacional de salud.
Otra estrategia que está funcionando para contrarrestar la renuencia implica esfuerzos conjuntos por parte de empleadores y sindicatos. Por ejemplo, Vacus Kun, del Sindicato de Trabajadores Unidos de Liberia (UWUL), informó que su sindicato está trabajando con ArcelorMittal en Liberia para promover la vacunación y que más del 80 por ciento de los trabajadores se han vacunado.
Además, los sindicatos afirmaron que la Organización Internacional del Trabajo necesita, sobre todo, actualizar sus recomendaciones prácticas para mantenerse al día con los avances.
“Tenemos convenios que están desactualizados, pero muchas cosas han cambiado. Necesitamos convenios que aborden nuestras realidades y desafíos actuales, incluida la pandemia de COVID-19”,
expresó Ousman Diop de SNTICS Senegal.
El Convenio 190 sobre la violencia y el acoso, que los sindicatos quieren ratificar, se destacó como un instrumento valioso para frenar el acoso y la violencia de género y para mejorar la seguridad en el trabajo.
Los sindicatos argumentaron que la salud y la seguridad siguen siendo el núcleo del trabajo sindical, y que sus miembros se unieron a ellos para lograr lugares de trabajo más seguros a través de convenios colectivos.
La mayoría de los países, incluidos Nigeria y Zimbabue, tienen leyes y reglamentos que promueven la salud y la seguridad. Sin embargo, según el Sindicato de Trabajadores de Diamantes y Minerales Afines de Zimbabue (ZDAMWU), la salud y la seguridad en las minas se está deteriorando debido al aumento de lesiones y muertes por accidentes causados por el incumplimiento de las empresas mineras.
“La salud y la seguridad laboral afectan a la mayoría de las actividades sindicales y son una herramienta útil para promover los derechos de los trabajadores, consolidar el poder sindical y poner fin a las condiciones de trabajo precarias. La salud y la seguridad también forman parte de la diligencia debida”,
declaró Glen Mpufane, el director de minería de IndustriALL.
El nuevo salario mínimo en Pakistán es una victoria sindical
Cuando el gobierno de la provincia pakistaní de Sind anunció un aumento del salario mínimo para los trabajadores no calificados de PKR 17.500 (US$ 103) a PKR 25.000 (US$ 146) por mes a partir del 1 de julio, la Federación de Empleadores de Pakistán, entre otras organizaciones, presentó una demanda judicial en la que acusó al gobierno provincial de tratar de obtener ventajas políticas.
A cambio, los dirigentes de sindicatos de la provincia, incluidos los afiliados de IndustriALL NTUF y HBWWF, presentaron una demanda para que el salario mínimo se fijara en PKR 25.000 por mes.
Después de las audiencias celebradas en septiembre, el Tribunal Superior de Sind anunció, el 15 de octubre, que ratificaría la decisión del gobierno de la provincia y que la tarifa salarial mínima se mantendría en PKR 25.000 mensuales.
El tribunal declaró, además, que las trabajadoras debían recibir un salario mínimo igual al de sus colegas masculinos de la misma categoría. El tribunal fijó el salario mínimo por hora en PKR 120 (US$ 0,7).
Nasir Mansoor, secretario general de la NTUF, expresó:
“Si las instituciones estatales toman decisiones a la luz de la Constitución de Pakistán para garantizar el respeto de los derechos básicos de los trabajadores, entonces no hay razón por la que los problemas de los trabajadores no puedan resolverse. El fallo del tribunal provincial refleja las necesidades y los derechos de millones de trabajadores de la provincia”.
Se necesita un compromiso más firme para lograr un tratado vinculante de la ONU
Tras la conclusión de la última ronda de discusiones, que involucró a gobiernos, representantes de empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos también criticaron a las asociaciones empresariales por su falta de compromiso con el éxito de las negociaciones.
Si las negociaciones llegan a buen puerto, un tratado vinculante de la ONU representaría un paso importante hacia el establecimiento de la responsabilidad de las empresas en el derecho internacional y mejoraría el acceso a mecanismos de reparación para las personas afectadas por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, para lograr este objetivo, Estados Unidos y la UE deben brindar todo su apoyo a las negociaciones.
El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, afirmó:
“La COVID-19 ha expuesto las deficiencias de las cadenas de suministro mundiales insostenibles, que se basan principalmente en mecanismos de denuncia voluntarios que no ofrecen la posibilidad de garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores. El mundo necesita instrumentos vinculantes y exigibles para protegerse de los abusos de los derechos humanos y un tratado de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos es de vital importancia. Todos los gobiernos, particularmente en la UE y los EE. UU., deben comprometerse seriamente. Si no es ahora, ¿cuándo?”
Los sindicatos, tales como la CSI, la FIT, la ICM, la IE, IndustriALL, UNI, y la ISP, se han involucrado en el proceso para desarrollar un tratado sobre empresas y derechos humanos al reclamar:
un alcance amplio y significativo que abarque todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluidos los derechos fundamentales de los trabajadores, tal como se definen en las normas internacionales del trabajo pertinentes;
la cobertura de todas las empresas comerciales, independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad y estructura;
una regulación extraterritorial basada en la empresa matriz y el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales en sus países de origen;
medidas regulatorias que exijan que las empresas adopten y apliquen políticas y procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos;
la reafirmación de la aplicabilidad de las obligaciones en materia de derechos humanos en las operaciones de las empresas y de su obligación de respetar los derechos humanos;
un sólido mecanismo internacional de supervisión y aplicación.
Argelia debe liberar al sindicalista encarcelado Ramzi Dardar
Durante muchos años, los sindicatos independientes de Argelia que exigen derechos y reconocimiento se han enfrentado a la represión, que ahora se ha intensificado con el surgimiento del Hirak, el movimiento masivo a favor de la democracia. Los despidos masivos de dirigentes y afiliados sindicales, los cierres y clausuras de las oficinas sindicales por parte de la policía, el hostigamiento y el encarcelamiento conforman la represión actual, que ha entrado en una nueva y peligrosa fase.
El 30 de junio, la policía argelina arrestó al dirigente sindical Ramzi Dardar, mecánico de automóviles y dirigente electo de la Union Algérienne des Industries (UAI), que representa a los trabajadores del sector industrial informal y está afiliada a la confederación independiente COSYFOP. A Dardar se lo acusa de terrorismo, de socavar la moral del ejército y de debilitar la unidad nacional a través de sus publicaciones en las redes sociales.
Las federaciones sindicales internacionales IndustriALL, ISP y UITA pidieron a la OIT que interviniera y exigiera que el gobierno libere a Dardar y retire todos los cargos en su contra. El gobierno argelino respondió transfiriendo a Dardar a un bloque de prisión para prisioneros condenados a muerte. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio. Informes alarmantes indican que su salud física y mental se está deteriorando.
Firme y comparta la campaña LabourStart que pide al gobierno argelino que libere de forma inmediata e incondicional a Ramzi Dardar y respete plenamente los derechos sindicales y democráticos establecidos en las normas internacionales, incluidos los convenios de la OIT.
En el 3.er Congreso de IndustriALL se aprobó una resolución en la que se condena la represión de los sindicatos libres en Argelia y se pide la liberación de todos los activistas prodemocracia, en particular del sindicalista Ramzi Dardar.
En la resolución, que fue aprobada, IndustriALL:
Condena enérgicamente la continua criminalización por parte del gobierno argelino del derecho a sindicalizarse y realizar actividades sindicales, así como la represión contra los sindicatos libres y democráticos;
Insta al gobierno de Argelia a que cumpla las resoluciones de la Comisión de Aplicación de Normas y Convenios de la OIT para dejar de infringir los convenios internacionales ratificados;
Expresa su solidaridad y apoyo al movimiento argelino a favor de la democracia y los sindicatos libres y democráticos, en particular sus afiliados UAI y SNATEG;
Exhorta al gobierno argelino a que libere de inmediato a todos los activistas y dirigentes sindicales del movimiento Hirak, en particular a Ramzi Dardar.
