En 2017, Francia fue el primer pa\u00eds en adoptar una ley sobre el deber de vigilancia. Este texto innovador estableci\u00f3 por vez primera una relaci\u00f3n penal entre la empresa matriz de una multinacional y sus filiales y subcontratistas en caso de vulneraci\u00f3n de los derechos humanos y ambientales. En otras palabras, sirve para evitar que las grandes empresas se escondan tras su condici\u00f3n de ordenante.<\/p>
“El Rana Plaza ha sido de gran ayuda para alertar sobre este problema, a pesar de que nosotros llev\u00e1bamos mucho tiempo estudiando este vac\u00edo legal, puesto que ya se hab\u00edan producido sucesos similares en el pasado”, explica Sabine Gagnier, encargada de incidencia pol\u00edtica en Amnist\u00eda Internacional Francia.<\/p> “All\u00ed donde nosotros vemos un sujeto coherente y aut\u00f3nomo –Total , Apple o H&M– que tiene bajo su \u00e9gida decenas de establecimientos, filiales, empresas conjuntas u otras relaciones comerciales gestionadas en funci\u00f3n de los intereses del conjunto, el derecho (internacional) ve una nebulosa de entidades distintas”.<\/p> Por ejemplo, en 2011, la filial del grupo petrolero Chevron fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar una multa de 9.500 millones de d\u00f3lares USD (unos 8.610 millones de euros) a ra\u00edz de la cat\u00e1strofe ecol\u00f3gica provocada por las actividades que desempe\u00f1aba en la regi\u00f3n. Ante la negativa del gigante estadounidense a acatar esa decisi\u00f3n, varias ONG hab\u00edan intentado, en vano, que Chevron fuera condenada en otros pa\u00edses donde estaba presente, puesto que no se dispon\u00eda de los instrumentos jur\u00eddicos necesarios para demostrar el v\u00ednculo entre la empresa matriz y su filial sudamericana.<\/p> Aprobada en Francia en 2017, el objetivo de la ley sobre el deber de vigilancia es colmar precisamente este vac\u00edo legal. Est\u00e1 basada en los Principios Rectores de las Naciones Unidas <\/a>sobre las empresas y los derecho humanos, pero tambi\u00e9n sobre los Estados, con vistas a “determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entra\u00f1en sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos”.<\/p> El texto se aplica a todas las empresas establecidas en Francia que empleen a m\u00e1s de 5.000 trabajadores en el pa\u00eds o 10.000 trabajadores en todo el mundo. Su objetivo es obligar a las grandes empresas francesas a prevenir los riesgos y las infracciones graves que sus actividades pueden provocar en el \u00e1mbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la salud y seguridad de las personas, as\u00ed como el medio ambiente. El car\u00e1cter innovador de este texto reside en el hecho de que esta responsabilidad recae en las actividades de la empresa matriz, pero tambi\u00e9n de sus filiales y de sus subcontratistas o proveedores con los que se ha establecido una relaci\u00f3n comercial.<\/p> “La fuerza de esta ley estriba en que es transnacional, se impondr\u00e1 a los ordenantes en todo el per\u00edmetro donde est\u00e1 presente”,<\/p><\/blockquote><\/div> especifica Delphine Maurel, consultora de Syndex, una consultor\u00eda que asesora a los representantes del personal en las empresas.<\/p> Concretamente, las empresas en cuesti\u00f3n deber\u00e1n publicar un plan de vigilancia anual, documento que recoge una serie de medidas preventivas. Dado que la mayor\u00eda de las empresas cotizan en Bolsa, esta informaci\u00f3n es p\u00fablica y est\u00e1 disponible en sus sitios web o en la p\u00e1gina plan-vigilance.org<\/a>.<\/p> No obstante, tres a\u00f1os despu\u00e9s de la entrada en vigor de la ley relativa al deber de vigilancia, el balance es moderado. Normalmente las empresas implicadas deber\u00edan haber elaborado dos planes para los a\u00f1os 2017 y 2018. Pero algunas, como Zara o H&M en el sector textil, o Lactalis en la industria agroalimentaria, todav\u00eda no han publicado ning\u00fan plan.<\/p> “Las empresas se aprovechan de una imprecisi\u00f3n. La ley se refiere a las empresas que operan en Francia y que emplean a m\u00e1s de 10.000 trabajadores en todo el mundo, pero hay quienes afirman que solo se refiere a las empresas que emplean a 10.000 trabajadores en el territorio franc\u00e9s”, contin\u00faa Delphine Maurel. Sin embargo, una multinacional como McDonald’s, que en su sitio web afirma tener m\u00e1s de 74.000 trabajadores en Francia, todav\u00eda no ha cumplido con el ejercicio.<\/p> Ante esta ambig\u00fcedad, las ONG y los sindicatos reclaman al Gobierno franc\u00e9s la lista de empresas que se supone deben presentar un plan de vigilancia. “Nuestras demandas siguen sin recibir respuesta”, lamenta Mohamed Lounas, asesor del Espacio Internacional de la CGT. “El Ministerio de Econom\u00eda tambi\u00e9n se ha comprometido a realizar un seguimiento de la ley. El informe est\u00e1 encargado, pero no tenemos noticia alguna, a pesar de que deber\u00eda haberse publicado hace tiempo. Tenemos la impresi\u00f3n de que est\u00e1n frenando el asunto para no molestar a las empresas”.<\/p> Hay que decir que la culminaci\u00f3n de esta ley ha constituido una larga lucha pol\u00edtica. Adem\u00e1s de los sindicatos que participaron, la lucha estuvo inicialmente dirigida por diversas ONG, como Sherpa, CCFD-Terre Solidaire y Amnist\u00eda Internacional.<\/p> “Antes de las elecciones presidenciales de 2012, las asociaciones se reunieron con un determinado n\u00famero de candidatos. El futuro presidente Hollande se hab\u00eda comprometido a responsabilizar a las empresas matrices de las actividades de sus filiales”, recuerda Sabine Gagnier de Amnist\u00eda. Una vez establecida la nueva mayor\u00eda, los colectivos llevaron a cabo una labor de promoci\u00f3n con los parlamentarios. Tres diputados socialistas y ecologistas se ocuparon entonces del asunto. El proyecto de ley se present\u00f3 en 2014, y nuevamente en 2015, pero en ambas ocasiones fue rechazado por el Gobierno y el Partido Socialista por considerar que se hab\u00edan sobrepasado determinadas l\u00edneas rojas.<\/p> La Association fran\u00e7aise des entreprises priv\u00e9es, que representa a las principales empresas francesas, presion\u00f3 mucho para que se bloqueara la ley, argumentando que perjudicar\u00eda la competitividad de las empresas francesas. “Pusieron much\u00edsimas trabas, llegando incluso a escribir a Emmanuel Macron, entonces ministro de Econom\u00eda, insistiendo en que la ley era peligrosa”, <\/p><\/blockquote><\/div> relata Sabine Gagnier.<\/p> La situaci\u00f3n se desbloque\u00f3 cuando el hombre que todav\u00eda no se hab\u00eda convertido en presidente, y que se mostraba reacio al \u00e9xito de la ley, abandon\u00f3 el Gobierno en agosto de 2016. “El propio Fran\u00e7ois Hollande fue quien pidi\u00f3 que se acelerara el proceso, sin duda por oportunismo pol\u00edtico, porque por aquel entonces todav\u00eda pensaba volver a presentarse como candidato y consideraba que esto podr\u00eda favorecer su reelecci\u00f3n”, prosigue la representante de Amnist\u00eda. Finalmente, la ley fue aprobada el 21 de febrero de 2017, es decir durante las \u00faltimas semanas del quinquenio. En Francia es muy raro que se apruebe un proyecto de ley impulsado por la sociedad civil y respaldado por el Parlamento.<\/p> El plan de vigilancia debe incluir determinados puntos, entre ellos un mapa de los riesgos en el que se especifiquen los peligros que se considera comportan las actividades de la empresa, los procedimientos para evaluar a los subcontratistas y las medidas para atenuar los riesgos. Por \u00faltimo, la ley exige que se establezca un mecanismo de alerta mediante el cual los trabajadores, las ONG y tambi\u00e9n, por ejemplo, los vecinos de una obra o f\u00e1brica, puedan alertar a la empresa sobre un riesgo que no se hubiera especificado o sobre las consecuencias perjudiciales de su actividad.<\/p> Tambi\u00e9n en este caso existen grandes diferencias en los planes propuestos, como se analiza en un estudio publicado por un colectivo de asociaciones. “Algunos establecen un mapa de riesgos muy detallado, pero la mayor\u00eda solo informa de riesgos muy generales”, denuncia Sabine Gagnier. “Explican que existen riesgos de trabajo infantil o de trabajo forzoso, pero no dan ninguna indicaci\u00f3n de los lugares o los nombres de las estructuras en las que podr\u00edan existir dichos riesgos. En el mejor de los casos, especifican el continente, lo cual sigue siendo demasiado vago. Deber\u00edan presentar igualmente las medidas que es necesario adoptar para hacer frente a esos riesgos”.<\/p> El mecanismo de alerta tambi\u00e9n resulta problem\u00e1tico. Muy a menudo no consiste m\u00e1s que en una simple direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico, sin que se sepa c\u00f3mo se procesa y analiza la alerta, o en qu\u00e9 idioma puede redactarse. “No sabemos qui\u00e9n est\u00e1 detr\u00e1s de esas direcciones. En muchos casos podr\u00eda ser la direcci\u00f3n o el departamento de recursos humanos. En tales condiciones, ¿c\u00f3mo podr\u00edan actuar los trabajadores?”<\/p> La ley se basa sobre todo en una exigencia de medios, no de resultados. As\u00ed pues, una multinacional culpable de una cat\u00e1strofe ambiental, o con alguno de sus subcontratistas recurriendo al trabajo infantil, podr\u00eda no ser condenada si demostrara que hab\u00eda establecido un plan para evitarlo. Esta versi\u00f3n edulcorada era el precio a pagar para que el texto pudiera ver la luz.<\/p> Tambi\u00e9n hay que poner en contexto la existencia de esta ley frente al conjunto de textos favorables a los grandes grupos, en particular los diversos tratados de libre comercio. La futura adaptaci\u00f3n en Francia de la Directiva europea relativa a la protecci\u00f3n de los “secretos comerciales” tambi\u00e9n plantea una grave amenaza para los avances conseguidos con la ley del deber de vigilancia.<\/p> Las ONG y los sindicatos tienen grandes expectativas depositadas en las posibles condenas judiciales y estar\u00e1n muy atentos a la jurisprudencia. En la primera versi\u00f3n del texto se preve\u00edan multas de entre 10 y 30 millones de euros en caso de da\u00f1os y de falta de plan. La versi\u00f3n adoptada no especifica una cantidad concreta. “Quiz\u00e1s sea una oportunidad, porque la justicia podr\u00eda dictar penas a\u00fan m\u00e1s severas”, espera Sabine Gagnier.<\/p> Las ONG est\u00e1n utilizando la ley sobre el deber de vigilancia para acusar a Total de no haber controlado a sus subcontratistas en el pa\u00eds en lo que respecta a la adquisici\u00f3n de terrenos. No obstante, el 30 de enero el Tribunal de Primera Instancia de Nanterre se declar\u00f3 incompetente, considerando que el caso era competencia del Tribunal de Comercio. “Es una noticia p\u00e9sima, se va a tender a una interpretaci\u00f3n m\u00ednima de la ley”, se\u00f1ala Juliette Renaud, responsable de campa\u00f1a sobre la regulaci\u00f3n de las multinacionales de Amigos de la Tierra. Los tribunales comerciales son efectivamente mucho m\u00e1s favorables a las empresas, puesto que sus jueces son comerciantes elegidos por sus hom\u00f3logos.<\/p> A pesar de este contratiempo, ¿podr\u00e1 la ley francesa crear un precedente a escala internacional? En cualquier caso, la idea est\u00e1 ganando terreno en varios pa\u00edses europeos, especialmente entre la sociedad civil. Incluso en Suiza se ha iniciado un proyecto de ley, aunque de momento se encuentra estancado a nivel parlamentario. La situaci\u00f3n en Alemania es parecida, con un proyecto de ley a iniciativa de los partidos ecologistas y de izquierda, y si estas propuestas son rechazadas, el Gobierno alem\u00e1n se plantear\u00e1 presentar un proyecto de ley en un futuro pr\u00f3ximo. Por \u00faltimo, se est\u00e1n manteniendo debates en el seno de la ONU<\/a> para la elaboraci\u00f3n de un tratado vinculante para las multinacionales. Sin embargo, los progresos son particularmente lentos debido a que Estados Unidos, Rusia, China y Brasil est\u00e1n bloqueando el proceso. “Incluso la Uni\u00f3n Europea est\u00e1 obstruyendo el camino”, explica Juliette Renaud. Francia, por su parte, est\u00e1 tratando de promover su ley a escala internacional. “La utiliza como arma diplom\u00e1tica, pero es sobre todo una cuesti\u00f3n de comunicaci\u00f3n”, zanja Delphine Maurel.<\/p>Hist\u00f3ricamente, la impunidad de las multinacionales tambi\u00e9n la disfrutan sus filiales. Desde un punto de vista jur\u00eddico, estas no existen, como explica Olivier Petitjean en su libro Devoir de vigilance, une victoire contre l’impunit\u00e9 des multinationales (Deber de vigilancia, una victoria contra la impunidad de las multinacionales):<\/h2><\/section>
Una ley innovadora<\/h4>
Una larga batalla pol\u00edtica<\/h4>
La jurisprudencia podr\u00eda reforzar la ley<\/h4>
La primera acci\u00f3n legal se inici\u00f3 el pasado mes de noviembre en referencia a las actividades de Total en Uganda. Adem\u00e1s de vulnerar el derecho a la alimentaci\u00f3n, el proyecto del grupo petrolero en la regi\u00f3n ha provocado supuestamente la confiscaci\u00f3n de tierras y casas de miles de personas.<\/h2><\/section>