ARTÍCULO DE FONDO Global Worker No. 2 Noviembre 2021 |
 | País: Myanmar Texto: Walton Pantland |
A consecuencia de esta decisión, IndustriALL se ha dirigido a las empresas multinacionales con relaciones comerciales en Myanmar, incluyendo importantes empresas siderúrgicas y de energía y marcas de moda, pidiéndoles que suspendan sus operaciones en ese país. Varias empresas han respondido en forma positiva. IndustriALL también se ha comunicado con iniciativas multilaterales con el fin de buscar apoyo para la campaña.
¿Por qué IndustriALL tomó esta decisión?
Fueron los sindicatos de Myanmar que pidieron sanciones y durante este verano IndustriALL y sus afiliados realizaron un intenso debate al respecto. Un representante de un sindicato afiliado a IndustriALL, la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM), se dirigió al Congreso para pedir que los delegados apoyaran la campaña de sanciones económicas integrales. IndustriALL confía en el criterio de los afiliados y de las organizaciones que constituyen la Alianza Obrera de Myanmar respecto a la forma más adecuada de proceder. El apoyo a las sanciones fue una declaración de solidaridad con un movimiento sindical asediado que sufre bajo un brutal régimen militar. Los delegados en el Congreso consideraron que no estaban en condiciones de criticar las exigencias de los sindicatos en esta situación tan extrema.
Bajo los auspicios de la Alianza Obrera de Myanmar, prácticamente todo el movimiento sindical del país, que incluye la Confederación de Sindicatos de Myanmar y la IWFM, participa en la campaña por sanciones económicas integrales. Los sindicatos de Myanmar tomaron una decisión: aunque las sanciones producirían sufrimiento, los abusos de los derechos humanos cometidos por los militares son tan graves que se hace prioritario ante todo derrocar al régimen lo antes posible.
El llamado a imponer sanciones no existe en forma aislada, sino que forma parte de una campaña coordinada para aislar a la junta militar, imponiendo un embargo de armas y negándole reconocimiento diplomático en los organismos de la ONU. Los sindicatos de Myanmar piden reconocimiento internacional del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado por los legisladores democráticamente elegidos que fueron destituidos por el golpe de estado. Sin embargo, los sindicatos mantienen una política independiente, basada en las exigencias de los trabajadores/as. El NUG se opone a sanciones integrales, pero ha pedido a los ciudadanos que se unan a un levantamiento contra el régimen. Los sindicatos prefieren resolver la situación de manera no violenta, usando sanciones, presión diplomática y huelgas.
El llamado a imponer sanciones ha sido criticado por muchas partes, tanto por los apologistas del régimen militar como por quienes actúan de buena fe y apoyan la democracia en Myanmar. La mayoría de las críticas señalan que las sanciones provocarán la pérdida de puestos de trabajo y dañarán aún más a los trabajadores/as que ya están sufriendo mucho. Algunos también dicen que no hubo consultación suficiente con los trabajadores/as antes de tomar esa decisión.Los críticos apoyan su posición citando ejemplos, generalmente anecdóticos, de trabajadores/as que se oponen a las sanciones y piden relaciones constructivas y sanciones dirigidas solamente contra aquellas empresas que tengan vínculos con las fuerzas armadas.
El movimiento sindical en Myanmar ha respondido a las críticas señalando que, si bien no pueden pretender representar a todos los trabajadores y trabajadoras del país, las estructuras sindicales democráticas son un reflejo más fiel que los datos anecdóticos. Destacan que la debida diligencia y el diálogo constructivo son imposibles debido a la naturaleza de los abusos contra los derechos humanos. Los propietarios de las fábricas han enviado datos sobre los miembros del sindicato a los militares. Muchos sindicalistas han sido detenidos, algunos han sido asesinados y muchos más están escondidos. El régimen militar, que ha lanzado una campaña agresiva a gran escala destinada a aplastar a la oposición, recientemente bombardeó una ciudad en la provincia de Chin con artillería pesada. Hasta la fecha, el ejército ha matado a más de 1.200 personas.
Precedente histórico
Aunque no es común que los sindicatos pidan sanciones económicas contra su propio país y contra sus empleadores, existen algunos precedentes. Durante la lucha contra el apartheid, los sindicatos de Sudáfrica pidieron sanciones económicas integrales contra el país, un boicot de todos los productos sudafricanos y que las empresas extranjeras retiraran sus inversiones del país. El llamado al boicot y las sanciones fue controversial en ese momento, tanto dentro de Sudáfrica como a nivel internacional, y muchos pidieron un diálogo constructivo con el régimen racista.
Hubo dos factores importantes en el caso de Sudáfrica: las sanciones no eran una táctica aislada, sino parte de una lucha integral contra el régimen del apartheid, y el llamado a imponer sanciones provino de los trabajadores/as que iban a ser los más afectados.
La petición de sanciones nunca recibió apoyo universal de todos los trabajadores/as, pero a medida que aumentaba la brutalidad del gobierno del apartheid en la década de 1980, asesinando a líderes políticos y utilizando al ejército para mantener el orden en los barrios de los trabajadores/as, la mayoría de la población terminó apoyando la idea de que "las sanciones duelen, pero el apartheid mata”.
En 1984, los trabajadores/as sindicalizados de los supermercados de Dunnes Stores en Dublín, Irlanda, se negaron a trabajar con fruta de Sudáfrica, y finalmente realizaron una huelga durante tres años hasta que el gobierno irlandés prohibió las importaciones sudafricanas. El apoyo a las sanciones aumentó dentro del movimiento sindical mundial, resultando en el aislamiento económico y político del régimen. La base económica del régimen se vio aún más debilitada por la ola de huelgas y desobediencia civil en Sudáfrica. Como resultado, el apartheid se volvió rápidamente insostenible y el régimen se vio obligado a negociar una transición a la democracia.
¿Funcionan las sanciones en Myanmar?
El golpe de estado ocurrido en febrero en Myanmar debió enfrentar una significativa resistencia, mayor de la que la junta militar había previsto. La resistencia generalizada vio el lanzamiento del Movimiento de Desobediencia Civil, huelgas de trabajadores/as, y los funcionarios de la administración pública se negaron a trabajar bajo el régimen militar.Esto llevó al régimen a actuar con mayor brutalidad, utilizando fuerzas militares especiales, que generalmente se despliegan para reprimir a las minorías étnicas en las regiones fronterizas, contra la gente común en las ciudades.
A pesar de esta represión, el régimen militar aún no ha podido consolidar su control del país y la resistencia sigue fuerte.Para apoyar la ofensiva militar, el régimen tiene que comprar armas de países que probablemente no van a otorgar crédito indefinidamente.
Myanmar se encuentra actualmente al borde del colapso económico. Desde el comienzo del golpe, el valor de la moneda ha caído en un 30% y la economía se ha contraído en un 18%. Es probable que se agrave a medida que más empresas retiren sus pedidos y finalmente abandonen el país. Las sanciones hacen mucho más difíciles las operaciones del régimen.
La estrategia de quienes apoyan las sanciones es privar al régimen de todos los recursos para que se derrumbe lo antes posible, antes de que pueda consolidar su poder y normalizar las relaciones diplomáticas. A menos que el régimen encuentre generosos patrocinadores extranjeros, no podrá mantener los niveles actuales de represión.
