La UGT y CCOO convocan otra huelga en Iberdrola en rechazo a una “Transición Justa” que deja atrás a los trabajadores

Se trata de la segunda huelga general en Iberdrola en poco más de un año. La primera tuvo lugar el 6 de junio de 2025, cuando más de 9000 trabajadores se sumaron a la primera huelga de la historia de la empresa.

Dieciséis meses sin avances

Las negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo comenzaron en enero de 2025. Dieciséis meses después, la UGT y CCOO afirman que las conversaciones se encuentran exactamente en el mismo punto en el que comenzaron, ya que la empresa se muestra reacia a ceder en materia de aumentos salariales, recuperación del poder adquisitivo o condiciones laborales.

Según los sindicatos, desde 2021, el personal de Iberdrola en España ha perdido un 19 % de su poder adquisitivo, ya que los salarios solo han aumentado un 2,8 % frente a una inflación mucho mayor. Los sindicatos califican la oferta salarial de la empresa como una “vergüenza” para un grupo que se autodenomina líder mundial en el sector energético. Los sindicatos ELA y CIG tienen previsto convocar una huelga en sus respectivas regiones, en apoyo a la huelga nacional.

Ganancias récord, salarios congelados

Iberdrola registró un beneficio neto de 6285 millones de euros en 2025. Desde que entró en vigor el actual convenio colectivo en 2021, el beneficio neto ha aumentado un 12 %, acumulando un beneficio total de 24.924 millones de euros durante ese período. La capitalización bursátil de la empresa ha alcanzado cerca de 135.000 millones de euros. Iberdrola, que se autodefine como líder europeo del sector eléctrico por valor de mercado, tiene previsto distribuir más de 4500 millones de euros entre sus accionistas correspondientes al ejercicio 2025.

Durante el mismo período, el presidente ejecutivo de la empresa, Ignacio Sánchez Galán, aumentó su propia remuneración en un 6,45 %, hasta alcanzar los 14,11 millones de euros.

Según los sindicatos, España representa el 23 % del personal global de Iberdrola, pero aportó el 46 % de su beneficio neto en 2025. Mientras tanto, la información difundida por la propia empresa sobre un salario medio de más de 88.000 euros por trabajador dista mucho de lo que los empleados cobran realmente.

Un historial de conflictos

Los sindicatos señalan las reiteradas sentencias dictadas contra Iberdrola por la Audiencia Nacional en los últimos dos años, entre las que se incluyen casos relacionados con una escala salarial ilegal de dos niveles, el uso ilícito del voto electrónico en las elecciones sindicales y la falta de revalorización de las prestaciones de su plan de pensiones de acuerdo con la inflación.

Los representantes de UGT y CCOO también llevaron a cabo una manifestación de cinco días, las 24 horas del día, frente a la sede de Iberdrola en Bilbao, antes de la junta general de accionistas de la empresa celebrada a principios de este año.

La huelga coincide con la semana del 125.º aniversario de Iberdrola, cuyos orígenes se remontan a la fundación de Hidroeléctrica Ibérica en Bilbao en 1901.

Transición Justa, pero no para los trabajadores

Iberdrola se ha posicionado a nivel mundial como líder en la implementación de lo que denomina una “Transición Justa” hacia la energía limpia. Según la empresa, el cierre de sus centrales de carbón y la inversión en energías renovables son pruebas de que sitúa a los trabajadores en el centro de este cambio. La UGT y CCOO sostienen que ese compromiso presenta una realidad muy distinta cuando se analiza desde dentro, y acusan al grupo de hacer precisamente aquello contra lo que los sindicatos llevan años advirtiendo: beneficios y dividendos récord en los altos mandos, mientras que el poder adquisitivo del personal de base se mantiene congelado.

“Apoyamos a nuestros afiliados españoles en su segunda huelga en un año. Dieciséis meses de dilaciones no son una negociación, son una negativa a dialogar. Una empresa que bate récords de beneficios año tras año puede permitirse proteger el poder adquisitivo de sus trabajadores. Una transición, ya sea el cierre de una central de carbón o la reestructuración de un sector, solo es ‘justa’ si protege los puestos de trabajo, los salarios y las condiciones de los trabajadores a los que afecta”,

afirmó Atle Høie, secretario general de IndustriALL.