Trabajadores de Zonas Francas de Nicaragua firman acuerdo tripartito de estabilidad salarial

“El acuerdo beneficiará a 142.000 trabajadores con empleos directos en zonas francas. Hicimos 5 consultas con los sindicatos de base, donde respaldaron que se firmara el acuerdo.

De todos modos, aún tenemos que fortalecer la negociación de los convenios colectivos, y poner mayor énfasis en la negociación de los incentivos y metas de producción“

dijo el secretario general de FESITEX (una de las organizaciones sindicales firmantes, afiliada a IndustriALL Global Union), Pedro Ortega Méndez.

Representantes de las 3 partes se reunieron a fin de dialogar sobre cómo fortalecer políticas y estrategias de desarrollo socioeconómico y laboral del país, encaminadas a reducir la pobreza, a favorecer el empleo pleno y productivo, y el trabajo formal como base del desarrollo sostenible.

A su vez, resaltaron la necesidad de fortalecer una política salarial justa, con un esquema de incentivos y beneficios sociales de cada empresa para los trabajadores, que los estimule a incrementar la productividad.

Además, destacaron la necesidad de fortalecer la libertad de asociación y la libertad sindical, así como el reconocimiento efectivo al derecho a la negociación colectiva y la eliminación de la violencia y el acoso laboral, entre otros.

Para lograrlo, pactaron que establecerán incrementos de los salarios mínimos para ser aplicados a todas las empresas sujetas al régimen especial fiscal para los próximos 5 años en el período comprendido de los años 2023-2027.

Además, acordaron promover la capacitación y la formación de los trabajadores. Por otra parte, afirmaron que trabajarán en la comisión de trabajo creada para tratar el tema de acceso a viviendas para los trabajadores.

También las partes destacaron que propiciarán precios preferenciales para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a las posibilidades de las empresas. En el documento también estipularon que fortalecerán la coordinación con las clínicas previsionales avanzar en el desarrollo de una cultura preventiva de los riesgos laborales, y para el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de higiene y seguridad del trabajo.

Del mismo modo, afirmaron que continuarán impulsando una política de género, orientada a promover la igualdad de oportunidades, de condiciones y de trato entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo.

Finalmente, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Felicitamos a FESITEX por este esfuerzo de pactar las necesidades y demandas de los trabajadores de la industria de maquilas de forma tripartita.

Aunque el documento esté lejos del pliego original de los trabajadores, consideramos que es un paso importante haber negociado y firmado este acuerdo con el gobierno y las empresas.

Seguiremos brindando apoyo a nuestras afiliadas y a los trabajadores para que persigan su lucha por un contrato colectivo nacional por sector, que brinde libertad y autonomía sindical.“

Organizaciones subsaharianas exigen poner fin a los flujos financieros ilícitos

Este tema se debatió en un taller regional sobre los FFI celebrado en Accra, Ghana, los días 24 y 25 de octubre, con el apoyo de la FES Ghana, al que asistieron 30 participantes de Ghana, Kenia, Liberia, Sudáfrica, Tanzania, Togo y Zambia.

Los participantes procedían de los afiliados de IndustriALL Global Union y de la Internacional de Servicios Públicos, de CSI África y de organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Desarrollo de Información Alternativa, Oxfam, la Red de Justicia Fiscal de África y la Red del Tercer Mundo de África. También participaron en el taller funcionarios del ministerio de finanzas de Ghana.

En las conversaciones se apuntó que cerca de 88.600 millones de dólares salen anualmente del continente africano con destino a paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Seychelles y otros países, principalmente en beneficio de países desarrollados.

Esta enorme pérdida financiera es suficiente para financiar casi el 50 % de los costos necesarios para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los expertos presentes en el taller señalaron que esto ha sido confirmado por la investigación de la UNCTAD, que afirma que los FFI son varias veces superiores a los flujos de inversión directa extranjera hacia el continente. 

Aunque el tema del taller regional era “Flujos financieros ilícitos en el sector de la minería del oro en Ghana”, se mencionó que este no es el único país africano que se enfrenta a los FFI. Mediante ejemplos de casos de estudio en Ghana, Sudáfrica y otros países, los expertos afirmaron que los FFI se suelen presentar en forma de fuga de capitales, evasión y elusión fiscal, lavado de dinero, ocultamiento de activos y malas prácticas comerciales como la facturación fraudulenta de envíos comerciales y la fijación de precios de transferencia.

Las actividades delictivas que incluyen la participación en mercados ilegales, la corrupción y el robo para financiar el terrorismo también son formas de FFI. Según las investigaciones, los FFI siguen drenando los ingresos tan necesarios de los países en desarrollo del África Subsahariana que, de otro modo, podrían utilizarse para erradicar la pobreza, crear puestos de trabajo dignos, reducir los elevados niveles de desempleo y contribuir a la industrialización. 

Además, en el taller se debatió la importancia de utilizar la Visión Minera Africana (AMV), que describe de qué manera pueden utilizarse los recursos minerales para el desarrollo económico, como uno de los instrumentos para frenar los FFI en conjunto con otras iniciativas de gestión minera. Sin embargo, la mayoría de los países no han adoptado la AMV y solo Lesoto ha desarrollado una visión minera nacional. La mayor parte de los países tampoco hacen cumplir sus leyes sobre minerales y minería, lo que permite a las empresas multinacionales ignorar los compromisos fiscales y de desarrollo de infraestructuras incluidos en sus licencias mineras.

Sani Baba, secretario regional de la Internacional de Servicios Públicos para los Países Árabes, señaló:

“La situación económica actual de Ghana, especialmente la elevada inflación y la depreciación de la moneda, está pasando factura a los trabajadores y a los ciudadanos. El gobierno debe tomar medidas drásticas, algunas de las cuales incluyen la reducción del importe de los incentivos fiscales a las empresas multinacionales con el fin de recaudar ingresos suficientes para invertir en salud, educación e infraestructuras, y limitar la subcontratación de mano de obra en el sector minero”.

“En Ghana se necesita una mayor participación y colaboración de las principales partes interesadas en el sector del oro y otros sectores mineros para reprimir los flujos financieros ilícitos y garantizar la movilización efectiva de los ingresos nacionales hacia el desarrollo socioeconómico sostenible. Las estrategias que necesitamos deben incluir la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala a través de la creación de marcos legales, el beneficio de minerales, incluido el refinamiento de lingotes de oro, ya que esto creará puestos de trabajo y maximizará el rendimiento de la riqueza mineral”, afirmó Abdul-Moomin Gbana, secretario general del Sindicato de Mineros de Ghana. Además, subrayó la importancia de la participación de las industrias locales y de un marco de política industrial que apoye los vínculos para garantizar la adición de valor y la creación de empleos dignos.

Glen Mpufane, director del sector minería de IndustriALL, expresó:

“Los flujos financieros ilícitos son un flagelo en el continente que privan del tan necesario beneficio económico y desarrollo del país anfitrión y deben exponerse como lo que son: un acto delictivo. Se necesita una campaña continental y regional para ponerles freno. Los ingresos perdidos podrían utilizarse para garantizar que las políticas comerciales e industriales aborden una minería sostenible que beneficie a los países africanos ricos en recursos e incluyan cláusulas de protección del medio ambiente, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y los derechos de las comunidades en las zonas mineras. La exportación de materias primas también debería sustituirse por la adición de valor de los minerales en las cadenas de suministro, ya que esto crea industrias manufactureras y las apoya”.

Los trabajadores de Sri Lanka enfrentan dificultades debido a la alta inflación

Los sindicatos exigen el aumento del salario mínimo nacional a LKR 26.000 (USD 71) pero el Gobierno no ha cedido.

En septiembre, la inflación alimentaria del país aumentó al 95 %, mientras que los salarios permanecen estancados. En algunas fábricas, los trabajadores reciben tan solo LKR 16.000 (USD 44), es decir, el salario mínimo nacional. Los salarios de los trabajadores migrantes en las zonas francas son insuficientes para cubrir sus gastos de vivienda. La actual crisis salarial en la región ha mostrado su peor cara en Sri Lanka, que aún no se ha recuperado de una crisis económica sin precedentes.

Antes de la crisis, los trabajadores podían mantenerse a flote a pesar de los bajos salarios gracias al pago de horas extras, bonificaciones por asistencia, servicios de transporte y otros incentivos; sin embargo, dado que estos beneficios se suspendieron, el dinero que ganan ha disminuido drásticamente. Las empresas justifican esta suspensión con el bajo volumen de pedidos. 

Los participantes del taller dejaron en claro que para superar los desafíos los sindicatos deben garantizar salarios dignos mediante la consolidación del poder sindical en la práctica y el planteo de una lucha colectiva. Los sindicalistas analizaron mecanismos como la negociación sectorial, los acuerdos marco globales y los foros tripartitos, que deben utilizarse de manera eficaz para hacer campaña a favor de un salario digno. 

Los representantes de marcas de ropa globales que estuvieron presentes en la mesa redonda celebrada el 21 de octubre para discutir la necesidad de un salario digno compartieron que, en la actualidad, la industria de la confección funciona en modo de supervivencia debido a la alta inflación en todo el mundo. 

Los fabricantes de Sri Lanka se enfrentan a una fuerte competencia de otros países del sur de Asia que mantienen los precios bajos y logran realizar las entregas a tiempo. Las marcas aseguraron que las fábricas seguirán funcionando en Sri Lanka para que los trabajadores puedan mantener sus puestos de trabajo. 

Anton Marcus, secretario conjunto del Sindicato de Trabajadores de Zonas Francas y Servicios Generales, afiliado de IndustriALL, declaró:

“Las marcas deben cumplir con su responsabilidad social y asegurarse de que los pedidos no se suspendan. Si los fabricantes no pueden pagar un subsidio de asistencia económica de LKR 10.000 (USD 27) a los trabajadores, las marcas deben apoyarlos para que puedan hacerlo. Es el momento de mostrar solidaridad con los esrilanqueses”.

Tanto los sindicatos como las marcas reconocen la necesidad de que se produzca un cambio en toda la industria de la confección para garantizar que los trabajadores reciban salarios dignos.

Apoorva Kaiwar, secretaria regional de IndustriALL para Asia del Sur, indicó:

“Los sindicatos tienen claro que los salarios deben aumentar en todo el país y especialmente en el sector de la confección de prendas de vestir que emplea a una gran cantidad de trabajadoras, muchas de las cuales son madres solteras. Para lograrlo, necesitamos un mecanismo de negociación que abarque a toda la industria. Pedimos a las marcas y fabricantes que se comprometan con los sindicatos para llevar adelante una negociación salarial para toda la industria en el sector de la confección”.

Sin captura y almacenamiento de carbono (CAC) es imposible alcanzar los objetivos climáticos

La conversión de residuos en energía con captura y almacenamiento de carbono (CAC) puede proporcionar un tratamiento final para los residuos no reciclables, elimina el CO2 de la atmósfera y produce calor y electricidad a nivel local. Sin embargo, los expertos explicaron que se necesitan el marco y las condiciones adecuadas para implementar esta tecnología.

Se producen muchas emisiones en las industrias pesadas europeas, como la del hierro y el acero, la petroquímica y la de los minerales no metálicos y, con excepción del acero verde, pocas formas de reducir estas emisiones que sean viables desde el punto de vista comercial. En este contexto, la CAC representa una solución valiosa para estas emisiones difíciles de reducir. Existen diversas oportunidades para desarrollar la tecnología de CAC y Noruega es uno de los principales países que invierten en ella.

“La captura de CO2 representa el mercado más grande en la cadena de valor de la CAC. Es importante que informemos sobre las oportunidades de reducción de emisiones, así como sobre los empleos de transición”.

Expresó Are Tomasgard de LO Noruega.

Diversas instituciones científicas de Noruega han llevado a cabo investigaciones para los sindicatos en torno a la creación de empleo y las oportunidades que brinda la captura y almacenamiento de carbono, con el objetivo de crear un plan de negocios integral. Las organizaciones empresariales y los sindicatos han estado trabajando de forma conjunta para analizar los aspectos relacionados con la Transición Justa tomando en cuenta la CAC.

Las conclusiones de las investigaciones muestran que, en cuanto a la creación de empleo en la CAC, las cifras son altas, tanto en la captura como en el transporte de CO2 a los sitios de almacenamiento, y que la CAC puede ayudar a mantener los empleos actuales en la industria al tiempo que reduce las emisiones. Para habilitar este potencial de creación de empleo, es necesario invertir y contar con apoyo gubernamental, así como centrarse en la realización de un proyecto a gran escala.

“Los sindicatos deben asegurarse de que los trabajadores estén sindicalizados. El conocimiento técnico otorga potencial internacional. El proyecto a gran escala podría aportar tecnología, soluciones y experiencia calificadas que serían beneficiosas a escala global”.

Agregó Tomasgard.

Markus Hole de Celsio, participante del proyecto noruego Longship, explicó que es el proyecto de captura y almacenamiento de carbono a gran escala del Gobierno de su país. Es la primera red transfronteriza de infraestructura de transporte y almacenamiento de CO2 de fuente abierta y ofrecería a las empresas de toda Europa la oportunidad de almacenar su CO2 de forma segura y permanente bajo tierra. 

“La primera fase del proyecto se completará a mediados de 2024 con una capacidad de hasta 1,5 millones de toneladas de CO2 por año”.

Indicó Hole.

Olav Øye de BELLONA, una ONG ambiental que trabaja junto con empleadores y sindicatos noruegos para obtener soluciones al cambio climático, expuso su recomendación respecto a la captura y almacenamiento de carbono, que consiste en:

“crear un marco jurídico y financiación para el transporte y almacenamiento de CO2; capturar y almacenar emisiones en lugar de cerrar industrias; y no esperar al hidrógeno verde hasta 2035: ¡comenzar con la CAC ahora mismo!”

Hubo varias preguntas de los participantes sobre si el CO2 capturado se puede utilizar para productos o en procesos industriales. Los expertos explicaron que la investigación y los proyectos piloto muestran resultados prometedores en cuanto al uso de CO2 en productos químicos, materiales de construcción y combustibles sintéticos. Sin embargo, no todos los usos del CO2 capturado resultan en una reducción de las emisiones. Esto depende de la cantidad de energía que se utiliza para convertir el CO2 en productos, entre otros factores. La evaluación del ciclo de vida de las emisiones es crucial. 

Otra preocupación planteada, especialmente proveniente del sur global y considerando la gran inversión necesaria para habilitar la infraestructura para proyectos de CAC a gran escala, fue qué atractivo podrían presentar para las economías más pequeñas que son, a su vez, grandes emisoras. En África, donde la energía solar es abundante, la CAC resulta menos atractiva debido a la importante inversión necesaria y la existencia de alternativas para la generación de energía.

En la región de Oriente Medio y África del Norte (MENA), los combustibles fósiles son importantes debido a la dependencia de las economías regionales de la producción y exportación de petróleo y gas. Esta industria proporciona muchos empleos e ingresos. En Irak, más del 90 % del presupuesto del país proviene del petróleo y el gas, al tiempo que la región de MENA es la más afectada por el cambio climático, con consecuencias que van desde la sequía hasta la escasez de agua, las olas de calor y el daño a los ecosistemas.

“Ha habido algunas iniciativas en la región para reducir las emisiones de CO2. Por ejemplo, cambios que apuntan a la producción de energías renovables e inversiones en CAC. La energía solar también tiene un enorme potencial en la región. La razón por la que la CAC es tan atractiva para los Estados del Golfo es que les permitiría reducir las emisiones. La tecnología es especialmente interesante para los sindicatos de la región porque ayudaría a que la industria no se cierre de inmediato, sino que el primer paso sería lograr que sea más limpia”.

Expresó Ahmed Kamel, secretario regional de IndustriALL para la región de MENA.

La Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos (IRA) prevé fondos federales para establecer centros de CAC en diferentes regiones. En el Valle de Ohio, un grupo de estados, actores industriales y sindicatos, incluido el United Steelworkers (USW), trabajan de manera conjunta para solicitar fondos con el objetivo de construir un complejo de CAC e hidrógeno para reducir las emisiones de las centrales eléctricas de carbón e instalaciones para el acero y de minería.

El USW también representa a los trabajadores de refinerías en Estados Unidos, que están preocupados por la posibilidad de perder sus empleos. La financiación federal en el país para proyectos industriales que pueden reducir las emisiones es significativa. El USW está estudiando cómo influir en el destino de estos recursos para garantizar que se tengan en cuenta las plantas de refinería.

“EXXON y otras empresas proyectan construir la instalación de CAC más grande del mundo en el Golfo de México para capturar las emisiones de refinerías, plantas químicas y depósitos de petróleo. Este proyecto requerirá mucha más financiación, incluso teniendo en cuenta el dinero que proporciona el Gobierno, ya que la infraestructura para su desarrollo es enorme. A pesar de estos ejemplos, en general, los sindicatos no advierten esfuerzos suficientes para conservar los puestos de trabajo”.

Declaró Mike Smith de USW.

Industrial-Chile rechaza tratado transpacífico porque impide un nuevo modelo de desarrollo

El Senado de Chile votó y aprobó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP 11) el 11 de octubre. El tratado involucra a 11 países: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Aún falta que el Presidente Gabriel Boric efectúe la promulgación o depósito final en nombre del Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados chilena lo aprobó en 2019 y varios años después el Senado retomó su discusión. Entre los objetivos del TPP 11 se encuentra promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional y promover el crecimiento sostenible.

Sin embargo, diversas organizaciones sindicales de Chile se posicionaron en contra del tratado porque lo consideran perjudicial para el país. Chile es el país de la región con el mayor número de acuerdos comerciales firmados, pero décadas de políticas comerciales neoliberales han dejado un legado de desigualdad e injusticia. 

Industrial Chile-Constramet (afiliada a IndustriALL Global Union) le entregó una carta al presidente Boric donde le pidió que no promulgue el TPP 11:

“Le pedimos que no firme, retire a nuestro país del TPP 11 y respete el programa al que se comprometió ante el pueblo de Chile, el cual no incluía la firma de este tratado”

dijo en la carta al primer mandatario.

En dicha comunicación, la organización sindical recordó que, durante la visita del entonces candidato a la presidencia de Chile a la central sindical CUT Chile, Boric estuvo de acuerdo en que el Estado debía asumir un rol protagónico para impulsar un nuevo modelo de desarrollo de la industria y darle valor agregado a las materias primas.

Industrial Chile aseguró que, por el contrario, el TPP 11 restringe las actividades de las empresas públicas y el rol del sector público en materia económica. Además, considera que el acuerdo no garantiza la ampliación de matrices productivas ni energéticas, no le permitirá al país generar valor agregado, ni posibilitará la creación de empleos decentes.

Por su parte, el presidente de Industrial Chile, Horacio Fuentes, expresó:

“El Presidente de la República aún tiene la facultad de retirar al país de este tratado, el cual cede la soberanía nacional.

Es importante que lo haga para poder cumplir con su compromiso durante la campaña electoral, a impulsar un nuevo modelo de desarrollo basado en aplicar más mano de obra a nuestros productos naturales.“

El Comité Ejecutivo de IndustriALL adoptó en 2018 un Plan de Acción Global hacia un comercio internacional y una política industrial justos, a fin de impulsar a sus sindicatos afiliados a intervenir en las negociaciones de acuerdos y tratados comerciales multilaterales. En 2019 el Comité ejecutivo regional de IndustriALL en América Latina y el Caribe adoptó un Plan de Acción Regional para llevar los lineamientos globales a la práctica.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“El comercio puede ser uno de los principales motores del crecimiento económico y del desarrollo, siempre y cuando esté basado en un modelo que beneficie tanto a los trabajadores como a las sociedades en su conjunto.

IndustriALL Global Union apoya los esfuerzos de sus afiliados para defender la equidad y la justicia en los acuerdos comerciales. Es esencial proteger el espacio público e intentar recuperar el espacio perdido, defendiendo el derecho de los gobiernos a regular las inversiones a favor de la generación de empleo y del desarrollo sostenible.”

Es necesario concretar avances significativos en las negociaciones sobre un tratado vinculante de las Naciones Unidas

Cada día hay más casos de abusos de los derechos de los trabajadores por parte de las empresas. Según el Índice de Derechos de la CSI, 113 países excluyen a los trabajadores del derecho a formar un sindicato o afiliarse a uno, con un aumento que va de los 106 casos registrados en 2021 a los 113 hasta la fecha. En el 87 % de los países se ha vulnerado el derecho de huelga y en cuatro de cada cinco se ha bloqueado la negociación colectiva.
 
Por otro lado, ha aumentado la presión para que se adopten medidas reglamentarias que obliguen a las empresas a asumir su responsabilidad por las vulneraciones de los derechos humanos a nivel nacional y regional tras la entrada en vigor de nuevas leyes. Las negociaciones de la próxima semana sobre un tratado vinculante pondrán especial atención en la necesidad de tomar medidas que pongan fin a los abusos de las empresas en materia de derechos humanos y laborales.
 
Las federaciones sindicales mundiales piden que se consoliden las siguientes prioridades:

Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL, señaló:

“El mundo no puede continuar con el modelo actual de negocios, abusivo y explotador, en las cadenas de suministro mundiales. Necesitamos reglamentos vinculantes y aplicables de manera inmediata, para que haya igualdad de condiciones. Estas negociaciones llevan ya muchos años en proceso; no podemos esperar mucho más. IndustriALL Global Union, junto con la CSI y otras federaciones sindicales, continuará luchando por un tratado vinculante de acuerdo con nuestro Plan de acción del Congreso”.

Red de sindicatos latinoamericanos de BHP buscan un diálogo social

Representantes sindicales de Brasil, Chile y Perú se reunieron de forma virtual el 12 de octubre. Debido a que aún no han conseguido establecer un diálogo social con el Grupo BHP, convocaron a dos especialistas del ámbito legal e internacional para buscar herramientas que lo posibiliten.

“BHP nos está negando el diálogo. Tenemos que ayudar a los trabajadores mineros de la región. Hemos invitado a 2 personas para ayudarnos”

dijo el director del sector minero, Glen Mpufane, en la apertura del encuentro.

Mpufane explicó que la empresa BHP tiene un nuevo organigrama. Solían ser 2 empresas que ahora se fusionaron en una única estructura. En Sudamérica reportó que hay 7390 empleados permanentes y 16630 contratistas. Aseguró que el impacto que esto tiene, es que existen más problemas de salud y seguridad.

Destacó que los principales desafíos para los trabajadores de BHP en Latinoamérica son la carencia de interlocutores sociales y de un diálogo entre los sindicatos y la patronal. Si existiera un verdadero diálogo, podrían tratar problemas que enfrentan los trabajadores, como la salud ocupacional, reforzó el director del sector minero.

En tanto, los trabajadores de Brasil mencionaron que actualmente la empresa local tampoco está disponible para sostener un diálogo con el sindicato. Por eso, consideraron que es necesario intercambiar información y crear una política global.

A su vez, los trabajadores de Perú subrayaron que el país atraviesa una crisis política que imposibilita que se implementen reformas laborales, las cuales beneficiarían a los trabajadores, como la de la tercerización. A su vez, las empresas no quieren efectuar negociaciones colectivas.

En el caso de Chile, aseguraron que las empresas no reconocen los derechos laborales de sus trabajadores. La legislación laboral promueve el sindicalismo a nivel de empresa, fragmentando así la unidad y la acción colectiva. Por lo tanto, los sindicatos no tienen mucho poder para negociar porque son muchos y con pocos miembros. Además, destacaron que subsiste la tercerización y la precarización laboral.

Por otra parte, el asesor principal de políticas del Trade Union Advisory Council (TUAC, la voz de los trabajadores en la OCDE), Blake Harwell explicó que trabaja con las directrices de la OCDE sobre la dirigencia debida para la gestión de riesgos de la cadena de suministro, adoptadas por los estados miembros. Estas obligaciones involucran a la sede de BHP porque se encuentra en Australia, uno de los estados miembros. 

A su vez, Harwell explicó que las guías de la OCDE para las multinacionales exigen que todos los gobiernos tienen que tener una persona de contacto nacional responsable por las relaciones entre las empresas y los sindicatos. Cuando la empresa no cumple con este requisito, debe haber una instancia para entablar demandas judiciales.

Por su parte, la asesora senior sobre administración de capital de IndustriALL Global Union, Elizabeth Umlas, dijo que, cuando BHP se niega a establecer cualquier tipo de diálogo social y se agotan los medios previos, otra posibilidad es contactar a los inversionistas que demuestran interés en temas de derechos humanos, para incidir en la conducta de la empresa.

Finalmente, la secretaria regional adjunta de IndustriALL y responsable del sector minero a nivel regional, Laura Carter, concluyó: 

“Escuchamos que, aunque BHP afirma priorizar el bienestar de los trabajadores, su uso muy extenso de la subcontratación está socavando los derechos de los trabajadores. Entendemos que, aunque BHP tiene políticas sólidas sobre diversidad e inclusión, existen grandes brechas en la forma en que se aplican estas políticas en la realidad.

A pesar de que BHP afirma estar comprometida con la reparación del daño causado por la catastrófica falla de la represa Samarco en 2015, se ha negado a asegurar que las recomendaciones de la OCDE se pongan en práctica. BHP se niega a entablar un diálogo sobre estos temas a nivel nacional, pero afortunadamente hay herramientas que podemos usar para presionarla a que cumpla con una conducta empresarial responsable; así lo haremos. “

Presentación de guía sindical de buenas prácticas para una Transición Justa

Estas son algunas de las cuestiones fundamentales planteadas durante el seminario web en línea del 18 de octubre para presentar Una guía sindical de buenas prácticas para una Transición Justa. En este seminario participaron 82 representantes sindicales de 51 países que representan a los sectores que los afiliados de IndustriALL Global Union sindicalizan.

La guía tiene como objetivo ayudar a los sindicatos a desarrollar marcos que se puedan utilizar en los planes y campañas de Transición Justa para proteger a los trabajadores que se verán afectados negativamente por la transición no solo de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables, sino también por la introducción de nuevas tecnologías. La guía considera contextos y realidades del Norte Global, donde se perderán puestos de trabajo en la industria automotriz y siderúrgica, y del Sur Global, donde los empleos se volverán más precarios y la mayoría de los trabajadores ganarán salarios de pobreza.

Kan Matsuzaki, secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, afirmó:

“La Transición Justa plantea un desafío para los sindicatos en términos de pérdida de puestos de trabajo, pero esto también debe verse como una oportunidad para la creación de empleo en las industrias de energía renovable, la automatización y la digitalización, incluidos los sectores de la electrónica y automotor. Esto significa que los sindicatos deben seguir exigiendo empleos seguros, especialmente para los trabajadores jóvenes, y hacer campaña por economías sostenibles. Esta guía es una lectura obligada para los sindicatos con el fin de formular estrategias y planes para la Transición Justa”.

En la presentación, los oradores señalaron que los marcos deberían tomar información de las directrices de la OIT sobre la Transición Justa, las normas internacionales del trabajo, la agenda de trabajo digno y las exigencias sindicales, incluidas las formuladas en conferencias como la COP 26. Se hizo hincapié en incluir los logros obtenidos mediante convenios colectivos y procesos de diálogo social.

La guía de buenas prácticas consiste en un conjunto de ideas que pueden adoptar los sindicatos y los “partidarios de los trabajadores”, entre ellos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones que forman parte de alianzas, redes y movimientos que apoyan una Transición Justa. La guía tiene dos secciones sobre el contexto económico y político actual; y los pasos que los sindicatos pueden seguir en la construcción de estrategias y planes para lograr la transición en los términos de los trabajadores.

La guía se basa en cinco principios: una transición de alto nivel, creación de empleos dignos, diálogo social, creación de instituciones permanentes para una Transición Justa y energía asequible. Abordar la desigualdad de género y poner fin a la pobreza también se describen como elementos clave de la transición.

“Buscamos una Transición Justa transformadora de alto nivel que garantice empleos de calidad para todos los trabajadores afectados por la descarbonización […] Un proceso de Transición Justa de descarbonización debe ser el vehículo para transformar las relaciones económicas entre el capital y los trabajadores, así como conducir a una amplia transformación social que, entre otras cosas, produzca una generación de energía justa y sostenible”.

La guía se puede utilizar para la educación de los trabajadores, especialmente para capacitar a delegados sindicales, y se completa con herramientas de implementación y control para el diálogo social, ejemplos de lo que debe incluirse en los acuerdos de Transición Justa y recomendaciones sobre el tipo de organizaciones gubernamentales que se pueden establecer. Las muestras de indicadores, cronogramas y listas de verificación son útiles para la educación sindical, mientras que el apéndice proporciona ejemplos sobre qué incluir en los acuerdos de Transición Justa.

La guía incluye la opinión de los trabajadores miembros de los afiliados a IndustriALL, ya que incluye información recopilada durante la fase de investigación a través de un cuestionario, reuniones en línea y entrevistas. La recopilación de datos para la guía también incluyó información de las redes de energía de IndustriALL en Oriente Medio y África del Norte, y África Subsahariana.

Jonathan Tasini, el autor de la guía, señaló:

“Los sindicatos deben comenzar inmediatamente el compromiso con los empleadores y los gobiernos, y desarrollar estrategias y planes a largo plazo para un horizonte de 20-30 años”.

“Una Transición Justa se trata de justicia social, condiciones de trabajo dignas y mejores medios de vida para los trabajadores y sus familias, así como para las comunidades, y estos son los mensajes clave de la guía”.

“El momento de actuar es ahora. Los sindicatos no deben esperar a que se produzcan los cambios antes de tomar medidas decisivas”,

afirmó Diana Junquera Curiel, directora del sector energía de IndustriALL.

La guía, publicada por IndustriALL con el apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung, está disponible en inglés, francés y español.

La protección social en acción en Bangladesh

La protección social es un derecho humano fundamental reconocido y podría incluir subsidios por enfermedad, prestaciones por desempleo y seguros de accidentes. La pandemia puso de manifiesto la precariedad del modelo de producción del sector de la confección, ya que millones de trabajadores en países sin red de seguridad se quedaron sin remuneración cuando la industria se detuvo abruptamente.

El EIS, en el que participan la OIT, el gobierno, las marcas, los trabajadores y los empleadores, es un plan de protección social que incluye la indemnización por tratamiento médico y servicios de rehabilitación, así como por la pérdida de ingresos causada por lesiones y enfermedades profesionales. Se trata de un proyecto piloto que inicialmente tendrá una duración de tres años, con la participación de siete marcas y alrededor de 150 fábricas de prendas de vestir.
 
El seminario web del 18 de octubre, dirigido principalmente a inversionistas institucionales interesados en trabajar hacia una industria de la confección más sostenible y basada en el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, exploró por qué participan las marcas de prendas de vestir y textiles, su papel en la financiación y la necesidad de su participación continua en el desarrollo de un seguro sostenible de accidentes laborales.

“La falta de pago de salarios debido a la cancelación de pedidos durante la pandemia llevó a una profundización de la pobreza para millones de trabajadores de la cadena de suministro mundial como consecuencia de una falta esencial de protección social. En muchos casos, esto desencadenó protestas a gran escala y trajo no solo riesgos operativos, legales y financieros para las marcas, sino también daños a la reputación de algunas debido a que fueron acusadas de robo de salarios”,

explicó Liz Umlas, asesora de administración de capital.
 
Anne Marie La Rosa de la OIT destacó que este importante piloto es un vehículo para lograr cambios en la industria de la confección.

“Las marcas tienen una gran huella en Bangladesh. Si podemos hacer que el modelo funcione e involucrar a todos (gobierno, sindicatos, la industria), esta experiencia se puede expandir a otros países”.

Las marcas de vestimenta H&M y Primark participaron en el panel y dieron su opinión sobre por qué decidieron desarrollar y apoyar el piloto. En sus observaciones, H&M y Primark pidieron que otras marcas participen en el EIS, y señalaron que si bien los problemas ambientales parecen estar en el radar de los inversionistas, los problemas sociales no lo están tanto y estos nunca plantean la protección social en particular.

“Este es un primer paso importante en el desarrollo de una sólida red de seguridad social para los trabajadores, pero es necesario que más marcas se unan para que el piloto sea sostenible. Es importante que compartamos la responsabilidad de una industria de la confección sostenible”,

declaró Christina Hajagos-Clausen, directora del sector textil y de la confección de IndustriALL.

Las marcas participantes hasta la fecha son Bestseller, Fast Retailing, H&M Group, KiK, Primark y Tchibo. En una carta enviada a principios de este mes, IndustriALL pide a más de 40 marcas que se abastecen en Bangladesh que apoyen el plan.

El seminario web forma parte de la iniciativa más amplia de IndustriALL sobre protección social para los trabajadores de la confección, tras un evento anterior en junio, en el que trabajadores de Tailandia dieron testimonio sobre el impacto del robo de salarios en sus vidas.


 
 
 
 

Reciclaje de buques: ¡se necesita una intervención urgente para garantizar que todos los trabajadores estén seguros en el trabajo!

Después de la trágica muerte de dos trabajadores en las instalaciones de reciclaje de buques Simsekler en Turquía, que dio lugar a su retiro de la lista de instalaciones de reciclaje de buques de la Unión Europea, industriAll European Trade Union e IndustriALL Global Union han mantenido conversaciones con la Comisión Europea sobre cómo mejorar la salud ocupacional y las normas de seguridad en los astilleros de reciclaje de buques de todo el mundo, poniendo énfasis en que es fundamental contar con organizaciones sindicales fuertes para garantizar buenas prácticas en materia de salud y seguridad.

El sector mundial de desguace de buques, que forma parte del proceso de reciclaje de buques, es conocido por ser extremadamente peligroso y tener condiciones de trabajo precarias, salarios de pobreza, poca capacitación y falta de equipos de seguridad y acceso a servicios médicos, como se pone de relieve en el informe especial de IndustriALL Global Union. Lamentablemente, en este sector suceden accidentes fatales con frecuencia, y además de los dos incidentes mencionados ocurridos en Turquía, existen preocupaciones reales sobre las condiciones de trabajo en Bangladesh, donde se registraron más de 20 accidentes graves y seis muertes en lo que va de 2022. Los sindicatos piden medidas urgentes para prevenir accidentes y mejorar las condiciones de trabajo en los astilleros de reciclaje de buques de todo el mundo.

La UE cuenta con normas estrictas que se establecen en el Reglamento europeo de reciclaje de buques y la lista de instalaciones de reciclaje de buques de la UE, y los responsables de formular políticas europeos están dispuestos a utilizar estas herramientas para mejorar las condiciones de trabajo y aumentar la legislación en materia ambiental de las instalaciones de reciclaje de buques de todo el mundo. Con ambas herramientas actualmente en revisión, industriAll Europe e IndustriALL Global Union aprovecharon la oportunidad para responder a las consultas y reunirse con la Comisión Europea para destacar la experiencia de los trabajadores en la práctica e insistir en que la libertad sindical, los sindicatos fuertes y un diálogo social de calidad son necesarios para garantizar que los trabajadores estén seguros en su lugar de trabajo. Los sindicatos pueden supervisar el cumplimiento de las reglamentaciones desde el principio, cambiar las prácticas de trabajo de los miembros y no admitir el trabajo inseguro.

Los objetivos del Reglamento de reciclaje de buques de la UE de prevenir, reducir y minimizar los accidentes, las lesiones y otros efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente durante el proceso de desguace/reciclaje de buques cuentan con el respaldo de los sindicatos. El Reglamento de la UE también tiene por objeto ayudar a ratificar el Convenio internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques de la Organización Marítima Internacional, que IndustriALL Global Union respalda desde hace mucho tiempo.

Dado que se prevé que la demanda de reciclaje de buques aumente drásticamente en un futuro próximo, y que casi el 90 % del desguace de buques (arqueo bruto) tiene lugar en la India, Pakistán y Bangladesh, se necesita inversión para garantizar que las instalaciones mundiales actuales estén a la altura. Esto debería dar lugar a que los interlocutores sociales y las autoridades nacionales desarrollen hojas de ruta para prepararse para el aumento de la demanda de reciclaje de buques, cumpliendo al mismo tiempo todos los criterios establecidos en el Convenio de Hong Kong y el Reglamento de la UE.

Kan Matsuzaki, secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, afirmó:

“La prioridad de IndustriALL Global Union es que el Convenio de Hong Kong entre en vigor. El próximo año es crítico para esto. Introducirá una norma mundial básica para el reciclaje de buques seguro y ambientalmente racional. Los reglamentos de la UE complementan el Convenio, y es importante que las voces de los trabajadores sean escuchadas durante el proceso de revisión. Nuestra visión es de una industria próspera que proporcione reciclaje de buques a un alto nivel, con empleos sindicalizados seguros y de calidad. La clave del éxito es una norma mínima reconocida a nivel mundial, además del diálogo social con los sindicatos”.

Judith Kirton-Darling, secretaria general interina de industriAll Europe, señaló:

“La eliminación de dos astilleros turcos de reciclaje de buques en la 10.ª revisión por parte de la UE de la Lista de Instalaciones de Reciclaje de Buques de la UE es un fracaso para todas las partes involucradas. Necesitamos urgentemente mejorar las normas de salud y seguridad de los astilleros y ayudar a que más de estos establecimientos, tanto en Europa como en el resto del mundo, reciclen buques de manera limpia y segura. La economía circular juega un papel importante en el ciclo de vida de un barco, y debemos utilizar plenamente estas preciadas materias primas secundarias al tiempo que protegemos a los trabajadores en estos sitios”.