Los sindicatos condenan las leyes antihuelga en Zimbabue

La Ley de Enmienda de los Servicios de Salud y el Proyecto de Ley de Enmienda del Derecho Penal (Codificación y Reforma) violan la Constitución de Zimbabue y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el país. Entre estos se encuentran el Convenio 87 (sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación) y el Convenio 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva). La OIT envió una misión de investigación a Zimbabue el año pasado tras recibir múltiples informes sobre violaciones de los derechos laborales.

La Ley de Enmienda de los Servicios de Salud establece que las huelgas en el sector de la salud pública, calificado de servicio esencial, no deben prolongarse más de 72 horas. Si los sindicatos no respetan este límite, los organizadores serán multados y condenados a tres años de prisión.

Según una comunicación del Gobierno, la reforma del derecho penal legalizará la detención y el procesamiento de los habitantes del país por atentar deliberadamente contra la soberanía del Estado y el interés nacional de Zimbabue, una cláusula que, según los expertos jurídicos, tiene una interpretación amplia que puede dar lugar a detenciones arbitrarias de activistas sindicales y de derechos humanos.

Joseph Tanyanyiwa, presidente del Consejo de Coordinación Nacional de IndustriALL en Zimbabue, afirmó:

“Los derechos de los trabajadores son derechos humanos que no deben verse limitados ni comprometidos. Lo que nos preocupa aún más es la criminalización de la libertad de expresión. Las leyes tendrán repercusiones negativas de gran alcance que limitarán nuestros derechos consagrados en la Constitución del país y en los convenios de la OIT, ratificados por el Gobierno. Instamos al Gobierno a que modifique o derogue de manera urgente las leyes que infunden miedo a los sindicatos y a sus miembros. Estas leyes debilitarán la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales”.

Con una inflación del 229.8 % en enero de 2023, la más alta del mundo, a los trabajadores zimbabuenses, que perciben un salario medio de 62 dólares al mes, se les hace difícil llegar a fin de mes. Los trabajadores de la salud, la energía y la minería fueron a huelga el año pasado para exigir salarios dignos y que se paguen a tiempo. En la mina de oro de Vumbachikwe, en Gwanda, los trabajadores se declararon en huelga tras más de tres meses de salarios impagos.

Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, expresó:

“Promulgar leyes que prohíben las huelgas en medio de una crisis del costo de vida, el robo de salarios y los salarios bajos son formas de opresión. Instamos al Gobierno de Zimbabue a que respete las leyes del país y los derechos fundamentales en el trabajo definidos por la OIT”.

Los afiliados de IndustriALL en Zimbabue son el Sindicato Nacional de la Industria de la Confección (NUCI), el Sindicato Nacional de Industrias Metalúrgicas y Afines de Zimbabue (NUMAIZ), el Sindicato de Trabajadores del Sector Químico, Plástico y Afines de Zimbabue (ZCPAWU), el Sindicato de Trabajadores de Diamantes y Minerales Afines de Zimbabue (ZDAMWU), el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Zimbabue (ZEWU), el Sindicato de Trabajadores del Cuero, el Calzado y Afines de Zimbabue (ZLSAWU) y el Sindicato de Trabajadores Textiles de Zimbabue (ZTWU).

Declaración de las federaciones sindicales internacionales sobre el segundo aniversario del golpe militar en Myanmar

El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar derrocó al gobierno recién elegido del país, lo que interrumpió su camino hacia la democracia después de décadas de régimen militar. Los militares formaron un gobierno ilegítimo bajo un organismo llamado el Consejo de Administración del Estado (CAE). Por su parte, los políticos elegidos democráticamente crearon el GUN.

El pueblo de Myanmar, que opuso mucha resistencia al golpe, formó un movimiento pacífico de desobediencia civil. La respuesta de la junta militar fue brutal, con arrestos masivos y asesinatos. Hasta la fecha, han detenido a 17.481 personas, entre ellas muchos sindicalistas, y 13.680 siguen privadas de libertad. 2.892 personas han sido asesinadas por el régimen militar. La brutal represión de las manifestaciones pacíficas condujo a la creación de grupos armados y, actualmente, Myanmar se encuentra en un estado de guerra civil.

El régimen prohibió la mayoría de los sindicatos en Myanmar. Muchos activistas sindicales están detenidos, otros han sido asesinados o están escondidos. Es imposible ejercer el derecho a la libertad sindical.

En el aniversario del golpe, la CTUM pide a los sindicatos de todo el mundo que organicen piquetes o manifestaciones frente a las embajadas de Myanmar y las de los países que apoyan a la junta militar, con las siguientes demandas:

  1. Rendir homenaje a los héroes de Myanmar
  2. Liberar a los presos políticos
  3. Apoyar la democracia popular
  4. Restaurar el gobierno legítimo

Una de las demandas más importante de los sindicatos birmanos es el reconocimiento diplomático formal del GUN. La junta está intentando normalizar su toma de poder al buscar el reconocimiento diplomático como el gobierno de facto de Myanmar.

A pesar de ser el representante legítimo y elegido democráticamente del pueblo de Myanmar, el reconocimiento diplomático formal del GUN no es universal.

En diciembre de 2022, la Asamblea General de Naciones Unidas rechazó una solicitud de reconocimiento presentada por la junta, y el representante del GUN que había estado en el cargo antes del golpe conservó su escaño.

La presión ejercida por el movimiento sindical mundial llevó a las Conferencias Internacionales del Trabajo de la OIT en 2021 y 2022 a rechazar a la junta.

Sin embargo, no existe una postura universal a nivel de las organizaciones de la ONU y otros organismos internacionales. Aunque la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha limitado la participación del CAE en las cumbres, la junta controla las embajadas en la región y los gobiernos de la ASEAN interactúan con el régimen en otras reuniones y foros.

El CAE recibe un fuerte apoyo de Rusia y China, así como cierto reconocimiento de la India y Tailandia. Aunque el Parlamento Europeo adoptó una resolución en 2021 que reconocía al GUN como el representante legítimo de Myanmar, y que este tiene presencia diplomática en muchos países europeos, ningunos de los representantes del GUN poseen acreditación diplomática.

En 2021, las federaciones sindicales internacionales exigieron a las multinacionales que aplicaran una mayor diligencia debida y cortaran los lazos comerciales directos y asociados con el ejército de Myanmar. De esta manera, estarían en consonancia con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Cuando no se puede ejercer la diligencia debida, las empresas deben optar por desinvertir. Aunque algunas empresas han suspendido sus actividades comerciales en Myanmar, el ejército ha podido acceder a una cadena de suministro mundial de empresas de Estados Unidos, Europa y Asia para fabricar armas.

Las federaciones sindicales internacionales piden a sus sindicatos afiliados que exijan a sus Gobiernos nacionales el reconocimiento del GUN, y que presionen a las multinacionales con las que trabajan para que corten todos los lazos que beneficien directa o indirectamente a la junta militar.

En este segundo aniversario del golpe militar, el movimiento sindical mundial mantiene su firme solidaridad con el pueblo de Myanmar. No descansaremos hasta que se restaure la democracia.

 

Trabajadores en huelga en Rieter India

La Federación de Empleados de Rieter India (RIEF), miembro de Shramik Ekta Manhasangh, organización afiliada a IndustriALL, ha expresado reiteradamente su preocupación por las prácticas laborales injustas de la empresa. Estas incluyen emplear a numerosos trabajadores subcontratados sin la capacitación adecuada en puestos de trabajo permanentes, lo que socava la seguridad de todo el personal. Rieter India es una filial de una empresa suiza que fabrica maquinaria textil.

El sindicato denunció el empleo ilegal de trabajadores subcontratados ante el Departamento de Trabajo, que ordenó una inspección de la empresa. Desde entonces, la dirección ha estado amenazando a los dirigentes sindicales con suspenderlos, transferirlos y despedirlos si el sindicato no retira estas acusaciones. En un intento por debilitar al sindicato, la empresa transfirió a lugares remotos diferentes a siete de sus dirigentes, incluidos el secretario general y el presidente, bajo el pretexto de capacitarlos.

La dirección continúa hostigando a los trabajadores y amenazando con revocar el aumento salarial que otorgó después de que el sindicato presentara una queja ante los tribunales sobre el mismo tema. La dirección ha estado exigiendo un aumento en la productividad sin realizar investigaciones científicas ni implementar mejoras en el proceso de producción que contribuyan a este fin.

Además, Rieter India se ha negado a reconocer a la RIEF. El sindicato ha impugnado judicialmente esta decisión, pero el caso sigue pendiente.

Dilip Pawar, presidente de la RIEF, expresó:

“El presidente de la junta directiva de Rieter India nos escribió afirmando que la empresa no tiene conocimiento de ninguna práctica laboral desleal y que la dirección local goza de la autoridad y de su pleno apoyo para evitar cualquier huelga por parte de un sindicato que no reconoce, y que los miembros del sindicato serán totalmente responsables por empañar la reputación de la empresa. Esto es inaceptable y no lo toleraremos”.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, expresó:

“IndustriALL Global Union expresa su solidaridad con los trabajadores de Rieter India Ltd. Continuaremos apoyando a la Federación de Empleados de Rieter India en su lucha por obtener el reconocimiento sindical y condiciones dignas de salud y seguridad en el lugar de trabajo”.

La democracia debe ser restaurada en Myanmar

La situación de la población trabajadora en el país se deterioró drásticamente después del golpe militar en febrero de 2021. Al día de hoy, la mayoría de los sindicatos están prohibidos, y muchos trabajadores que alguna vez estuvieron protegidos por convenios colectivos han sido despedidos y reemplazados por trabajadores informales y carentes de derechos.

Después del golpe, el Ejército comenzó a reprimir a los sindicatos y sus miembros a través de arrestos y ataques violentos.

Actualmente, más de 60 sindicalistas están encarcelados por cargos falsos. Deben ser liberados inmediatamente.

Las inversiones tienen repercusiones a largo plazo sobre los derechos de los trabajadores. En septiembre de 2021, IndustriALL lanzó una campaña a favor de la desinversión, en la que exhortó a todas las empresas que operan en Myanmar a retirarse del país y a no realizar nuevos pedidos.

IndustriALL, al comunicarse con todas las empresas de los sectores que representa y que están activas en Myanmar, hizo hincapié en que es imposible ejercer la diligencia en un país gobernado por un régimen militar y donde los sindicatos no pueden funcionar. Algunas empresas, como Total, Chevron, Woodside, Telenor, Tesco, Benetton, Aldi South y C&A, se retiraron rápidamente.

Hacia fines del año pasado, se comenzó a debatir con varias marcas de moda acerca de una salida responsable del país. Varias de ellas, como Primark y New Look, dejaron de realizar pedidos en Myanmar.

“Se ha avanzado en cierto sentido”, expresó el secretario general de IndustriALL, Atle Høie. “No obstante, los militares siguen gobernando de forma ilegítima y vulnerando los derechos humanos y laborales, por lo que debemos mantener la presión”.

Las federaciones sindicales internacionales exigen un reconocimiento inequívoco de los poderes del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Myanmar a nivel internacional y nacional como el único y verdadero Gobierno democrático del pueblo birmano.

“Al reconocer al GUN, salvaguardamos los derechos humanos y sindicales de los trabajadores de Myanmar y, de una vez por todas, ponemos fin a la brutal dictadura de la junta militar y a la falsa representación del país ante la comunidad internacional”.

(Declaración de las federaciones sindicales internacionales, octubre de 2022)

Un año después del golpe militar, el movimiento sindical mundial se comprometió a no descansar hasta que el poder sea devuelto al pueblo.

Atle Høie declaró:

“Ha pasado otro año en el que el pueblo de Myanmar siguió pagando un alto precio a manos de la violenta junta militar. Este aniversario, únase a nosotros para reiterar el llamamiento por el retorno de la democracia a Myanmar”.

 

Un pacto sobre la fabricación de baterías estimula el empleo decente en África

El acuerdo, firmado a finales del año pasado, busca promover el desarrollo de una cadena de valor de los vehículos eléctricos desde la minería hasta el usuario final, pasando por la refinación y la fabricación de celdas y paquetes de baterías. Los signatarios conducirán estudios de viabilidad y proporcionarán asistencia técnica, mientras que EE. UU. promoverá la iniciativa entre el sector privado y los inversores de su país.

Según los sindicatos, el acuerdo está alineado con sus campañas a favor de que los recursos minerales se utilicen para la industrialización y el desarrollo económico, lo que genera oportunidades para la creación de empleos decentes. A lo largo de sus campañas para la industrialización africana y las reuniones de la red minera, los sindicatos han reiterado enérgicamente la necesidad de implementar la Visión de la Minería en África, que exige una “explotación transparente, equitativa y óptima de los recursos minerales para sustentar un desarrollo socioeconómico y un crecimiento sostenible de base amplia”.

La República Democrática del Congo produce más del 70 % del cobalto del mundo, mientras que Zambia es el segundo mayor productor a nivel africano. En la RDC, este recurso es extraído tanto por grandes empresas como por mineros artesanales de pequeña escala. Otros minerales que se encuentran en los dos países que se pueden utilizar en la fabricación de baterías de vehículos eléctricos incluyen cobre, litio, manganeso y níquel.

El acuerdo tiene como objetivo promover el “desarrollo de una cadena de valor integrada transfronteriza para la producción de baterías de vehículos eléctricos, lo que favorece una mayor conciencia de las oportunidades de inversión y la identificación de posibilidades de cofinanciación para las inversiones relacionadas con la cadena de valor de los vehículos eléctricos”.

Para Glen Mpufane, director de minería de IndustriALL,

“Este acuerdo refleja algunas de las vías de descarbonización previstas a medida que el mundo pasa de los combustibles fósiles a la energía renovable. Sin embargo, el trabajo decente sigue siendo un tema central en los reclamos de los sindicatos. Queremos que se creen empleos decentes en la cadena de suministro de los vehículos eléctricos. Además, es necesario proteger los derechos laborales de conformidad con las normas internacionales del trabajo, y debe haber protección social y diálogo social. La cooperación debe incluir un enfoque de diligencia debida en materia de derechos humanos y la promoción de la igualdad de género en la cadena de suministro”.


El acuerdo promueve el desarrollo del sector de la energía limpia a través de la reducción de las emisiones de carbono y está alineado con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados. Además, sus signatarios se comprometen a adherirse a los convenios de la ONU contra la corrupción, así como a las leyes nacionales y las normas internacionales.

En una reunión sobre las cadenas de suministro de baterías celebrada en Johannesburgo en 2022, sindicatos de Botsuana, Ghana, Guinea, Kenia, Madagascar, Sudáfrica y Zambia acordaron trazar un mapa de las empresas que integran la cadena de valor de los vehículos eléctricos en sus países respectivos. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los sindicatos para sindicalizar y afiliar nuevos miembros en este sector.

Sindicatos exigen justicia para los 42 mineros fallecidos en Turquía

En una misión conjunta realizada en la región, el secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, Kemal Özkan, y el secretario general de industriAll Europe, Luc Triangle, se reunieron con representantes de sindicatos locales en el sector.

Un incendio todavía está causando estragos bajo tierra, y se está intentando extinguirlo y reiniciar la producción de carbón. Los representantes de IndustriALL Global Union y Europe se reunieron con la nueva dirección de la mina para discutir la situación; los trabajadores y el pueblo de Amasra quieren que la mina reanude sus actividades y que la vida vuelva a la normalidad.

También dialogaron con el alcalde de Amasra para comprender mejor la manera en la que se está asistiendo a las familias de los mineros fallecidos.

Özkan y Triangle visitaron a los familiares de una de las víctimas, Ridvan Acet, y transmitieron las condolencias de ambas organizaciones.

“Es el deber del movimiento sindical conmemorar a nuestros compañeros mineros fallecidos y proteger sus derechos. Vinimos aquí demostrar nuestra solidaridad y expresar nuestra disposición a trabajar juntos para prevenir futuros accidentes. Haremos todo lo posible para garantizar que los mineros puedan trabajar en condiciones seguras y saludables”,

expresó Kemal Özkan.

Según la opinión pública turca, la explosión “no fue un accidente, sino un homicidio”. Una comisión especial de investigación ha visitado la región y se espera que publique un informe en los próximos días.

El fiscal está pidiendo entre 16 meses y 1062 años por dos delitos para los 19 sospechosos, cuatro de los cuales están en prisión, incluido el director de la mina. El cargo es “causar la muerte y lesiones a más de una persona por negligencia consciente”.

En la acusación, el fiscal reveló que una serie de omisiones causaron la explosión. También afirmó que la dirección sabía que el ventilador de la chimenea no estaba lo suficientemente limpio, pero no tomó precauciones, lo que provocó la explosión.

Asimismo, indicó que los valores de gas metano superaron 85 veces el umbral de alerta del 1 % y cinco veces el del 1,5 %. Los valores de monóxido de carbono, por su parte, superaron 47 veces el umbral de alerta de 25 ppm y 13 veces el de 50 ppm.

“Estamos aquí para unirnos al reclamo de justicia. El movimiento sindical internacional y europeo, la opinión pública y las familias de las víctimas quieren saber por qué murieron estos 42 mineros. Seguiremos siguiendo este caso de cerca. Toda persona que trabaje en una mina tiene derecho a volver a casa sana y salva”,

declaró Luc Triangle.

IndustriALL Global e IndustriAll Europe también se reunieron con el sindicato presente en la mina, el Sindicato General de Mineros (Genel Maden-Is), y prometieron seguir monitoreando el proceso judicial y organizar actividades conjuntas con este en materia de salud y seguridad, así como sobre una Transición Justa para el sector de producción de carbón.

Los sindicatos instan a la OIT a intervenir en Argelia

El Gobierno argelino presentó modificaciones a la ley 90/14 que deben ser aprobadas por el Parlamento en los próximos días. Si bien estas modificaciones tendrán un duro impacto sobre los derechos sindicales, el Gobierno no consultó a los sindicatos independientes antes de proponerlas.

Las federaciones sindicales internacionales IndustriALL, ISP y UITA, junto con los sindicatos argelinos Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) y Syndicat national autonome des travailleurs de l'électricité et du gaz (SNATEG), enviaron una carta conjunta a la OIT para pedir su intervención urgente.

Las modificaciones propuestas tendrán un impacto significativo en las actividades sindicales. Por ejemplo, permiten que los sindicatos pertenezcan a partidos políticos; otorgan al Gobierno el derecho de rechazar el registro sindical sin la oportunidad de apelar; evitan que los sindicatos inviertan sus ingresos o compren bienes inmuebles; imponen restricciones de afiliación a organizaciones internacionales, etc. La lista es larga e imposibilita el funcionamiento adecuado de los sindicatos independientes en Argelia.

“Esta es la segunda vez en menos de un año que el Gobierno argelino modifica leyes que afectan la actividad sindical sin absolutamente ninguna participación ni consultas a los sindicatos”.

expresó Raouf Mellal, del SNATEG.

Desde 2019, el Gobierno de Argelia ha aumentado la represión de los derechos sindicales, lo que dificulta la sindicalización y la realización de actividades sindicales. La justicia sigue utilizando acusaciones de terrorismo para procesar y detener a los activistas de todos los sectores de la sociedad civil.

La carta firmada por IndustriALL, la UITA y la PSI reza:

“Pedimos a la OIT que intervenga sin demora para que el Gobierno argelino suspenda la modificación de la ley 90/14. La OIT debe instar al Gobierno argelino a que realice un proceso de consulta que involucre a todas las organizaciones sindicales, tal como lo exigen sus compromisos internacionales y las recomendaciones y resoluciones de los órganos de supervisión de la OIT”.

Los sindicatos franceses siguen luchando contra la reforma jubilatoria

Además de sumar dos años a la edad de jubilación, la reforma propuesta por el Gobierno también elimina los regímenes especiales que prevén que algunos trabajadores, principalmente en el sector público, se jubilen anticipadamente.

Los sindicatos, que han criticado duramente la reforma, afirman que es inaceptable y que no tiene en cuenta los intereses del pueblo.

Una petición conjunta presentada por los sindicatos ha recibido más de 600.000 firmas hasta la fecha. Además, en una declaración conjunta, estas organizaciones expresaron que quieren que el Gobierno retire la propuesta de subir la edad de jubilación a 64 años y aumentar el período de aportes. Los sindicatos exigen que se consideren otras soluciones que simplemente ha sido descartadas. Los afiliados de IndustriALL en las centrales sindicales CFDT, CGT, FO, CFE-CGC y CFTC forman parte de esta declaración conjunta.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, expresó:

“Apoyamos a nuestros afiliados en su lucha por la jubilación y los derechos de los trabajadores. Nos solidarizamos con nuestros afiliados que reclaman la anulación de esta reforma injusta”.

IndustriALL condena el intento de golpe contra la democracia en Brasil

Numerosas personas asociadas al movimiento bolsonarista asaltaron el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto el 8 de enero, en una afrenta a la democracia y al Estado democrático de derecho. Destruyeron la sede de los poderes de la República brasileña, en un claro intento de golpe de Estado.

De las 1.075 personas que fueron detenidas por los hechos ocurridos el 8 de enero, 740 quedaron detenidos en prisión preventiva y 335 responderán en libertad con medidas cautelares por actos de terrorismo y por al menos 15 delitos, como golpe de Estado, daño al bien público y lesiones corporales.

“IndustriALL condena los actos de terrorismo contra la democracia y las instituciones del estado de derecho brasileño, que buscaban una vez más intentar interrumpir la voluntad soberana de la clase trabajadora de Brasil.

Estamos atentos/as y apoyamos las determinaciones de penalización a todos/as aquellos que financiaron, convocaron y contribuyeron a realizar este intento fracasado de golpe.”

sostuvo el secretario general de IndustriALL, Atle Hoie en una declaración pública efectuada el 10 de enero.

Los actos delictivos ocurrieron a tan solo una semana de la toma de mando de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente de Brasil. La comunidad internacional acompañó la ceremonia pacífica en la Praça dos Três Poderes en Brasilia, en la cual participaron cerca de 300.000 brasileños/as y representantes internacionales, en un ejemplo de ejercicio democrático, el 1 de enero del 2023.

A raíz de los hechos vandálicos ocurridos el 8 de enero, las centrales sindicales de Brasil orientaron a todas sus organizaciones afiliadas a que participaran en las diversas iniciativas para defender la democracia. Además, los movimientos sociales también anunciaron que desarrollarían movilizaciones de forma permanente en defensa de la democracia, del gobierno legítimamente electo, contra los golpes de Estado y por el castigo a los responsables de atentados a las instituciones.

En los días siguientes al 8 de enero se llevaron a cabo numerosas manifestaciones en defensa de la democracia, de la Constitución y contra el terrorismo tanto en varias ciudades de Brasil como en EE.UU, Francia y Suiza. El acto más reciente en defensa de la democracia ocurrió el 16 de enero, el cual reunió a representantes de los Tres Poderes de Rio Grande do Sul, sindicatos y entidades de la sociedad civil frente al Palacio de Justicia, en Praça da Matriz, en Porto Alegre.  

Además de los actos en defensa de la democracia en Brasil, las federaciones sindicales globales emitieron declaraciones de solidaridad y condenaron los actos terroristas, así como numerosas organizaciones sindicales afiliadas a IndustriALL de varios países.

Finalmente, Hoie agregó:

“IndustriALL expresa su solidaridad con las organizaciones sindicales afiliadas, el movimiento sindical brasileño y todo el pueblo de Brasil. Además, nos solidarizamos con las instituciones democráticas y el gobierno de Lula, legítimamente electo por el voto popular.”

Sindicatos peruanos desarrollan paro nacional en reclamo de elecciones

La Confederación general de trabajadores del Perú (CGTP, de la cual son parte las organizaciones sindicales afiliadas a IndustriALL Global Union en Perú) convocó a un paro nacional de actividades para el 19 de enero. Las federaciones FNTTP, FETRIMAP y FNTMMSP marcharon por las calles de Lima con grandes pancartas donde se podían leer sus principales reclamos:

El paro nacional concluyó con fuertes enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes. Las protestas, que se desarrollan hace varias semanas, son resultado de la actual situación de crisis y de deterioro democrático que atraviesa Perú. Los problemas se desataron el 7 de diciembre, cuando el entonces presidente, Pedro Castillo, fue detenido y destituido por el Congreso.

El Congreso estableció un gobierno de emergencia y Castillo fue reemplazado por la vicepresidenta, Dina Boluarte. Las protestas no tardaron en llegar y de su mano una ola de violencia desmedida por parte de las fuerzas policiales. Hasta el momento se contabilizan 54 muertes como resultado de la represión en las manifestaciones, según datos de la Defensoría del pueblo de Perú.

La CGTP asegura que el pueblo y los trabajadores también exigen soluciones a problemas que se suscitan desde hace años. Por ejemplo, una mejora en la calidad de la educación, de la salud y combatir el hambre, problemas que se exacerbaron en el país a raíz de la pandemia de la covid-19.

Además, las afiliadas de IndustriALL también piden que remuevan al nuevo ministro de trabajo, Luis Adrianzén Ojeda, quien busca derogar los decretos D.S. 001-2022-TR, que pone límites a la tercerización laboral, y el D.S. N° 014-2022, norma que regula los derechos sindicales.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie expresó su repudio a la criminalización de la protesta y la violencia ejercida por las fuerzas policiales en una carta dirigida a la Presidenta Boluarte y al Presidente del Congreso, José Williams, donde también manifestó su respaldo a las reivindicaciones de las organizaciones sociales y sindicales para poner fin a la crisis.

Finalmente, Hoie concluyó su comunicación a las autoridades de Perú y dijo:

“Los instamos a abrir un diálogo y construir compromisos con los movimientos sociales y la sociedad peruana, con la finalidad de crear una sociedad más justa e inclusiva”