En este informe, encargado por la organización Ethical Trading Initiative (ETI), se concluye que las marcas no pueden llevar a cabo una diligencia debida en Myanmar ni adherirse a las normas sobre comercio responsable reconocidas a nivel mundial. La ETI es un organismo de múltiples partes interesadas formado por sindicatos, ONG y empresas. Entre los miembros de la ETI se encuentran H&M, Inditex, Primark, Lidl y New Look, empresas que han continuado su producción en Myanmar a pesar de los repetidos llamamientos de IndustriALL y los sindicatos locales para que retiren el capital invertido en el país.
En el informe también se destaca que el régimen militar tiene múltiples antecedentes de crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos, que incluyen el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la violencia de género y crímenes de guerra. A los 14 días del golpe de Estado de febrero de 2021, el régimen cambió la legislación para suspender los derechos humanos y poder perseguir y detener a los disidentes.
En este contexto, no es posible que las marcas mundiales realicen la diligencia debida. La libertad sindical es inexistente: los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores no pueden funcionar, ni siquiera a nivel de fábrica, mientras que régimen militar hace todo lo posible para desmantelar el movimiento sindical y otras estructuras democráticas. Además de prohibir los sindicatos, las fuerzas armadas han arrestado a 301 dirigentes sindicales y asesinado a 55, así como han emitido órdenes de arresto para 27 miembros de comités ejecutivos sindicales.
El trabajo forzoso está muy extendido: los trabajadores deben realizar horas extra no remuneradas que los obligan a regresar a sus hogares después del toque de queda, lo que los pone en riesgo ante los militares, la policía y las bandas delictivas. Se conoce al menos un caso de una mujer que fue violada mientras regresaba del trabajo. La situación se ve agravada por la propagación del trabajo precario y el colapso de los salarios, lo que hace que ni siquiera los trabajadores a tiempo completo puedan cubrir sus necesidades básicas.
Tampoco hay acceso a recursos, ya que las actividades de la OIT y de otras agencias de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales se han visto gravemente restringidas. Muchas organizaciones, incluida la iniciativa ACT, han dejado de funcionar en Myanmar, al tiempo que los Gobiernos occidentales han limitado sus actividades. Las marcas internacionales no tienen ningún control sobre el régimen militar.
La corrupción es moneda corriente: los trabajadores se ven obligados a sobornar a los funcionarios para conseguir trabajo, así como se conocen casos de propietarios de fábricas que les han pagado a las fuerzas de seguridad para que intervengan en conflictos laborales e intimiden a sus empleados. El costo de estos sobornos se descontó del salario de los trabajadores.
El creciente control de la economía por parte de la junta militar, así como su penetración en cada vez más sectores, significa que es imposible aislar al sector textil y de la confección del resto de la economía. En particular, gran parte de la infraestructura del transporte y la logística está controlada por el ejército, cada vez más involucrado en las actividades inmobiliarias, bancarias y de servicios públicos.
Las marcas que sigan abasteciéndose en Myanmar estarán incumpliendo los instrumentos internacionales de diligencia debida establecidos, así como ciertas sanciones y normas como la ley alemana de diligencia debida y la legislación de la Unión Europea sobre el trabajo forzoso. El informe advierte que estas marcas corren el riesgo de dañar su reputación, así como de enfrentarse a ciertas consecuencias económicas y legales.
La economía de Myanmar ya se ha contraído gravemente a causa de la guerra que los militares le han declarado a su propio pueblo. La salida de las marcas mundiales de Myanmar causará más pérdidas de empleo, por lo que deben negociar una salida responsable del país e indemnizar a los trabajadores.
Atle Høie, el secretario general de IndustriALL, expresó:
“Hemos sido muy pacientes al esperar este informe para confirmar lo que veníamos diciendo hace un año. Ahora ya no hay excusas: este informe demuestra ampliamente que no hay manera de hacer negocios de forma responsable en Myanmar. Las marcas que sigan activas en el país deben iniciar, sin más demora, negociaciones que conduzcan a una salida responsable”.
