La campaña sindical da sus frutos: las tasas de vacunación contra la COVID-19 alcanzan el 74 % en el sector de la confección de Sudáfrica

Con el fin de promover la vacunación, el SACTWU, afiliado a IndustriALL, celebró un acuerdo estratégico con los empleadores para facilitar la vacunación a través de las clínicas de atención primaria de salud del sindicato. En un informe del Acuerdo Marco de la Campaña de Vacunación contra la COVID-19, que el sindicato firmó con los empleadores, se indica que:

“De una muestra de 33 906 personas registradas en las clínicas de salud de la industria de la confección, un total de 25 107 (o el 74%) ya han sido vacunadas”.

Esta tasa de vacunación corresponde a más del doble del promedio nacional del 35 %.

Según el SACTWU, el informe muestra que, de los 320 ingresos hospitalarios de trabajadores de la confección, 295 (92 %) no estaban vacunados, 21 (7 %) estaban parcialmente vacunados y 4 (1 %) estaban completamente vacunados.

Además, de las 56 muertes asociadas a la COVID-19 registradas entre los trabajadores de este sector, 49 (88 %) fueron de personas no vacunadas, 7 (13 %) de personas parcialmente vacunadas y ninguna correspondió a aquellas completamente vacunadas, concluye el informe.

“Las clínicas sindicales brindan un servicio esencial a los trabajadores y las comunidades. Cuando fui a la clínica, aprendí por qué la vacuna es crucial para protegerme de la COVID-19. Ahora estoy usando esta información para educar y alentar a otros a vacunarse, especialmente a los jóvenes, que deben predicar con el ejemplo”,

expresó Nomandla Sizani, una organizadora de SACTWU, quien recibió su vacuna en el centro de salud de Salt River en Ciudad del Cabo.

Andre Kriel, secretario general del SACTWU, acogió con agrado el informe:

“Estamos satisfechos con este avance, que nos acerca a la tasa de vacunación del 80 % que el acuerdo marco establece como objetivo para nuestra industria. Seguiremos animando a todos nuestros miembros, en los sectores donde estamos presentes, a vacunarse”.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, expresó:

“Felicitamos al sindicato por las campañas de vacunación en curso. Todos los esfuerzos destinados a lograr que nuestros miembros se vacunen salvan vidas. IndustriALL y otras federaciones sindicales internacionales instan a la comunidad mundial a eliminar los obstáculos al acceso universal a las vacunas contra la COVID-19. Esto incluye aplicar la exención de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) para permitir la producción local de vacunas en Sudáfrica y otros países en desarrollo. Esto mejorará la equidad y el acceso a las vacunas en los países del Sur Global”.

IndustriALL y otras federaciones sindicales internacionales reclamaron recientemente el acceso universal a las vacunas, tecnologías y productos sanitarios contra la COVID-19.

El programa nacional de vacunación del gobierno sudafricano, que tiene como objetivo vacunar a 40 millones de personas (o al 67 %) para alcanzar la inmunidad de la población, se enfrenta a la vacilación con respecto a las vacunas. Aunque el país ha obtenido suficientes dosis, menos personas están aceptando recibirlas. Según el Departamento de Salud, al 7 de diciembre se habían administrado 26,6 millones de vacunas. Sin embargo, cuatro millones de personas mayores de 50 años y 13 millones de entre 18 y 34 años no están vacunadas.

La vacilación con respecto las vacunas, causada principalmente por las opiniones en contra de la vacunación en las redes sociales, ha llevado al gobierno a considerar que esta sea obligatoria en los lugares de trabajo y un requisito para acceder a los servicios públicos. Luego de la detección por parte de científicos sudafricanos de la variante Omicron, altamente transmisible, se ha observado, en el hospital Baragwanath de Johannesburgo, uno de los más grandes del país, que la mayoría de los casos graves recientes de COVID-19 que requieren hospitalización ocurren entre los no vacunados menores de 35 años. Para los vacunados, se dice que los síntomas son leves. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, más de 90 000 personas han muerto por complicaciones asociadas a la COVID-19 desde el brote de la pandemia.

Para aumentar la tasa de vacunación, el ministro de Trabajo y Empleo, Thulas Nxesi, informó, en una reunión del organismo de diálogo social del país, el Consejo Sudafricano para el Desarrollo Económico Nacional y el Trabajo (NEDLAC), que se había creado un comité para explorar las maneras de implementar la vacunación obligatoria. No obstante, esta no parece ser la única estrategia utilizada por el gobierno, ya que también se están entregando incentivos monetarios por vacunarse.

La Suprema Corte de Indonesia falla a favor de los huelguistas de Freeport

La Suprema Corte ordenó a Freeport que reintegre a todos los trabajadores despedidos. El fallo, emitido el 28 de noviembre, confirma una sentencia de 2018 del Departamento de Recursos Humanos de la provincia de Papúa, que afirmó que la huelga era legítima. En ese momento, el gobernador de Papúa ordenó a la empresa que reincorporara a los trabajadores, pero esta ignoró la orden.

En diciembre de 2017, ante la intransigencia de la empresa, el sindicato CEMWU se vio obligado a aceptar malas condiciones para resolver el conflicto. Sin embargo, se aconsejó a los trabajadores que buscaran justicia por separado a través del sistema judicial.

La mina de Grasberg, en Papúa Occidental, ha sido controversial durante mucho tiempo, y la empresa minera estadounidense Freeport-McMoRan ha sido acusada de extraer recursos del país sin someterlos a un proceso de beneficio. El conflicto original se desencadenó después de que el gobierno de Indonesia promulgara una nueva Ley de Minería, que incluía planes para nacionalizar parcialmente la mina. Las autoridades indonesias exigieron a Freeport que renunciara al 51 por ciento de sus acciones y construyera una fundición de cobre.

La empresa tomó represalias amenazando con despedir a los trabajadores y, en febrero de 2017, suspendió a unos 12.000 empleados directos, incluidos destacados activistas sindicales, y despidió a 20.000 contratistas. Esto desencadenó una huelga que dio lugar a la rescisión de los contratos de 4200 trabajadores. La empresa se negó a hablar con el sindicato y declaró que, como consideraba que la huelga era ilegal, los trabajadores habían “renunciado voluntariamente” al emprender acciones sindicales.

Los trabajadores que perdieron sus empleos también perdieron el acceso a la atención médica, la vivienda y la educación de sus hijos. Varios trabajadores fallecieron como consecuencia de ello. Los huelguistas también fueron objeto de una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad, que tienen antecedentes de ser utilizadas por la empresa para reprimir conflictos laborales. En abril de 2017, varios trabajadores sufrieron heridas de bala en una manifestación.

Los mineros conmemoran a sus muertos en una manifestación

Existe un historial de conflictos laborales en la mina de Grasberg. Después de 59 años de actividad, los trabajadores de Freeport se declararon en huelga por primera vez en 2011. Si bien la huelga le costó mucho dinero a Freeport, esta mejoró las condiciones para los trabajadores. La empresa ha intentado reprimir al sindicato desde entonces.

El gobierno de Indonesia es ahora el propietario mayoritario de la mina y la empresa construyó la fundición en 2021.

Glen Mpufane, el director de minería de IndustriALL, declaró:

“Desde el principio, este caso ha sido profundamente injusto y Freeport se ha comportado sin conciencia. Los trabajadores y el pueblo de Papúa Occidental fueron utilizados como peones políticos en un conflicto entre la empresa y el gobierno de Indonesia.

El fallo de la Suprema Corte demuestra que la causa de los trabajadores era justa. Esperamos que este pueda ser el comienzo de la restitución de los derechos de los trabajadores y de mejores relaciones laborales en la mina de Grasberg”.

Trabajador de O-I Glass muere en un accidente laboral en Brasil

La tragedia ocurrió el 10 de noviembre cuando un horno de vidrio se filtró en la fábrica Owens Illinois Glass en São Paulo y cuatro trabajadores sufrieron como resultado. Uno de ellos, Antônio Carlos Tola Júnior, de 43 años, coordinador de lotes y hornos, ingresó al hospital con quemaduras en el 75 % de su cuerpo y falleció el 26 de noviembre dejando esposa e hija. 

Tras el accidente, el sindicato organizó una protesta el 12 de noviembre y el 1 de diciembre realizó otra manifestación en conmemoración del trabajador fallecido, la vida de otros tres trabajadores ya no corre peligro.

El Sindicato dos Vidreiros, miembro de CNQ-CUT, afiliada a IndustriALL, continúa su investigación sobre el accidente, incluída la negligencia en la manipulación del horno. La organización sindical había recibido anteriormente quejas de trabajadores que operaban el horno de que el equipo era viejo y que la garantía emitida por el fabricante venció hace tres años. El horno tenía casi 9 años y problemas estructurales.

Según el sindicato, el horno ya tenía un problema de fugas desde el año pasado, pero la empresa solo encargó obras de reparación menores sin considerar el riesgo inminente. A través de la decisión del organismo competente Centro de Referencia de Salud de los Trabajadores (Cerest) en colaboración con el Sindicato dos Vidreiros, ahora se prohíbe el uso adicional del horno.

El líder sindical del Sindicato dos Vidreiros de São Paulo, Josemar Souto, manifestó que el hecho podría haberse evitado, ya que el horno en el que se produjo la fuga, operó con una capacidad superior a la recomendada desde el año 2013. El máximo de extracción es de 280 toneladas diarias, pero la maquinaria procesó alrededor de 340 toneladas. El sindicato realizará una investigación estricta de los hechos. Josemar expresó:

“No vamos a recuperar la vida de nuestro compañero, pero no podemos tolerar ningún signo de impunidad”

Finalmente, el oficial de materiales de IndustriALL, Alexander Ivanou, dijo:

“Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, el sindicato y los compañeros de trabajo. Insistimos en una adecuada investigación del accidente con participación sindical. Una muerte es demasiado, la ganancia nunca debería ser anterior a la vida de los trabajadores. O-I debería proporcionar lugares de trabajo saludables y seguros en sus operaciones. ¡Esto solo es posible si la empresa comienza a dialogar con los trabajadores y sus
sindicatos a nivel local, nacional y mundial!”

Trabajador de O-I Glass muere en un accidente laboral en Brasil

La tragedia ocurrió el 10 de noviembre cuando un horno de vidrio se filtró en la fábrica Owens Illinois Glass en São Paulo y cuatro trabajadores sufrieron como resultado. Uno de ellos, Antônio Carlos Tola Júnior, de 43 años, coordinador de lotes y hornos, ingresó al hospital con quemaduras en el 75 % de su cuerpo y falleció el 26 de noviembre dejando esposa e hija. 

Tras el accidente, el sindicato organizó una protesta el 12 de noviembre y el 1 de diciembre realizó otra manifestación en conmemoración del trabajador fallecido, la vida de otros tres trabajadores ya no corre peligro.

El Sindicato dos Vidreiros, miembro de CNQ-CUT, afiliada a IndustriALL, continúa su investigación sobre el accidente, incluída la negligencia en la manipulación del horno. La organización sindical había recibido anteriormente quejas de trabajadores que operaban el horno de que el equipo era viejo y que la garantía emitida por el fabricante venció hace tres años. El horno tenía casi 9 años y problemas estructurales.

Según el sindicato, el horno ya tenía un problema de fugas desde el año pasado, pero la empresa solo encargó obras de reparación menores sin considerar el riesgo inminente. A través de la decisión del organismo competente Centro de Referencia de Salud de los Trabajadores (Cerest) en colaboración con el Sindicato dos Vidreiros, ahora se prohíbe el uso adicional del horno.

El líder sindical del Sindicato dos Vidreiros de São Paulo, Josemar Souto, manifestó que el hecho podría haberse evitado, ya que el horno en el que se produjo la fuga, operó con una capacidad superior a la recomendada desde el año 2013. El máximo de extracción es de 280 toneladas diarias, pero la maquinaria procesó alrededor de 340 toneladas. El sindicato realizará una investigación estricta de los hechos. Josemar expresó:

“No vamos a recuperar la vida de nuestro compañero, pero no podemos tolerar ningún signo de impunidad”

Finalmente, el oficial de materiales de IndustriALL, Alexander Ivanou, dijo:

“Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, el sindicato y los compañeros de trabajo. Insistimos en una adecuada investigación del accidente con participación sindical. Una muerte es demasiado, la ganancia nunca debería ser anterior a la vida de los trabajadores. O-I debería proporcionar lugares de trabajo saludables y seguros en sus operaciones. ¡Esto solo es posible si la empresa comienza a dialogar con los trabajadores y sus
sindicatos a nivel local, nacional y mundial!”

Sudáfrica presenta documentos para ratificar el Convenio 190 de la OIT

Frente a este horror, los sindicatos continúan luchando contra la VBG. Las campañas por la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y por la adopción de la Recomendación 206 forman parte de un proceso sostenido de acciones para detener la violencia y el acoso por razones de género y crear lugares de trabajo más seguros.

El 29 de noviembre, como parte del proceso de ratificación, el gobierno sudafricano presentó sus documentos ante la OIT. Estos documentos se presentaron en una reunión celebrada en Johannesburgo con la OIT, el Departamento de Trabajo y Empleo y los sindicatos que forman parte del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Trabajo, la plataforma de diálogo social del país. El Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) representó a los sindicatos.

Cuando se ratifique el Convenio 190, este complementará la legislación nacional que incluye los proyectos de reforma de la ley sobre la violencia de género y la violencia doméstica, así como la legislación penal (proyecto de reforma de la ley sobre delitos sexuales y asuntos relacionados) que han sido aprobados por el Parlamento y se convertirán en ley una vez firmados por el presidente Cyril Ramaphosa. Además, el país tiene un plan estratégico nacional destinado a poner fin al acoso y la violencia de género.

Los sindicatos están llevando a cabo campañas de sensibilización contra la VBG y formando alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil que se dirigen a los hombres, quienes han sido identificados por la investigación como los principales autores de la VBG y la violencia doméstica. Según los sindicatos, la violencia de género se ve agravada por los estereotipos de género instalados en prácticas sociales y culturales nocivas, la pobreza, la desigualdad, el alto desempleo y la falta de rigor en la aplicación de la ley, que promueve la impunidad.

Lydia Nkopane, del Sindicato Nacional de Mineros, quien también es presidenta del comité de mujeres de África Subsahariana de IndustriALL, señaló:

“Somos optimistas de que la incorporación del Convenio 190 a la legislación sudafricana ayudará a detener el flagelo de la VBG, especialmente en la minería y otros sectores industriales dominados por hombres, donde los abusos son generalizados. Las mujeres deben disfrutar de las libertades de ir a trabajar, volver con sus familias y vivir sin temor al acoso sexual, la violación, los castigos físicos e incluso la muerte perpetrados por sus compañeros de trabajo o parejas”.

Christine Olivier, secretaria general adjunta de IndustriALL, expresó:

“La ratificación del C190 proporciona una herramienta valiosa para abordar los factores de riesgo y prevenir la violencia y el acoso por razón de género. El desarrollo de políticas en el lugar de trabajo empoderará y protegerá a las trabajadoras al eliminar las barreras a la implementación de las leyes existentes. Sin embargo, los sindicatos sudafricanos deben mantenerse alertas para garantizar la implementación del C190 y deben llevar a cabo campañas de sensibilización para que los trabajadores comprendan el convenio”.

Según los informes, las incidencias de la VBG y la violencia doméstica aumentaron durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, lo que llevó al gobierno a responder a través de leyes y otras políticas. El centro de mando nacional del gobierno sobre violencia de género registró 120.000 casos en las primeras tres semanas del confinamiento en 2020.

Exigen al gobierno de Indonesia que suspenda la ley general

El 25 de noviembre, en un fallo histórico de 5 a 4, el Tribunal Constitucional de Indonesia reveló que el texto legal había sido modificado después de recibir la aprobación del presidente y el Parlamento. A su vez, declaró que el proceso de elaboración de la ley había sido deficiente, ya que incumplió métodos legislativos claros, básicos y estándares, en contravención de la Constitución nacional.

Además, el tribunal ordenó al gobierno que enmendara la Ley sobre la Creación de Empleos en un plazo de dos años. En caso contrario, esta normativa se considerará inconstitucional de forma permanente y se restablecerán las disposiciones originales de la Ley sobre Recursos Humanos de 2003.

La controvertida Ley sobre la Creación de Empleos ha desencadenado fuertes oleadas de manifestaciones sindicales desde 2019. Millones de trabajadores, incluidos los miembros de los once sindicatos afiliados a IndustriALL en Indonesia, han protestado en contra de la abolición del salario mínimo sectorial, la reducción de la indemnización por despido y la mayor flexibilidad laboral debida a la extensión de los períodos contractuales.

El año pasado, las manifestaciones de los trabajadores lograron posponer el debate parlamentario. No obstante, en octubre del mismo año, el Parlamento aceleró el proceso y aprobó el proyecto de ley.

Como respuesta, en noviembre de 2020, la Confederación de Sindicatos de Todos los Trabajadores de Indonesia (KSPSI), la Confederación General de Sindicatos de Trabajadores de Indonesia (KSBSI) y la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI) presentaron un recurso de revisión judicial ante el Tribunal Constitucional, en el que calificaron a la ley de “esclavitud moderna”.

“Recibimos con entusiasmo el fallo del Tribunal Constitucional. Ahora el gobierno deberá suspender la Ley sobre la Creación de Empleos y todos los reglamentos existentes. Las disposiciones sobre la revocación del salario mínimo sectorial, la perpetuación de las obras tercerizadas y la simplificación de las condiciones para los despidos deben declararse inválidas, ya que la normativa impacta profundamente los salarios de los trabajadores, los convenios colectivos y las horas de trabajo”,

declaró Said Iqbal, presidente de la KSPI.

“El apoyo internacional ha jugado un papel importante y agradecemos a IndustriALL y a la CSI por su papel activo”.

En septiembre, el 3.er Congreso de IndustriALL adoptó una resolución de solidaridad contra la ley general, en la que instó al presidente Joko Widodo a derogar esta normativa.

“Felicitamos al Tribunal Constitucional por su decisión y a nuestros afiliados por la fuerte campaña realizada. También apoyamos el reclamo de los sindicatos para que el presidente acate el fallo y suspenda esta nociva ley”,

expresó Atle Høie, secretario general de IndustriALL.

Muere un trabajador y seis resultan heridos en plantas de Holcim en la India

El 18 de noviembre, Amrit Singh, un trabajador subcontratado como mecánico en la construcción de un sistema de recuperación de calor residual, trabajaba en una plataforma provisoria cuando cayó desde una gran altura junto con una máquina pesada de 150 toneladas. Singh murió instantáneamente y otros cinco resultaron heridos. Todos los trabajadores eran empleados indirectos de la empresa.

Según funcionarios de la Federación Nacional de Trabajadores del Cemento de la India (INCWF-INTUC), afiliada a IndustriALL, los cuatro integrantes de la familia de Singh, que dependían de sus ingresos, recibirán alrededor de 1 millón de INR (US$ 13.400) como indemnización. Por su parte, a los trabajadores lesionados se les pagará una cantidad que no fue revelada.

El accidente ocurrió en la planta de cemento de Marwar ubicada en el distrito de Nagaur de Rajastán, una nueva instalación de producción de clinker y cemento totalmente nueva que abrió Ambuja en octubre de 2021.

Apenas una semana antes, el 11 de noviembre, un trabajador subcontratado resultó gravemente herido como resultado de un accidente en la fábrica de cemento de Ambuja Maratha en el distrito de Chandrapur de Maharashtra. Durante el mantenimiento de una cinta transportadora en un sitio de carga de vagones de ferrocarril, a uno de los trabajadores se le atascó la pierna en la cinta porque el departamento mecánico no logró reducirle la tensión.

En octubre murieron dos personas en dos plantas de cemento de ACC diferentes. ACC es otra subsidiaria india de Holcim. En todos estos casos, las víctimas eran trabajadores precarios empleados a través de terceros o subcontratistas.

Deoraj Singh, secretario general de INCWF-INTUC, declaró:

“Ambuja y ACC deben llevar a cabo sus actividades de manera que creen condiciones de trabajo seguras y saludables para todos los trabajadores. Estos accidentes demuestran que Holcim está contratando a una gran cantidad de trabajadores precarios en sus fábricas ubicadas en la India y no está cumpliendo con los requisitos legales y normativos de salud y seguridad vigentes. La gerencia de ACC y Ambuja debe evitar todas las actividades de manipulación peligrosas y detener inmediatamente todo trabajo que implique situaciones inseguras”.

“Exigimos que Holcim reanude las reuniones del comité de seguridad bipartito en todas sus actividades y entable un diálogo constructivo con los sindicatos sobre cuestiones de salud y seguridad. Las empresas, entre ellas ACC y Ambuja Cement, deben fortalecer el sistema de inspección y monitoreo y designar una cantidad adecuada de inspectores de mantenimiento y seguridad”.

El secretario general de IndustriALL Global Union, Atle Høie, expresó:

“Expresamos nuestro más sentido pésame y solidaridad con los trabajadores lesionados y sus familias. Es una situación alarmante para Holcim que pone en evidencia la crisis de seguridad en sus actividades relativas al cemento en la India y que debe abordarse con urgencia. La evaluación adecuada de los riesgos y la búsqueda de soluciones con la participación de los representantes sindicales debe comenzar de inmediato”.

“Al mismo tiempo, estos incidentes ponen de manifiesto lo peligrosas que pueden ser las malas condiciones laborales para los trabajadores. Holcim debe implementar, con la participación de sus trabajadores, estructuras que aborden las graves deficiencias en materia de salud y seguridad en sus actividades en todo el mundo”.

– Foto: Captura de pantalla de la planta de Marwar de Google Earth

Se debe poner fin a la represión sindical en Bielorrusia

Después de las controvertidas elecciones presidenciales de agosto de 2020, muchos trabajadores dieron de baja su afiliación a la Federación de Sindicatos de Bielorrusia (oficialista), y se afiliaron a sindicatos independientes, adhiriendo a los valores democráticos y luchando por los derechos humanos y laborales fundamentales.

Sin embargo, en respuesta al creciente poder de los sindicatos independientes, las autoridades procedieron con brutales redadas en oficinas sindicales. Se registraron las casas de activistas y dirigentes sindicales, y algunos de ellos fueron arrestados y multados.

En la refinería de petróleo estatal, JSC Naftan, las medidas antisindicales, en particular la intimidación y los despidos masivos de dirigentes sindicales y miembros del Sindicato Independiente de Bielorrusia (BITU), han provocado una fuerte disminución de la afiliación.

La presidenta del BITU en Naftan, Volha Brytsikava, y varios activistas, incluidos los vicepresidentes, fueron despedidos. A muchos miembros del BITU se les negó la renovación de sus contratos a corto plazo. Por el contrario, hay varios ejemplos de trabajadores que dieron de baja su afiliación al BITU e inmediatamente recibieron extensiones de contrato.

Los trabajadores de Naftan han sido presionados para que abandonen el sindicato, amenazados con sanciones disciplinarias, privación de bonificaciones y pagos de incentivos por habilidades profesionales. Se los ha amenazado también con desaprobar exámenes de habilidades, citaciones al servicio de seguridad para conversaciones preventivas y despidos por reducción de personal.

Naftan ha utilizado la reciente enmienda al código laboral de Bielorrusia que permite a los empleadores despedir a los trabajadores por ausentismo “en relación con el cumplimiento de una sanción administrativa en forma de detención administrativa” para deshacerse de los activistas sindicales no deseados. Una de las razones de la detención administrativa es la distribución de material mediático considerado extremista, material que los trabajadores habían publicado en las redes sociales mucho antes. 

Maxim Pazniakou, presidente del BITU, afirmó:

“Lo que está sucediendo en Bielorrusia es terrible. El objetivo de estas medidas es infundir miedo a los trabajadores a perder sus trabajos, medios de vida y su libertad”.

“Que esto continúe o no depende de los trabajadores. Debemos recordar el concepto simple pero efectivo: ¡nuestra fuerza radica en la unidad!”.

En una carta dirigida a Naftan, Atle Høie, secretario general de IndustriALL, insta a la empresa a que ponga fin a la persecución de los dirigentes y miembros del BITU, que desista de amenazar con despedir a los trabajadores que deciden libremente afiliarse a un sindicato y que reintegre de inmediato a todos los trabajadores despedidos injustamente.

Otro de los afiliados de IndustriALL en Bielorrusia, el Sindicato Libre de Trabajadores de la Metalurgia, ha informado recientemente sobre la presión ejercida sobre miembros del sindicato en la ciudad de Mogilev, donde este último ha recibido solicitudes de parte de sus miembros para cancelar su afiliación y que se les proporcione una confirmación de dicha cancelación.

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, señaló:

“Cualquier presión sobre los miembros que los obligue a abandonar el sindicato es ilegal y debe acabar. Los trabajadores deben tener derecho a afiliarse a los sindicatos de su elección, de conformidad con la Constitución de Bielorrusia y el Convenio 87 de la OIT, ratificado por el país”.

Más de 350 trabajadores sancionados por acatar medidas sindicales en Paysandú

Los reclamos del sindicato comenzaron luego del fracaso en la negociación tripartita de rama (Consejo de Salarios) en agosto del presente año, dónde los trabajadores se opusieron a la propuesta conjunta votada por la patronal y el Ministerio de trabajo de realizar la negociación por empresas.

Tras esta propuesta, la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP), sindicato de la Unión de obreros curtidores (UOC), afiliada a IndustriALL en Uruguay, junto con el PIT CNT iniciaron negociaciones con la empresa para no perder los beneficios que los trabajadores tienen hace más de treinta años. Sin embrago, la medida que hizo estallar el conflicto, fue la cláusula propuesta por la empresa que expresa que la retroactividad de los beneficios, en caso de establecerse un convenio, correspondería únicamente a aquellos trabajadores que no hayan acatado medidas sindicales.

El viernes 26 de noviembre la empresa comunicó a los trabajadores que si no salían de la fábrica en el horario del paro serían suspendidos por 48 hs y si no firmaban la notificación se les sumaría un día más.

Por su parte, el sindicato denunció estos hechos frente al Ministro de trabajo por considerar que una sanción por una medida colectiva atenta contra la libertad sindical y contra el derecho a huelga que establece la Constitución de la República.

El sábado 27 al mediodía se notificó la suspensión a todos los trabajadores afiliados al sindicato por 72 hs.

Un total de 370 trabajadores se vieron afectados por esta sanción y la empresa quedó trabajando con un 25 % del personal involucrado en la producción.

Desde el sindicato afirman que la actitud que asume la empresa es una provocación que sólo genera distanciamiento con los trabajadores, a partir de la violencia económica y la imposición y que también pretende desgastar al sindicato.

Carlos Bico, dirigente sindical de la UTP, afirmó:

“Sin dudas es un ataque al sindicato y a la lucha que llevamos, que lo único que reivindica es no perder beneficios”  

Por su parte, el presidente de la UTP, Antonio Ferreira, señaló: 

 “Tratamos de tener una comunicación con el Ministro de trabajo, Pablo Mieres, y el Director nacional de trabajo, Federico Daverede, para que cumplan una función de mediadores.  Porque las amenazas siguen todos los días con mandar trabajadores al seguro de paro y con despidos”.

Mañana, 30 de noviembre, el sindicato de Paycueros concurrirá a una reunión tripartita, convocada por el Ministerio de trabajo y planteará todos los problemas.
 

IndustriALL incentiva el liderazgo y poder sindical de los jóvenes en El Salvador

En el encuentro se debatió sobre los liderazgos de la juventud de El Salvador, el trabajo precario y se construyó un boceto de mapeo de las cadenas de suministros.

Estefania Martínez, dirigente sindical de la Federación de asociaciones y sindicatos independientes del Salvador (FEASIES) dijo:

“Es un proyecto lleno de oportunidades de crecimiento personal y colectivo, poder ser agente de cambio dentro y fuera de nuestros lugares de trabajo”

Roberto Carlos Opico, miembro de Feasies, dijo:

“Llevo 10 años trabajando en maquila y no sabía nada del sindicato, luego me invitaron aquí y quiero que mi proyecto logre incluir a la comunidad LGBTI, no sólo en mi empresa sino también en otras. Mi sueño es que tengamos trabajos más dignos”

Marta Zaldaña, secretaria general de FEASIES,  sostuvo que para la Federación participar de un proyecto de jóvenes es una innovación y un reto muy importante.

Además afirmó:

“Para FEASIES ha sido un espacio muy importante, de mucho compromiso y de mucha esperanza porque el reto de trabajar con jóvenes en el sindicalismo de hoy ha sido muy difícil y creemos que es muy importante la apertura a desarrollar nuevas lógicas, a innovar, a fortalecer el liderazgo juvenil dentro del movimiento sindical. Para nosotros representa una gran esperanza y motivación contar con estos espacios que nos permiten identificar nuevos liderazgos y mejorar esas capacidades para el presente y para el futuro del sindicalismo salvadoreño”.

Finalmente, la asesora regional de IndustriALL, Julieta Avalos, dijo:

“Lo logrado en estos tres encuentros superó nuestras expectativas, incluir a este país en el proyecto fue fundamental, así como la paciencia y la disciplina de nuestra afiliada FEASIES junto a Marta y su equipo. Nos enfrentamos a un desafío enorme, pero la alegría, el compromiso y la pasión que todos pusimos para lograr la ejecución de las actividades se reflejará en los Planes de Acción que los jóvenes ya empezaron a construir y con estos potenciarán a la juventud en la federación, en sus sindicatos y también en su país”.