Para Thurein Aung, trabajador de la confección y activista sindical, la seguridad en el trayecto –de una hora en motocicleta– que tiene que hacer para ir a trabajar a Rangún depende de los enfrentamientos que se hayan producido días atrás. Cuando el conflicto entre la junta militar de Birmania (Myanmar) y las fuerzas de resistencia popular (organizadas en las principales ciudades birmanas en el marco de las Fuerzas para la Defensa del Pueblo) se aproxima a las zonas industriales, los puestos de control militar comienzan a limitar las carreteras principales.
“Hoy las PDF [siglas en inglés de las Fuerzas para la Defensa del Pueblo] han atacado a los militares, así que ahora habrá más puestos de control”,
explica Thurein Aung a Equal Times. Esto representa una amenaza considerable para la seguridad personal, sobre todo la de los numerosos trabajadores que se desplazan en motocicleta para recorrer las redes formales e informales de transporte público, que pueden ser más o menos fiables.
“A mí me confiscaron una vez la moto y tuve que pagarles 10.000 kyats [aproximadamente 5 euros o 5,60 dólares USD, lo que equivale a tres veces el salario medio diario]”,
afirma. También se han denunciado agresiones sexuales y detenciones en los puestos de control. Pero en las zonas industriales situadas en los alrededores de Rangún, el mayor núcleo urbano y centro industrial de Birmania, esto es lo que los trabajadores tienen que afrontar para ganarse la vida.
Ha pasado casi un año desde que el ejército birmano (oficialmente denominado Tatmadaw) detuvo a varios miembros del Parlamento y a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, derrocando posteriormente al Gobierno civil de la Liga Nacional para la Democracia (LND), elegido democráticamente. Los activistas sindicales fueron de los primeros en organizar protestas a gran escala contra el golpe de Estado, así como la huelga general del 22 de febrero, todo lo cual contribuyó a activar un Movimiento de Desobediencia Civil (MDC) no violento, de ámbito nacional, en apoyo al Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés, un Gobierno nacional en el exilio) y en rechazo a la junta militar.
La respuesta del Tatmadaw ha sido implacable. En el momento de publicarse este artículo, más de 1.500 personas han sido asesinadas y se han llevado a cabo más de 11.500 detenciones. El 7 de septiembre el NUG declaró una “guerra defensiva del pueblo” contra el régimen militar, tras lo cual se han producido algunos de los peores enfrentamientos en décadas.
En este contexto, el activismo de los sindicalistas ha tenido un precio considerable. No solo el Gobierno ha declarado ilegal la Myanmar Labour Alliance, compuesta por 16 sindicatos y creada en respuesta al golpe de Estado, sino que los trabajadores de las fábricas (cerca del 10% de los trabajadores birmanos están empleados en la industria manufacturera, un sector de importancia económica clave) tienen que enfrentarse a numerosos retos: amenazas de violencia militar; asesinatos selectivos de activistas; intentos de represión sindical por parte de propietarios de fábricas que cooperan con la junta; reducciones masivas de personal provocadas por la pandemia de covid-19, a presente agravadas por el golpe de Estado; subidas de los precios de los productos básicos a medida que el kyat birmano se desploma; y devaluación de un salario ya de por sí bajo, que actualmente oscila entre el mínimo diario de 4.800 kyats (aproximadamente 2,40 euros o 2,70 dólares) y por debajo de los 3.600 kyats (aproximadamente 1,80 euros o 2 dólares), debido a que propietarios de fábricas carentes de escrúpulos se aprovechan de los trabajadores desesperados.
Avances históricos perdidos y sindicalistas perseguidos
Casi inmediatamente después del golpe de Estado, los sindicatos de diversos sectores organizaron tanto a sus miembros como a trabajadores no sindicalizados para que salieran a la calle y se unieran a las protestas contra la junta. También se animó a los trabajadores a que demostraran su oposición al régimen militar participando en huelgas y paros laborales y ausentándose del trabajo. Pero a medida que transcurrían las semanas y los meses, el salario diario se convirtió en un salvavidas que la mayoría de los trabajadores no podían permitirse perder. Se calcula que únicamente durante los seis primeros meses de 2021 se perdieron 250.000 puestos de trabajo en el sector de la confección, el textil y el calzado, siendo los trabajadores del MDC los primeros en ser despedidos.
Thurein Aung, que sigue trabajando y por ahora ha conseguido eludir la detención, afirma que, desde el comienzo del golpe de Estado, de los 11 sindicatos individuales de las fábricas de Rangún, que anteriormente sumaban 1.300 miembros, ahora apenas quedan 4. Muchos de sus dirigentes se han dado a la fuga.
“Algunos tuvieron que huir a sus aldeas o a alguna zona segura debido a su profunda implicación con la lucha [de la resistencia]”,
afirma.
Khaing Zar Aung, tesorera de la Confederation of Trade Unions Myanmar (CTUM, la mayor federación sindical del país) y presidenta de la Industrial Workers’ Federation of Myanmar (IWFM), confirma que muchos dirigentes sindicales están siendo “perseguidos” por el Tatmadaw.
“[Los responsables de las fábricas] han facilitado a la policía y a los soldados los nombres y direcciones de dirigentes sindicales y de miembros activos”,
explica a Equal Times. Los que son localizados terminan siendo acosados, detenidos o algo peor.
Para los sindicalistas veteranos birmanos estas tácticas constituyen un desagradable recordatorio de las décadas pasadas bajo el brutal régimen militar. Tras 50 años de prohibición de los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, los 10 años de gobierno democrático entre 2011 y 2021 supusieron avances significativos, aunque limitados, en materia de derechos sindicales en el país. Por ejemplo, gracias a las reformas llevadas a cabo por el primer gobierno civil posterior a la dictadura, en 2011 se legalizaron los sindicatos y en 2015 se estableció un foro nacional para debatir las relaciones laborales. Con la aplicación de una serie de derechos sindicales formalizados, los inversores extranjeros comenzaron a llegar a Birmania atraídos por su mercado sin explotar.
En los últimos 10 años se ha tratado de implantar medidas de protección contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la discriminación de género, pero lo cierto es que el país se encontraba todavía en la fase inicial de creación de políticas modernas y eficaces. Sin unas bases sólidas, los renovados intentos de protección conciliadora por parte del Gobierno de la LND se tambaleaban ya antes del golpe de Estado del 1 de febrero.
Petición de sanciones en medio de crecientes amenazas de violencia
Conforme líderes sindicales como Khaing Zar Aung iban viendo que estas medidas básicas de protección laboral que tanto les había costado conseguir se les escapaban de las manos, surgió un posicionamiento firme. Con el estigma residual de la asociación sindical y sus amenazas siempre presentes, además de un bajo índice general de penetración sindical (los trabajadores sindicalizados representan menos del 1% de la mano de obra), la petición de sanciones económicas generales contra el Gobierno de la junta por parte de la Myanmar Labor Alliance fue un intento atrevido para restablecer los derechos de los trabajadores en el país.
El sector de la confección es de vital importancia para la economía birmana. Antes de la pandemia de la covid-19, dicho sector proveía a marcas mundiales como H&M, Zara y Primark, y empleaba a más de 700.000 trabajadores mal pagados, en su mayoría mujeres, cuya producción representaba una tercera parte de las exportaciones totales del país. Si bien son pocas las marcas que han cesado sus actividades en Birmania, los sindicatos birmanos e internacionales siguen haciendo presión:
“A día de hoy, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, los derechos de los trabajadores y los derechos humanos no existen en Birmania”,
afirma Khaing Zar Aung. “Bajo la dictadura no puede sobrevivir ningún sindicato democrático. Eso tenemos que entenderlo”.
Parte de los trabajadores se han visto atacados en las fábricas a causa de sus actividades sindicales, mientras que otros se han encontrado de repente sin trabajo, sin haber recibido previo aviso ni indemnización alguna, al suspender los propietarios de las fábricas sus operaciones y darse a la fuga, negándose a pagar meses de salarios atrasados, incluso antes del golpe de Estado. En un documento informativo publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en julio de 2021 (la publicación de una segunda evaluación está prevista para finales de enero de 2022) se constata que, desde finales de 2020, 1,2 millones de trabajadores birmanos perdieron su trabajo, y que en el primer trimestre de 2021 la jornada laboral se habían reducido en un 14%, siendo las pérdidas mayores para las mujeres que para los hombres.
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios también concluye que desde que comenzaron las restricciones por la covid-19, cerca de una cuarta parte de la población ha perdido su trabajo, mientras que el 18% de las familias carece de ingresos y dos terceras partes han experimentado reducciones en sus ingresos. El informe estima asimismo que en 2022 la mitad del país vivirá en la pobreza.
En las fábricas que siguen abiertas, Khaing Zar Aung afirma que los trabajadores han visto desvanecerse por completo los pocos derechos que habían conseguido anteriormente. Aunque el salario mínimo diario nunca fue un salario digno, la devaluación del kyat en un 60% desde el pasado septiembre ha supuesto un duro golpe para los trabajadores. Si a esto se le suma el impago de las horas extras y la pérdida de bonificaciones, prestaciones y seguridad laboral cotidiana (la ley no ha cambiado, pero en este clima de impunidad algunos empleadores la están ignorando), no es de extrañar que muchos se estén preguntando cómo van a seguir dando de comer a sus familias. Khaing Zar Aung explica que las horas extras forzosas no remuneradas es una práctica cada vez más habitual debido a que los trabajadores se ven obligados a hacer lo que sea para conservar sus puestos de trabajo.
Khaing Zar Aung comenta que, en una fábrica en la que los miembros de la CTUM todavía pueden llevar a cabo sus actividades, los trabajadores fueron despedidos durante cuatro meses y después se les obligó a firmar un convenio que apenas cubría 100.000 kyats (aproximadamente 50 euros o 56 dólares), es decir, dos meses de salario mínimo.
El propietario de la fábrica pagó a varios soldados de la junta para que intimidaran a los 70 empleados que se negaron a firmar.
“Se advirtió a los trabajadores de que si hacían huelga los matarían”.
Según diversos informes independientes, en marzo, seis trabajadores de la zona industrial de Hlaingtharyar, en Rangún, murieron por disparos a raíz de un conflicto laboral que se produjo en la fábrica de calzado china Xing Jia, cuyos propietarios recurrieron a los militares tras una discusión sobre los salarios. Cinco hombres murieron a causa de los disparos de los soldados contra una multitud que protestaba, y una dirigente sindical fue abatida por la policía, mientras que otras 70 personas fueron detenidas.
Relatos como estos han sembrado el temor. Ma Tin Tin Wai, trabajadora de la confección de Rangún, afirma que en su fábrica solo queda el 50% de los trabajadores sindicalizados. Además de las tentativas de represión sindical, también se ha despedido a trabajadores por ausentarse por motivos de enfermedad o por no lograr cumplir unos objetivos de producción cada vez mayores.
“Los empleadores han aprovechado el golpe de Estado para acabar con los sindicatos. Están violando derechos laborales, recortando salarios, forzando a los trabajadores a trabajar y vulnerando todos los convenios anteriores”,
señala.
“Los empleadores que han tratado de destruir los sindicatos en el pasado perciben el golpe de Estado como una oportunidad para aunar fuerzas con los militares y apoderarse de los sindicatos”.
Entre la espada y la pared
Pese a las continuas quejas de los trabajadores, las soluciones para hacer frente al deterioro de las condiciones de trabajo siguen siendo de lo más variadas. Tras el llamamiento de la mayoría de los sindicatos, el apoyo de IndustriALL en favor de la aplicación de sanciones económicas a finales de agosto fue noticia. La federación sindical internacional mencionó la postura de la Myanmar Labor Alliance, así como la constatación histórica de que los trabajadores birmanos nunca podrán negociar en el interior de las fábricas mientras se mantenga la ilegalidad de dicha alianza y se reciban amenazas violentas por parte del Tatmadaw.
La ausencia de libertad sindical también ha avivado el fuego a escala internacional, y numerosos activistas reclaman una mejor diligencia a las marcas de moda mundiales que todavía se abastecen en Birmania. En diciembre, la IWFM decidió retirarse de la iniciativa ACT, un acuerdo en virtud del cual 20 marcas, como ASOS, C&A y H&M, aunaron fuerzas con IndustriALL para promover la negociación colectiva y salarios dignos en la industria de la confección, el textil y el calzado de diversos países proveedores, y más concretamente en Birmania, con objeto de desarrollar estrategias para la resolución de conflictos y compromisos con la libertad sindical. La retirada de la IWFM provocó la decisión de ACT de poner fin a su actividad en Birmania ese mismo mes.
Khaing Zar Aung afirma que, en los conflictos en los que ha ejercido de mediadora, los trabajadores suelen conformarse con menos de lo que piden porque carecen de capacidad de negociación. Al parecer, el anuncio de los sindicatos del 2 de febrero de 2021 de no estar dispuestos a participar en ningún diálogo en el que hubiera representación miliar, como la de los funcionarios de trabajo, se hizo pensando exactamente en esta situación.
“En Birmania no utilizamos mecanismos de resolución de conflictos porque no sirven de nada”,
explica. Los funcionarios de trabajo no actúan de forma independiente:
“Reciben sobornos de la fábrica. ¿Así cómo ayudamos a los trabajadores?”.
Por otra parte, los trabajadores se encuentran entre la espada y la pared: o bien optan por trabajar en unas condiciones cada vez más peligrosas a cambio de unos salarios cada vez más precarios, o bien se unen a la lucha con los activistas del MDC, la mayoría de los cuales sobrevive gracias a donaciones o a iniciativas agrícolas a pequeña escala.
“Es cierto que las condiciones de vida son difíciles, pero los salarios están disminuyendo y los precios de los productos básicos están aumentando. La inseguridad implica que cualquier persona puede ser detenida en cualquier momento, incluso en su propia casa”,
recalca Ma Tin Tin Wai.
“Esta situación no ofrece seguridad alguna”.
Foto: Los manifestantes se paran detrás de escudos improvisados durante una manifestación contra el golpe militar en Yangon, Myanmar, el 1 de marzo de 2021.
Este artículo fue publicado originalmente en Equal Times
