12 condenados y 4 absueltos por crimen de Tucapel Jiménez

Luego de tres años de investigación, a cargo del ministro en visita Sergio Muñoz, este crimen y los intentos posteriores por encubrir a los responsables fueron esclarecidos. Desde la comisión del hecho y hasta 1999, el caso lo llevó el ministro Sergio Valenzuela, ante quien sólo llegó a comparecer el autor material y único sentenciado a cadena perpetua, mayor (r) Carlos Herrera Jiménez. Las indagaciones llegaron a las más altas esferas castrenses, incluso, al ex Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, a quien el ministro Muñoz le envió un exhorto a Londres para recabar antecedentes. Otro ex alto oficial investigado fue el ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), general (r) Humberto Gordon, procesado primero como cómplice y luego como encubridor. Su muerte, en junio de 2000, determinó su sobreseimiento definitivo. Tras acotarse el rol de la CNI en el asesinato sólo al seguimiento a Tucapel Jiménez, las pesquisas apuntaron a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), donde se ubicó a los autores intelectuales. Ellos son, según el fallo, el ex jefe de la DINE, general (r) Ramsés Alvarez Sgolia, condenado a 10 años de presidio; el coronel (r) Víctor Pinto Pérez y el mayor (r) Francisco Maximiliano Ferrer Lima, ambos a ocho años. Ninguno recibió beneficios para cumplir su pena. Los otros dos autores materiales, los suboficiales (r) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, recibieron seis años de presidio, sin beneficios. Como cómplices, los capitanes (r) Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini fueron sentenciados a tres años remitidos. Como encubridores se condenó al general (r) Hernán Ramírez Rurange, al brigadier (r) Hernán Ramírez Hald y al ex Auditor General del Ejército, Fernando Torres Silva, a 800 días de presidio; y al ex auditor Enrique Ibarra Chamorro, a 541días. Todos con pena remitida. La absolución recayó en el brigadier (r) Roberto Schmied Zanzi, el mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla, el mayor (r) de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo y el ex junior de la Anef, Julio Olivares Silva. La familia y los querellantes criticaron las bajas condenas impuestas y anunciaron que apelarán. Las reducidas sanciones obedecen a la media prescripción, que permite considerar el hecho con dos o más atenuantes y ninguna agravante, cuando ha transcurrido la mitad del plazo para que prescriba la acción penal. Éste es de 15 años y desde la comisión del hecho y la reapertura del sumario transcurrieron 8 años, 5 meses y 5 días.