COREA DEL SUR: El 31 de marzo, Park Ji-yeon, una joven de 23 años, murió de leucemia. Contrajo cáncer de la sangre a los 20 años, después de trabajar en la factoría de semiconductores de Samsung en Onyang.

Lamentablemente, la muerte de Park Ji-yeon no es excepcional. Muchos otros trabajadores que trabajaron para Samsung murieron de diagnósticos similares. Según información reunida por activistas, 23 trabajadores de Samsung han padecido hasta ahora cáncer hematopoyético como leucemia o linfoma, y al menos 9 de ellos perdieron la vida. En lugar de realizar una investigación del carácter profesional de los fallecimientos y de adoptar medidas de prevención adecuadas, el Gobierno coreano ha optado por apoyar a la gran empresa y unir sus esfuerzos para silenciar la creciente evidencia de cáncer entre los trabajadores de fabricación electrónica en Samsung en Corea expuestos a sustancias químicas tóxicas.

El 2 de abril, tras un funeral por Park Ji-yeon, Salud y Derechos de la Población en la Industria de Semiconductores (SHARPS), una coaliación de sindicatos de la que forma parte el afiliado coreano a la FITIM el KMWU y ONG, organizaron una conferencia de prensa en la sede de Samsung en Seúl, para pedir a la compañía que asumiera su responsabilidad en las muertes por cáncer relacionadas con los semiconductores.

La policía interrumpiò la conferencia de prensa y detuvo a siete activistas, que gritaron a Samsung: "Ustedes son responsables de la muerte de Ji-yeon Park". A última hora de la mañana del 5 de abril, todos fueron liberados sin cargos.

El 1 de marzo, varios grupos de activistas lanzaron una petición para alertar a la comunidad internacional de cómo se han silenciado las pruebas de los riesgos que entraña la fabricaciòn de semiconductores. SHARPS, el Centro de Recursos de Supervisión de Asia (AMRC), la Red Asiática por los Derechos de las Víctimas de Accidentes Profesionales (ANROAV), y la Campaña Internacional por una Tecnología Responsable (ICRT) dirigen la petición al presidente del Gobierno coreano, Gee-sung Choi, al director ejecutivo de Samsung Electronics, al ministro de Trabajo coreano, al presidente del Servicio de Indemnización y Bienestar de los Trabajadores de Corea y al director ejecutivo del Organismo de Salud y Seguridad en el Trabajo de Corea. La petición (en íngles) puede leerse y firmarse aquí:

http://www.petitiononline.com/s4m5ung/petition-sign.html

Para más información, véase también el vídeo de SHARPS en:

http://dotsub.com/view/6147f3b8-99fc-48c2-acbe-d95be38eddd1

INDIA: Los trabajadores y sus sindicatos en dos plantas de Bosch en la India consiguieron aumentos salariales en convenios cuatrienales renovados después de huelgas de celo con las que descendió el 40 por ciento de la producción en las plantas.

Los trabajadores de la planta de Naganathapura, a las afueras de Bangalore y su sindicato, Mico Karmikara Sangtha-Naganathapura, consiguieron un acuerdo el 25 de marzo con Bosch que incluye un aumento de 8.000 Rs (180 USD) mensuales para los 715 trabajadores de la planta. El convenio cuatrienal también prevé que el paquete salarial tenga efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2009.

El día anterior, 24 de marzo, los trabajadores de una planta de Bosch en Audugudi (Bangalore), representados por el sindicato Mico Karmika Sangha, también alcanzaron un acuerdo con la compañía sobre un aumento de 8.000 Rs (180 USD) mensuales para los 3.500 trabajadores empleados en la planta durante el mismo período.

Los trabajadores de ambas plantas iniciaron una huelga de celo desde el 12 de febrero de 2010 solicitando una subida de 15.000 Rs de sus sueldos mensuales y prestaciones médicas para sus personas a cargo, entre otros beneficios.

Como resultado de la huelga, según informaciones de la prensa local, la producción de la compañía descendió un 40 por ciento, causando trastornos en la industria del automóvil, que depende de piezas esenciales de las plantas.

Bosch India fabrica bujías, alternadores y arranques de generador para la industria automovilística india y exporta a compañías mundiales de su grupo matriz. Entre los clientes de Bosch figuran Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra, Tata Motors, Ford, Ashok Leyland, Kirloskar, Hyundai y TVS Motors.

De las cuatro principales plantas del país, las dos de Bangalore representan el 55 por ciento de la producción. Las otras dos se encuentran en Rajasthan y en Maharasthra, donde en noviembre de 2009 se resolvió otro conflicto salarial (véase el enlace para una noticia anterior en el sitio web de la FITIM).

http://www.imfmetal.org/index.cfm?id=622&l=2&cid=21201

RUSIA: En las negociaciones entre el Sindicato Interregional de Trabajadores del Automóvil (ITUA) y la dirección de la planta de Ford Motor en Vsevolozhsk (Rusia), que tuvieron lugar del 3 de febrero al 22 de marzo, no se logró resolver todas sus diferencias. La dirección se negó a aceptar mejoras reales de la salud y la seguridad, a dar garantías de empleo adicionales y aumentar los sueldos.

El sindicato respondió con una huelga de advertencia, el 25 de marzo. Se detuvo el trabajo en toda la planta, y durante unas cuatro horas no se montó ningun vehículo.

Debido a la acción de los trabajadores, el 31 de marzo se firmó un acuerdo adicional con la dirección, y se atendieron la mayoría de las demandas del sindicato: los sueldos se aumentaron un 11,8 por ciento, se ofrecieron nuevas garantías de empleo, y la dirección se comprometió a formar a los representantes sindicales y a tomar otras medidas en materia de salud y seguridad. El acuerdo prevé también una paga en caso de nacimiento de un hijo o de fallecimiento del trabajador o de su cónyuge. Los trabajadores permanentes empleados en la planta durante más de tres años tendrán más días de vacaciones.

El empleador se comprometió a no sancionar a los trabajadores que participaron en la huelga.

‘Estamos agradecidos a todos los trabajadores que han contribuido a defender los intereses del personal de la planta y que participaron activamente en la lucha que ha permitido firmar un acuerdo adicional el 31 de marzo”, dijo el representante del ITUA.

Argentina. El gremio metalúrgico argentino inició el proceso de negociación salarial y anuncia que no aceptarán menos del 25% de incremento salarial.

Asimismo señalaron la posibilidad de realizar un paro de actividades el 9 de abril si los empresarios no hacen una oferta satisfactoria para los trabajadores.

El ofrecimiento inicial de los empresarios fue de un 15%, y luego de las reuniones que han tenido con los representantes de la UOM hay un acercamiento del 20% pero en etapas. Sin embargo el gremio metalúrgico afirmó que esta oferta no es aceptable que nuevamente se reunirán el próximo lunes junto a la Dirección de Relaciones del Trabajo, y que al día siguiente analizarán las medidas de fuerza de no conseguir un acuerdo.

La UOM manifiesta que el aumento no es aceptable ya que el año pasado, en plena crisis y con sólo el 50% de la industria ocupada en el segundo trimestre del año, los empresarios otorgaron un aumento del 15%. Hoy que la situación ha mejorado y hay un 80% de ocupación industrial, ellos ofrecen el mismo porcentaje salarial.

ESTADOS UNIDOS: Un árbitro falló el 24 de marzo que American Axle & Manufacturing Inc. violó las condiciones de su Acuerdo Nacional de 2008 con el UAW, al trasladar su producción de ejes 8.25 a su establecimiento de Guanajuato (México) y que ha de cumplir sus compromisos con los trabajadores afectados.

"Esta es una gran victoria para esos trabajadores, y estamos muy satisfechos de que el árbitro confirmara nuestra firme terminología sobre externalización convenida en los acuerdos de 2008″, dijo el presidente del UAW, Ron Gettelfinger.

El contrato laboral de 2008 se alcanzó tras una dura huelga de 3 meses entre más de 3.600 trabajadores representados por el UAW en cinco plantas de American Axle. Los trabajadores protestaron por reducciones de unos 10 $ por hora y de prestaciones, pero finalmente ratificaron un acuerdo que comprendía esos recortes, menos días de vacaciones, interrupciones más breves y la supresión de unos 2.000 empleos por horas en el proveedor de piezas de automóviles.

Menos de un año después, el proveedor solicitó nuevas concesiones de su personal en Detroit. Al no lograr esas concesiones, la compañía decidió trasladar una gran parte de su producción de ejes de Detroit a su planta de Guanajuato (México).

American Axle alegó que conservaba una amplia discreción sobre qué productos fabricar y dónde producirlos. Pero el UAW señaló que negoció compromisos de aprovisionamiento específicos en el Acuerdo Nacional de 2008. Si bien la compañía conservaba su capacidad para ajustar el tamaño de su fuerza de trabajo por la recesión económica que afectó a la industria del automóvil a finales de 2008 y 2009, no tenía libertad para externalizar el trabajo que había garantizado a Axle en Detroit.

Se ha pedido a las partes que determinen el número exacto de trabajadores afectados por la externalización, cuántos fueron despedidos a causa de la externalización indebida y cuánto se debe a esos trabajadores por sueldos y prestaciones.

ALEMANIA: El 26 de marzo, el afiliado a la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas IG Metall pidió al Gobierno federal que tome la iniciativa de implantar un sistema legal para la igualdad salarial como medio de contrarrestar la insuficiente remuneración de las mujeres en el trabajo. Este llamamiento fue una característica sobresaliente de las acciones del Día de la igualdad salarial, organizadas la misma jornada.

IG Metall solicitó que le Gobierno federal cree una base legislativa para la igualdad salarial, por estimar que esa ley debe exigir a las empresas que supervisen continuamente la situación de la igualdad salarial y hagan correcciones siempre que sea necesario.

Helga Schwitzer, miembro de la junta ejecutiva de IG Metall dijo que: “la base legal efectiva para la imposición de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que es una práctica común en países como Francia, Canadá y Suecia, debe ser posible en Alemania”. Schwitzer también pidió que se ponga fin a las continuas tentativas de reducir las oportunidades de empleo y posibles beneficios de las mujeres en Alemania, haciendo referencia a la intención de disminuir el período de formación a dos años para los empleos de oficina, como los administrativos de comunicaciones de oficina, donde las tres cuartas partes de los aprendices son mujeres.

En esta ocasión, la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB) recogió firmas de miembros de comités de empresa, aprendices, jóvenes y trabajadores docentes para protestar por la reducción del período de formación, y pidió al Gobierno federal que impida la amenaza de discriminación contra las mujeres.

La acción del Día de la igualdad salarial se celebró por tercera vez, y este año fue organizada por el departamento de mujeres y política de igualdad de género de IG Metall. El departamento preparó también una presentación con información sobre la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres en Alemania, y en la que se dan ideas sobre posibles acciones sindicales.

GINEBRA/MEXICO: En un intento por demorar y bloquear una queja presentada en febrero de 2009 por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas en la Organización Internacional del Trabajo sobre la violación del derecho de libertad sindical mediante el uso de contratos de protección en México (Caso No. 2694 de la OIT), el Gobierno mexicano respondió al Comité de Libertad Sindical en la 11ª hora alegando inadmisibilidad.

La FITIM sostiene que el Gobierno mexicano tiene que responder claramente sobre su violación de la libertad sindical mediante el uso generalizado de contratos de protección en México.

Como se señala en la queja, (Caso No. 2694 de la OIT), las leyes laborales en México y la forma en que son aplicadas por el Gobierno y los empleadores dan frecuentemente como resultado convenios colectivos concertados entre un “sindicato” y un empleador sin referencia alguna a los trabajadores que abarca. Esos acuerdos son conocidos como contratos de protección, y los abogados estiman que la inmensa mayoría de todos los convenios colectivos en México con contratos de protección.

La mayoría de los contratos de protección no benefician a los trabajadores, porque las condiciones acordadas son las mínimas exigidas por la ley. En la práctica, los contratos de protección se utilizan para impedir la formación de sindicatos independientes y la posibilidad de que los trabajadores lleven a cabo acciones como huelgas, para proteger sus intereses.

Peor aún, los trabajadores que tratan de establecer un sindicato independiente y de negociar un convenio colectivo son frecuentemente objeto de represalias, intimidación, amenazas, violencia, despidos e inclusiones en listas negras.

La FITIM considera que los contratos de protección y el impacto que tienen para los trabajadores constituyen una violación del derecho a la libertad sindical previsto en el Convenio núm. 87 de la OIT, porque no se trata de una decisión tomada libremente, y seguirá ejerciendo presión para que el Gobierno mexicano responda sobre esta cuestión.

Para más información sobre los contratos de protección, qué son y sus repercusiones sobre los trabajadores, véase el resumen aquí y la queja completa presentada en la OIT aquí.

GINEBRA/MEXICO: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) insta al Gobierno mexicano a que resuelva el conflicto con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y considera que el Gobierno ha actuado de manera incompatible con el Convenio núm. 87 sobre libertad sindical de la OIT.

La OIT publicó el 26 de marzo las recomendaciones provisionales de su Comité de Libertad Sindical al Gobierno de México en respuesta a una queja sobre injerencia en la autonomía del sindicato, presentada por el SNTMMSRM y la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas en marzo de 2006, Caso No. 2478 de la OIT.

En la queja se documenta cómo Napoleón Gómez Urrutia, el secretario general del SNTMMSRM elegido democráticamente fue destituido por la fuerza de su cargo, después de hablar contra el Gobierno mexicano y la compañía minera como reacción a un trágico accidente minero en Pasta de Conchos, que causó la muerte de 65 mineros, muchos de ellos miembros del sindicato. En la queja se documenta también cómo el Gobierno ha intervenido ilegalmente en las actividades del sindicato independiente, forzado el despido de sus dirigentes, incautado los bienes sindicales y designado para cargos de elección del sindicato a personas nombradas por él.

En comunicaciones subsiguientes sobre el Caso No. 2478, el sindicato y la FITIM también han documentado la injerencia y actos de violencia continuos de Grupo México y el Gobierno mexicano, incluidos la utilización del ejército nacional y de la policía federal para romper huelgas, matar a trabajadores y detener a líderes sindicales que luchan por condiciones de trabajo seguras en las minas propiedad de Grupo México.

En sus recomendaciones al Consejo de Administración de la OIT, el Comité de Libertad sindical declara que «considera que las autoridades laborales intervienen en actos incompatibles con el Artículo 3 del Convenio núm.97, que establece el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes".

"El Comité deplora la excesiva lentitud de los procedimientos judiciales en relación con varios aspectos del caso y el grave perjuicio que ha causado esto al sindicato demandante” e “insta a una rápida conclusión de los procedimientos judiciales”.

El Comité solicita información adicional del Gobierno sobre varios puntos, y en particular sobre la cuestión de la muerte del trabajador Reynaldo Hernández González, el uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad pública en la mina de Cananea, las continuas órdenes de detención, la congelación de las cuentas bancarias, las amenazas y los actos de violencia, lo que comprende sindicalistas muertos y heridos.

El Comité pide a todas las partes interesadas que sigan haciendo esfuerzos en la ronda de negociaciones actual para resolver el conflicto colectivo a que se refiere este caso.

En el sitio web de la OIT se publica el informe, bajo México, casos de libertad sindical, aquí: http://www.ilo.org/ilolex/english/newcountryframeE.htm

FINLANDIA: En 2000, la compañía Fujitsu cerró su factoría en Espoo, cerca de Helsinki, que producía computadores personales. La decisión se tomó sin la consulta obligatoria previa de la empresa con los representantes de los trabajadores, por lo que violaba la legislación que regula las relaciones de trabajo. Diez años después de comenzar el proceso legal entre once sindicatos finlandeses, entre ellos los afiliados a la FITIM, Metallityöväen Liitto r.y. (Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Finlandia) y Toimihenkilöunioni – TU (Sindicato de Empleados Asalariados), que representan a 223 de los 450 trabajadores despedidos, y la compañía, el tribunal falló a favor de los trabajadores, que recibirán indemnización por su despido injusto.

El 8 de marzo de 2010, el Tribunal Supremo de Finlandia pronunció su veredicto, según el cual la compañía habrá de pagar seis meses de sueldo a los empleados despedidos. La indemnización total asciende a 2,45 millones de euros más los intereses desde mayo de 2001. Además, Fujitsu ha de pagar todos los costos del proceso legal.

La decisión se basa en la interpretación de la directiva sobre despidos en masa de la Corte Europea de Justicia (CEJ), recibida por el Tribunal supremo de Finlandia en septiembre de 2009. La CEJ declara que Fujitsu debía haber consultado a los representantes de los empleados de la factoría de Espoo antes de que la empresa tomara la decisión definitiva.

La mayoría de los trabajadores que recibirán indemnización son miembros del Metallityöväen Liitto r.y. Tienen derecho a 1,44 millones de euros. La segunda indemnización más importante corresponde a los miembros del Toimihenkilöunioni – TU. Se ha determinado que recibirán más de 0,49 millones de euros. Entre los 11 sindicatos hay miembros afiliados a las tres confederaciones sindicales finlandesas SAK, STTK y Akava.

Los sindicatos estiman que la decisión del Tribunal Supremo ha sentado un precedente. Por lo tanto, en el futuro esperan que los empleadores consideren minuciosamente el costo de ignorar la legislación sobre cooperación y consulta en las compañías.

ZIMBABWE: Una Comisión de Investigación especial de la Organización Internacional del Trabajo, en sus conclusiones presentadas al Consejo de Administración de la OIT esta semana, ha confirmado que el Gobierno de Zimbabwe es responsable de graves violaciones de derechos fundamentales, en particular sobre la libertad para organizar sindicatos y negociar colectivamente, el derecho de huelga, y la protección de los sindicalistas contra la discriminación.

La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas se une a los llamamientos hechos por la Confederación Sindical Internacional el 26 de marzo para mantener la presión por el imperio de la ley y el respeto de los derechos fundamentales en Zimbabwe, tras la publicación del informe..

Por primera vez en la historia de la OIT, organizaciones sindicales y de empleadores presentaron una queja contra un gobierno, que condujo al establecimiento de la Comisión de Investigación en 2008. La Comisión se desplazó a Zimbabwe y escuchó el testimonio de trabajadores, y se reunió con representantes del Gobierno y de empleadores.

En el informe de la CIE se detallan también violaciones de otros derechos fundamentales contra sindicalistas, como el arresto y la detención arbitrarios, y del derecho a la “seguridad personal”. Muchos sindicalistas zimbabwenses han sido fuertemente golpeados por fuerzas de seguridad y otras a requerimiento del régimen en los últimos años.

Después de que la Comisión de Investigación informara de sus conclusiones al Consejo de Administración de la OIT, se confirmó que el Gobierno de Zimbabwe es responsable de graves violaciones de derechos fundamentales, en particular sobre la libertad de organizar sindicatos y de negociar colectivamente, el derecho de huelga, y la protección de sindicalistas contra la discriminación.

La Comisión formuló varias recomendaciones que el Gobierno ha de aplicar para garantizar el la plena aplicación de los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT sobre la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, y que puede contribuir al proceso de reconciliación nacional.