En el 2011 el grito contenido de 12.000 trabajadores petroleros en el Meta se hizo escuchar en el pa\u00eds, bajo un cerco militar sin precedentes. Pacific Rubiales y sus contratistas intentaron acallar esta protesta incurriendo en concierto para delinquir y violaci\u00f3n a la libertad sindical, raz\u00f3n por la cual la USO los denunci\u00f3 penalmente. Hoy los principales testigos de esta denuncia han sido apresados y dirigidos a la c\u00e1rcel. En un solo d\u00eda la Fiscal 239, Luisa Fajardo, hizo efectiva la orden de captura de los compa\u00f1eros de la USO H\u00e9ctor S\u00e1nchez, Jos\u00e9 Dilio Naranjo y Campo El\u00edas Ortiz, con acusaciones temerarias que dan para penas de 10 a 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n, tales como concierto para delinquir y secuestro agravado.<\/p>
Pacific Rubiales se ha convertido en un Estado dentro del Estado, con fuerzas militares, alcaldes y fiscales totalmente sometidos a sus intereses, con mordaza a los medios, pautas publicitarias y el lavado de su imagen mediante patrocinios como el de nuestra selecci\u00f3n Colombia.<\/p>
En la audiencia p\u00fablica de imputaci\u00f3n de cargos, la Fiscal 239 se atrevi\u00f3 a manifestar que el delito de concierto para delinquir se fundamentaba en el hecho de que los tres compa\u00f1eros inculpados pertenecen a la misma organizaci\u00f3n, la Uni\u00f3n Sindical Obrera USO. Ante lo cual el abogado defensor le replic\u00f3 que por lo pronto, en este pa\u00eds, el derecho de asociaci\u00f3n sindical es un derecho constitucional.<\/p>
La desfachatez de la fiscal fue complementada por un juez timorato, que les neg\u00f3 la presunci\u00f3n de inocencia al dictar medida de aseguramiento, consciente de que los delitos que se pretend\u00eda imputar a los compa\u00f1eros son descabellados e infundados. La Fiscal asever\u00f3 que los tres compa\u00f1eros estaban al mando de 300 “encapuchados” y que estos secuestraron a otros 5.000 trabajadores en octubre del 2011. Que H\u00e9ctor S\u00e1nchez fue soldado profesional y sabe de estrategias militares. Pero, al mismo tiempo, dice que la geograf\u00eda de los hechos se corresponde a 57.000 veces la Plaza de Bol\u00edvar, de Bogot\u00e1 y, que del \u00e1rea entraban y sal\u00edan personas y veh\u00edculos normalmente.<\/p>
Los llamados encapuchados son parte de los 12.000 trabajadores, ataviados con la indumentaria necesaria para protegerse del clima y de los riesgos profesionales, que en su momento estaban protestando contra las condiciones de esclavismo a que ven\u00edan siendo sometidos por Pacific, durante m\u00e1s de una d\u00e9cada. A la Fiscal se le olvida intencionalmente que el \u00e1rea estaba totalmente acordonada por un Batall\u00f3n Energ\u00e9tico, Boinas Rojas, Smad, polic\u00eda y la Seguridad privada de Pacific.<\/p>
Algo parecido ocurre con el compa\u00f1ero Oscar Orozco, presidente de la CUT y de SINTRAELECOL en Caldas, quien despu\u00e9s de ser objeto de 4 atentados le quitan el esquema de seguridad, despu\u00e9s de lo cual sufre otro atentado y adem\u00e1s le imputan cargos por un supuesto auto atentado. El fiscal solicit\u00f3 medida de aseguramiento y decret\u00f3 el silencio: impedir cualquier pronunciamiento del compa\u00f1ero Oscar sobre su causa y cualquier manifestaci\u00f3n en su respaldo. Por fortuna en esta oportunidad el juez del caso no lo permiti\u00f3.<\/p>
Hoy el movimiento social y la oposici\u00f3n pol\u00edtica viene siendo sometida a muerte social y pol\u00edtica, unos mediante la Ley de Seguridad Ciudadana y otros a trav\u00e9s del Procurador General Alejandro Ordo\u00f1ez, convertido en el inquisidor de turno, quien se ha especializado en destituir a miembros de la oposici\u00f3n pol\u00edtica de este pa\u00eds e inhabilitarlos de por vida. As\u00ed lo ha hecho con la Senadora Piedad C\u00f3rdoba y hoy, destituye e inhabilita por 15 a\u00f1os al alcalde de Bogot\u00e1, Gustavo Petro. Destituci\u00f3n y muerte pol\u00edtica con la que pretende oponerse al proceso de paz con la insurgencia que se adelanta en la Habana.<\/p>
El Sector minero energ\u00e9tico agrupado en la Coordinadora para la Unidad Minero Energ\u00e9tica CUSME, exige “garant\u00edas, para que la USO pueda ejercer la actividad sindical, garant\u00edas que la Fiscal Luisa Fajardo no proporciona, que se detengan las \u00f3rdenes de captura y se archiven los 39 procesos que hoy cursan contra la USO, 34 de los cuales est\u00e1n basados en las protestas de los trabajadores y la poblaci\u00f3n en la Rep\u00fablica Bananera de Pacific Rubiales en el Meta. Que los compa\u00f1eros detenidos sean liberados de inmediato, que se proporcione garant\u00edas al debido proceso y al derecho a la defensa, que los casos de la USO sean trasladados a la unidad nacional de an\u00e1lisis y contexto de la Fiscal\u00eda y que se derogue la ley de Seguridad Ciudadana, que sirve de soporte a todos estos exabruptos contra el movimiento social”.<\/p>