En septiembre de 2022, el presidente Kais Saied firm\u00f3 el Decreto Ley 54 sobre la lucha contra la delincuencia relacionada con los sistemas de informaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n. R\u00e1pidamente, se hizo evidente que la nueva norma estaba dise\u00f1ada para restringir la libertad de expresi\u00f3n y el debate p\u00fablico. La legislaci\u00f3n se utiliz\u00f3 como un arma para detener, amenazar y acosar a periodistas, figuras p\u00fablicas y ciudadanos por hacer su trabajo o expresar opiniones cr\u00edticas. Entre los periodistas que han sido v\u00edctimas de detenciones e intimidaci\u00f3n se encuentran Mohamed Yassine Jelassi, presidente del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT), y el periodista y dirigente sindical Zied El-Heni.<\/p>
El 16 de junio de 2023, el Parlamento anunci\u00f3 que los periodistas ya no podr\u00edan cubrir el trabajo y los debates de las comisiones parlamentarias. La informaci\u00f3n sobre el trabajo de las comisiones solo se transmitir\u00eda a trav\u00e9s de declaraciones oficiales del Parlamento. Esta decisi\u00f3n impide que el p\u00fablico comprenda la labor del Parlamento y limita su capacidad para supervisar la labor de los parlamentarios.<\/p>
El 17 de junio de 2023, el Tribunal Antiterrorista, que forma parte del Tribunal de Apelaciones de T\u00fanez, prohibi\u00f3 a los medios publicar cualquier informaci\u00f3n sobre 20 l\u00edderes de la oposici\u00f3n, abogados, activistas y periodistas encarcelados luego de ser acusados de “conspirar contra la seguridad del Estado”. Esta es una decisi\u00f3n arbitraria que impide a los periodistas y al p\u00fablico examinar el trabajo de los investigadores en estos casos de alto perfil.<\/p>