En diciembre de 2020, antes de la actual crisis energética de Europa, el Gobierno danés aprobó una ley vinculante con el objetivo de lograr la neutralidad climática en 2050. La ley incluye la eliminación gradual de la extracción de petróleo y gas con medidas de Transición Justa y la cancelación de la licencia de exploración actual.
Según Oliver Warwick, de la confederación sindical danesa FH, los sindicatos recibieron con satisfacción los ambiciosos objetivos del Gobierno, con una excepción: la cancelación de la última licencia de exploración, que no afectaría los objetivos climáticos, pero tendría un impacto negativo para los trabajadores.
En la Cumbre del Mar del Norte de 2022 en Dinamarca, los líderes de Alemania, Bélgica y los Países Bajos anunciaron el objetivo común de cuadruplicar la capacidad eólica marina para 2030 y lograr que sea diez veces mayor para 2050.
“Esta gran inversión en energía renovable requiere, a su vez, inversiones también significativas tanto en capacitación como en reorientación laboral. Los interlocutores sociales han creado una academia transnacional donde los sindicatos y las empresas se aseguran de que las competencias de los trabajadores coincidan con las que se necesitan en la nueva industria”, señaló Warwick.
Anya Kartoffel, de ver.di, Alemania, explicó que los sindicatos de su país han estado muy involucrados y han apoyado el plan nacional para eliminar gradualmente el carbón. Sin embargo, como consecuencia de la crisis actual y la dependencia del país del petróleo y el gas importados de Rusia, se presentan grandes desafíos para cumplir con el cronograma original del plan.
Aunque se enfrenta a la misma crisis que el resto de Europa, Francia ha logrado descarbonizar la electricidad mediante la generación de energía nuclear.
“Debemos invertir en un consumo eficiente de energía, y las empresas que participan en la transición energética tienen que invertir en la capacitación de mano de obra calificada para este proceso”,
indicó Christophe Beginet, de la CFDT de Francia.
La central sindical nacional de los Países Bajos, FNV, apoya las políticas climáticas del Gobierno, al tiempo que insiste en la necesidad de la creación de fondos para el carbón con el objetivo de apoyar a los trabajadores que se encuentran en transición. La FNV está trabajando para influir en los fondos de pensiones del país y lograr que se alejen de las industrias fósiles y pasen a invertir en otras más sostenibles. Junto con el Gobierno y las empresas, los sindicatos están trabajando en una plataforma de conducta empresarial responsable para el sector de las energías renovables.
En las Américas, se vislumbra un panorama más esperanzador para los sindicatos. La Ley de reducción de la inflación en Estados Unidos tiene como objetivo crear empleos de energía limpia, impulsar la inversión en energía renovable, revitalizar el sector manufacturero y reducir los costos de atención médica. Se prevé que la ley cree 1,5 millones de puestos de trabajo en los sectores de la construcción y la manufactura.
“Esta es la primera vez que contamos con algo parecido una política industrial en EE. UU., más aún, una orientada al clima y la energía”,
señaló Brad Markell, de AFL-CIO.
“Es una buena noticia, aunque aún nos preocupa la transición en sí. El aumento de la energía limpia traerá consigo reducciones en el uso del carbón y el petróleo, así como de los vehículos de combustión interna. Pero en lo que refiere a los trabajadores de estas industrias, todavía no hay disposiciones que contemplen su situación. La ley tiene sus limitaciones y los sindicatos continuarán luchando por esos trabajadores”,
concluyó Markell.
Daniel Gaio, de la CUT, Brasil, brindó una actualización sobre las próximas elecciones y los compromisos del expresidente Lula de generar más acciones en relación con el cambio climático y la Transición Justa.
“El Gobierno de Bolsonaro ha tenido consecuencias terribles para el medioambiente y para los trabajadores. Cancelaron las inversiones en energías renovables de la empresa estatal brasileña de petróleo y gas, Petrobras y, con esta decisión, privaron al Estado de una herramienta clave para impulsar la Transición Justa. La privatización y el aumento de la cantidad de trabajadores subcontratados en Petrobras han generado pérdidas de puestos de trabajo y peores condiciones laborales. Pero tenemos grandes esperanzas de un posible Gobierno de Lula”,
expresó Daniel.
Los sindicatos canadienses han luchado por una ley nacional de Transición Justa, que se espera que esté aprobada para finales de este año o principios de 2023. Según Tara Peel del Congreso Laborista Canadiense, la principal lección del grupo de trabajo sobre Transición Justa de Canadá en relación con la eliminación gradual del carbón es que los sindicatos deben tener un papel que vaya más allá de lo meramente consultivo.
“Debemos estar presentes en las instancias de toma de decisiones y es precisamente eso lo que exige el Congreso Laboral Canadiense y sus afiliados”.
Sari Saarinen, de Canadian Unifor, indicó que se necesitan acciones reales y que los trabajadores y las comunidades deben ser parte de la transición para garantizar empleos bien remunerados en sus comunidades.
“Ese es el verdadero desafío y lo que necesitamos son políticas industriales y sectoriales, así como capacitación para proporcionar las competencias necesarias a la próxima generación de trabajadores. Esta es una responsabilidad clave que deben asumir tanto los Gobiernos federales como locales”,
declaró Saarinen.
Esta Iniciativa para una Transición Justa, organizada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), LO Noruega e IndustriALL Global Union, proporciona a los sindicatos una plataforma a nivel mundial para intercambiar información sobre la Transición Justa en la cadena de valor del petróleo y el gas.
